Este miércoles, el fiscal Nacional, Ángel Valencia, rechazó inhabilitar al jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz, tras descartar la solicitud presentada por la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.
La solicitud presentada por la defensa de Yáñez apuntaba a inhabilitar al fiscal en las investigaciones que se llevan a cabo por los delitos de lesa humanidad perpetrados durante el estallido social.
Para Yáñez, el fiscal tenía un «odio y resentimiento» hacia la institución y su máxima autoridad, por lo que debía ser removido del cargo.
En un comunicado, publicado en la cuenta en la red social X (antiguo Twitter) de la Fiscalía, se detalló que Valencia «determinó que los argumentos presentados por la defensa del General Yáñez no poseían la solidez necesaria para justificar la inhabilitación del fiscal Armendáriz, respecto de quien tiene la facultad de resolver su inhabilidad».
«Por lo tanto, el Fiscal Regional Metropolitana Centro Norte continuará al frente de la investigación del «Caso Alto Mando», que incluye una audiencia de formalización contra el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez», añade el texto.
Cabe recordar que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 7 de mayo, la audiencia de formalización de la investigación en contra Yáñez, por causas ligadas a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social de 2019.
La audiencia se llevará a cabo a las nueve de la mañana.
A la instancia, que se desarrollará de forma presencial en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, también están citados los imputados Mario Alberto Rozas Córdova y Diego Hernán Olate Pinares, ex director general y ex sub director de Carabineros, respectivamente.
Los tres son acusado por sueventual responsabilidad de mando en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la revuelta social.
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No obstante, Valencia designó al Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, para asumir la dirección de las investigaciones relacionadas con las querellas por crímenes de lesa humanidad y otros delitos surgidos de las manifestaciones sociales que comenzaron el 18 de octubre de 2019.
«Esta decisión se debe a la carga de trabajo significativa y la complejidad de manejar simultáneamente
dos investigaciones penales de esta envergadura. La designación, fue realizada en virtud del artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público», concluye el texto.
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