Agua ¿Un bien nacional de uso público?

Por un lado nos parece que la construcción colectiva de una propuesta y un discurso coherente por parte de las comunidades afectadas por conflictos de agua, sumado a la presión que hemos desarrollado a lo largo de todo el territorio, en el parlamento, los medios y otros espacios, ha posicionado la problemática del agua en la opinión pública y ha obligado a las autoridades a pronunciarse frente al tema. Pero por otro lado nos surgen dudas sobre que es lo que realmente se ha escuchado de las demandas de las comunidades y cómo esto se ha traducido en los anuncios y propuestas que ha hecho la Presidenta.

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En este sentido, creemos que los anuncios sobre un proyecto de ley para la protección de los glaciares, y el reconocimiento del agua como un bien nacional de uso público van por el camino correcto, los saludamos y esperamos una profundización inmediata sobre ellos. Sin embargo, y para ser rigurosos, nos parece contradictorio que junto a estos anuncios que valoramos, se anuncie también una mayor promoción y fortalecimiento de la minería y la industria forestal, en particular la vigencia y extensión del decreto 701, decreto que incentiva el monocultivo forestal, actividad que agota las napas freáticas y erosiona los suelos; minería e industria forestal, son actividades absolutamente extractivas en materia de aguas, y por ende, principales causantes de conflictos de contaminación, escasez y acceso al agua de bebida, para servicios higiénicos, y para producir alimentos por parte de la población.

Una segunda mirada más global del discurso, nos lleva a pararnos con distancia y cautela frente a los otros puntos referidos al tema. Por ejemplo nos cuestiona cuál será la consideración de la opinión de las comunidades y organizaciones en las propuestas que presentará el delegado presidencial en junio próximo. ¿Seremos invitados a algún espacio de reflexión o sólo algunas ONGs de carácter más técnico serán convocadas para representar a la sociedad civil?, desde ya nos parece preocupante que sólo se mencionen “sustanciales modificaciones al código de aguas”, en circunstancias que la vigencia de los instrumentos privatizadores del agua, código de aguas formulado el año 1981, y el tratado binacional minero, suscrito por Frei Ruiz Tagle y Eduardo Menem a fines del año 1997, tuvieron como impronta transformar a las aguas en objeto de lucro, usura y exclusión, del mismo modo, no es posible consagrar a las aguas como un bien nacional de uso público con la actual institucionalidad hídrica, institucionalidad responsable de haber sobre entregado las cuencas hidrográficas, responsable de no ejercer sus funciones fiscalizadoras, en especial en aquellos territorios donde conspicuos políticos y empresarios roban agua para lucrar. ¿Es posible que robar agua sea una falta administrativa penalizada pecuniariamente, cuando la privación de agua por razones económicas y sociales compromete la vida?

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Lo hemos señalado en innumerables ocasiones, el agua no puede ser vista como un recurso, concepto usado habitualmente por las autoridades y las empresas, sino como un Bien Común, como un derecho humano fundamental, como un elemento vital, y por tanto no puede estar al servicio de una mirada de desarrollo basada en la explotación de la naturaleza que no considera los sentidos y significados culturales de este elemento, ni a los pueblos, el medioambiente y las formas de vidas de las comunidades. El anuncio presidencial, a nuestro juicio, se enmarca en una concepción de mundo donde todo, incluso el ser humano y los elementos básicos para su supervivencia, están al servicio del mercado, y quienes se oponen a esta visión son criminalizados, censurados, declarados peligrosos para la sociedad, situación que muchos de nuestros compañeros y compañeras viven a diario.

Esperamos que lo anunciado hoy, y las medidas que les sucederán, estén en consonancia con una real valoración del agua, con una real participación de los afectados y de la mano de un compromiso gubernamental con una gestión del agua participativa y comunitaria.

 Por Cesar Correa  y Rodrigo Mundaca