La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad presentado en contra de la Municipalidad de Recoleta por poner fin unilateralmente al contrato de concesión de estacionamientos subterráneos y de superficie en la comuna.
En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada descartó un actuar arbitrario del alcalde de la comuna, Daniel Jadue, al firmar los decretos que finiquitaron el contrato con la empresa Concesiones Recoleta S.A.
En ese sentido, la Corte señala que los actos administrativos objetados por la empresa «cuentan con la debida fundamentación racional de la decisión que contienen», destacando el tribunal que esos mismos actos del municipio cuestionados fueron los que permitieron a Concesiones Recoleta «poder impugnar su legalidad con los recursos que contempla precisamente la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades».
Sobre que no existiría supuestamente ninguna ley que autorice a la Municipalidad de Recoleta a emitir un pronunciamiento respecto de los actos administrativos impugnados, debido a que existen procesos judiciales pendientes, la resolución responde que «esta no es la vía para obtener la declaración del derecho que se irroga; y en consecuencia, no existe ilegalidad alguna que subsanar por dicho capítulo».
En consecuencia -concluye la Corte de Apelaciones de Santiago- «no es posible estimar que el actuar del Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Recoleta revista los caracteres de ilegalidad y arbitrariedad que se le atribuyen (…) desde que, consecuentemente no es posible que la I. Municipalidad de Recoleta perciba ingresos en sus arcas municipales en forma de pagos de la explotación de una actividad lucrativa (…) que se encuentra al margen de la legalidad tributaria (…)».
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