La reciente alianza entre Donald Trump y Nayib Bukele para frenar la migración desde Centroamérica ha despertado preocupación por el impacto de esta colaboración en derechos humanos y democracia. Mientras la Casa Blanca celebra el liderazgo de Bukele como un «ejemplo para la región», los métodos aplicados en El Salvador, como el estado de excepción y la mano dura contra las pandillas, generan serios cuestionamientos.
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Se estima que alrededor de 2,5 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos, y sus remesas constituyen cerca del 25 % del PIB de El Salvador. Considerando que el país tiene menos de 6,8 millones de habitantes y una extensión territorial de 20,000 kilómetros cuadrados, esta cifra resulta sumamente significativa, destacando la estrecha y profunda relación entre ambas naciones.
Bukele ha logrado posicionarse como un socio clave de Trump en la región, con medidas de seguridad que prometen reducir la criminalidad y disuadir la migración irregular. Sin embargo, el éxito de estas políticas se ha basado en la suspensión de garantías constitucionales y el debilitamiento de las instituciones democráticas. Aunque la tasa de homicidios en El Salvador ha caído a mínimos históricos, organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias, abusos de poder y condiciones inhumanas en las megacárceles construidas por el gobierno.
Más preocupante aún es el trasfondo político de esta alianza. La relación de Bukele con Estados Unidos se tensó durante el mandato de Joe Biden, especialmente tras la controvertida decisión de la Corte Suprema de El Salvador de permitir su reelección inmediata, una clara violación de la Constitución salvadoreña. No obstante, la llegada de Trump al poder parece haber restablecido un clima de cooperación, en el que ambos líderes coinciden en la necesidad de controlar la migración a cualquier costo.
Este enfoque de «seguridad a cambio de derechos» podría ser conveniente para Trump, quien busca mostrar resultados inmediatos en la lucha contra la migración ilegal, pero plantea serias dudas sobre el futuro de la democracia en El Salvador. Al reforzar un régimen que ha mostrado poco respeto por los derechos fundamentales, Estados Unidos corre el riesgo de perpetuar un modelo de gobernanza autoritario en la región, enviando un mensaje peligroso a otras naciones centroamericanas: el fin justifica los medios.
En este contexto, la popularidad de Bukele entre sus ciudadanos, sustentada en la reducción de la violencia, no debería eclipsar los costos a largo plazo de sus políticas. La expansión del control estatal sin frenos judiciales ni opositores visibles es una receta para el abuso, y su alianza con Trump, en lugar de una garantía de progreso, podría resultar en una consolidación de un poder autoritario en Centroamérica.
Foto: Redes
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