Anular Ley Longueira: el debate imparable que puede hacer historia

Que las leyes se pueden derogar, se puede; que se pueden modificar, se puede; y que se pueden anular, por cierto que es posible. ¿Qué se requiere para anular una ley? Lo mismo que se utilizó en Chile mientras no existió la ley de divorcio: declarar que el acto jurídico estaba viciado de principio a fin, es decir, no los cónyuges, sino el oficial civil celebrante era el desubicado, y por tanto, los contrayentes, colocados en la posibilidad de recular, no hacían sino declarar la incompetencia del empleado público que los había matrimoniado. Nadie se hacía problema alguno por anular ese contrato fraudulento: ni los protagonistas directos que corrían a conseguirse testigos falsos, ni el juez que validaba el perjurio, ni los tribunales que hacían vista gorda del fraude, ni la sociedad que permanecía impávida y llegaba a justificar semejante chanchullo so pretexto que no había otra salida posible.

Es decir, en Chile siempre se han podido anular los actos jurídicos y, de paso, con el mismo argumento del vicio implícito, se puede declarar la ilegitimidad de una acción que presumía de legitimidad. No todo lo legal es legítimo. Esa es una máxima que se aprende desde temprana edad. Entonces, ¿por qué no podría declararse que la Ley 20.657 de Pesca y Acuicultura –conocida como Ley Longueira en honor al ministro de Economía que la promovió, el pre excandidato presidencial Pablo Longueira– huele a podrido?

En efecto, según los antecedentes que obran en poder de la opinión pública, esa legislación es el fruto de lo peor de la democracia. En primer lugar, todo su proceso legislativo se demuestra viciado desde el momento en que, a raíz de un lío de faldas que acabó con acusaciones cruzadas entre la exdiputada Marta Isasi y su ex colaborador Giorgio Carrillo, en el marco de una investigación del fiscal Manuel Guerra por presunta estafa, salta a la palestra el nombre de la empresa Corpesca. Enseguida se revela que la pesquera le pagaba a la exdiputada a través de Carrillo.

Según reveló Ciper, Corpesca le pagó 25 millones de pesos a Carrillo en un una fecha ajena a la campaña electoral de su jefa, a días de que se votara la Ley de Pesca, por supuestos estudios encargados por la pesquera de propiedad de Roberto Angelini. “Curiosamente, días antes de la fecha que te menciono, pongo fin a una relación amorosa que tuvimos, de aproximadamente mes y medio, sin embargo, ella me señala estar embarazada”, (relata Carrillo a Ciper). El despecho y la delación entran en juego.

Fue como desenterrar un cadáver: primero se quitó el césped que cubría la tumba, luego se fueron sacando una a una las capas de tierra, cada vez más malolientes, hasta llegar al cajón podrido, vomitivo; ese despojo de la madera devorado por los miriápodos de la muerte que trabajan sin cesar hasta devorarse la materia inerte, abandonando pelos y huesos. Un espectáculo horroroso, cuyo hedor es lejos lo más ingrato que puede oler la nariz de los vivos.

Bajo esa tierra olor a pescado podrido se revela lo peor de la ‘democracia’ chilena; bajo ella yace la buena fe pública y la confianza ciudadana defraudada, hechas añicos por la deshonestidad de empresario-políticos y políticos-emprendedores con capacidad ilimitada de corromperse con el vil propósito de controlar la soberanía popular, que les permita forjar sus fortunas en desmedro de los chilenos de a pie.

La exdiputada Marta Isasi es la punta de la hebra que permite llegar al pez gordo, el ahora desaforado senador Jaime Orpis, a quien la Fiscalía califica de ‘empleado de Corpesca en el Senado’; una vergüenza de marca mayor.

De nuevo, ¿por qué no podría anularse una ley hedionda y perniciosa que sólo enriquece a un grupúsculo privilegiado de familias archimillonarias, y que acarrea pobreza a los pescadores artesanales, y que de paso atenta contra la buena alimentación de los chilenos que ven diezmada su dieta al extinguirse el recurso marino.

La anulación de la Ley Longueira es posible. También lo es la nulidad de la Ley de Amnistía de 1978 que dejó en la impunidad los crímenes de la dictadura cometidos entre esa fecha y el golpe de Estado de 1973.

Sin embargo, el propio gobierno, y por cierto, los empresarios y los políticos interesados en enterrar las evidencias, se muestran partidarios de buscar otras salidas, incluso, declarando que la moción de la bancada PC-IC que promueve la anulación de la ley es inconstitucional. El Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, sostuvo que “vamos a proponer modificaciones de forma tal de perfeccionarla y de que represente adecuadamente lo que son los derechos de todos los chilenos en esta materia, pero creemos que es importante mantener y validar lo que es la institucionalidad”, afirmó el ministro de Economía (DC) Luis Felipe Céspedes. Y agregó: “Nosotros como gobierno consideramos que la moción que anula la Ley de Pesca es claramente inconstitucional y esperamos que la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados así lo determine”, dijo sin arrugarse.

Por estos días la ciudadanía ya escucha los gritos y alaridos de los empresarios ‘afectados’ por la moción que busca hacer justicia anulando una ley espuria, ilegítima que bordea la ilegalidad; una ley que de anularse, lejos de desatar el caos y la anarquía en los mares, abrirá la puerta a una discusión decente y solidaria, que regule la industria pesquera y la pesca artesanal con nuevos estándares, mejor aspectados, concebidos sin la desgraciada corrupción que tanto daño le causa a la democracia.