Alerta por prohibición de investigar a privados en comisión caso Penta

En momentos en que las críticas arrecian sobre los diputados ante la aprobación del reajuste salarial a los funcionarios públicos que, de paso, incrementó las dietas parlamentarias en 500 mil pesos, una nueva determinación surgida desde la Cámara Baja vino a enturbiar aún más la imagen de los parlamentarios entre la ciudadanía.

{destacado-1}

Se trata de la prohibición a las comisiones investigadoras de la Cámara de fiscalizar a privados, justo cuando se está constituyendo la comisión que se encargará de investigar las aristas políticas del Caso Penta.

Si bien esta decisión se ajusta a los dictámenes de la Constitución que limitan la fiscalización sólo a los actos de gobierno, esto no había sido obstáculo para que en ocasiones anteriores los miembros de comisiones investigadoras pudieran indagar en situaciones que afectaran a privados, como fue el caso de Colonia Dignidad y el caso Pinocheques en los 90, o investigar el lucro en universidades privadas en años recientes.

Para María Jaraquemada de la fundación Ciudadano Inteligente, es preocupante la señal que se está enviando desde la Cámara al no querer investigar a privados a partir del Caso Penta, ya que puede levantar legítimas dudas sobre las razones que estarían detrás de esta decisión, en orden a posibles acuerdos entre parlamentarios para evitar perjudicarse entre ellos.

“Para mí es más importante la señal que se está dando, el haber acordado en este minuto y por este caso, no investigar a privados cuando antes lo hacían, entonces eso es lo que a mí me parece preocupante, qué es lo que está detrás de esto, por qué se tomó esta decisión por este caso y se acuerda en el fondo, también para el futuro. Entonces da la sensación de que fuera porque esto podría salpicar mucho más a otros lados y no quieren que pase eso”, sostiene Jaraquemada.

Similar opinión tiene el ex vicepresidente de la FECh y miembro de la fundación Nodo XXI, Francisco Figueroa, para quien esta decisión sólo viene a profundizar aún más la pobre percepción que la ciudadanía tiene del Poder Legislativo y de los vínculos que la clase política tiene con los grandes conglomerados económicos, por lo que esta resolución en nada ayuda a despejar las dudas al respecto.

“Lo que se le enjuicia a los partidos, al Parlamento y al Gobierno es precisamente su vinculación íntima con el poder económico que se mueve el ámbito privado, principalmente. Eso es lo que tiene muy abajo en la aprobación a los partidos y al Gobierno porque se ve que los políticos trabajan para los empresarios, entonces, en lugar de entregar más herramientas para desenmarañar este matrimonio tan inconveniente para la democracia, me parece que esta decisión elude este problema y hace que estas investigaciones tengan poco o nada de poder”, enfatiza Figueroa.

En tanto, Sebastián Sichel, del movimiento Fuerza Pública, señala que es perjudicial para la transparencia política que los diputados hayan renunciado de manera previa a la posibilidad de investigar a privados, independientemente que las citaciones a comparecer a estas comisiones sea de carácter voluntario.

Cabe recordar que el fundador de Fuerza Pública, el ex ministro de Hacienda y candidato presidencial, Andrés Velasco, está involucrado en el Caso Penta, como parte de las personalidades políticas que recibieron dineros por parte de este banco, para sus campañas políticas.

¿Son útiles las comisiones investigadoras?

El ex candidato presidencial del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, pone sobre la mesa un elemento que habitualmente no se cuestiona con respecto a este tema, y tiene que ver con las reales atribuciones que estas comisiones tienen a la hora de investigar irregularidades a nivel público y que pueden involucrar a privados.

Enríquez-Ominami considera que el Parlamento se encuentra en proceso de decadencia en cuanto a sus facultades fiscalizadoras, ya que las mismas comisiones no tienen ninguna autoridad resolutiva de carácter vinculante que pudiera obligar a quienes está investigando a cumplir con sus resoluciones, por lo mismo, él espera que se discuta la posibilidad de entregarle mayores facultades fiscalizadoras a estos grupos, para que efectivamente puedan tener mayor incidencia en los procesos investigativo que llevan a cabo.

Quien presenta una visión opuesta es el abogado Sergio Morales, miembro del Instituto Libertad y Desarrollo, quien señala que la Cámara no debería tener mayores atribuciones que las legislativas, ya que para fiscalizar los actos del gobierno existe la Contraloría, y si es necesario perseguir judicialmente a una persona, para eso están los tribunales de Justicia.

Para Morales, el componente político partidista de las comisiones desaconsejaría entregarle mayores atribuciones, ante el riesgo que las investigaciones que lleven a cabo se transformen en juicios políticos, tal como sucede con las acusaciones constitucionales, y cita el caso de la destitución del ex ministro de Educación Harald Beyer, que a su juicio, reflejaría los peligros de entregar facultades punitivas a la Cámara.

A pesar de las distintas visiones que opinan sobre qué se debe hacer con las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, existe acuerdo entre las partes en relación con lo inoportuno de la decisión de quitarles facultades fiscalizadoras, lo que viene a complicar aún más la imagen del Parlamento entre la ciudadanía, que ya ha manifestado su rechazo casi generalizado al incremento en sus salarios la noche del martes pasado.

Por Gonzalo Castillo

Fuente: Radio U. Chile