Ha habido asambleas constituyentes y nuevas constituciones en todo el mundo, ejemplo de esto es la Constitución de la India después de su independencia en la mitad del siglo XX o el caso más reciente de la Constitución de Islandia en el año 2011 con la llamada “revolución bajo el volcán”. Más cercano, a nivel latinoamericano, podemos citar el caso de Colombia en el año 1991, en el contexto del conflicto armado interno; también está el caso de Paraguay el mismo año, que siguió al derrocamiento del dictador Alfredo Stroessner o es el caso de Bolivia con el presidente Evo Morales hace ya casi una década, donde el país logró mayor estabilidad y legitimidad integrando a los pueblos originarios a la institucionalidad política.
En Chile la clase política y diversos intelectuales han argumentado que se requiere de una nueva Constitución para poner fin al legado de la dictadura militar, pero la pregunta es ¿es sólo ese el motivo para renovar nuestra Constitución? Tal como lo señala Jean-Jacques Rousseau en sus escritos políticos: «Las constituciones deben renovarse al menos con cada generación, pues su validez radica, no en el consentimiento pasado, sino en el presente».
La ciudadanía ha manifestado abiertamente su descontento hacia el sistema político y la necesidad de llevar adelante cambios revolucionarios al marco institucional, prueba de ello es que en la última elección presidencial en una contundente señal de impugnación, el 58% del universo electoral no concurrió a votar, sufragando sólo 5.672.356 de un total de 13.573.000 votantes, según cifras del Servel.
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Las experiencias internacionales lo indican: una nueva Constitución no lleva al país a un caos, al contrario, hace de este un país más democrático, legítimo, estable, participativo e inclusivo. Los países en que se ha implementado una Asamblea Constituyente no se derivó en exacerbar ni a incrementar los niveles de violencia, intolerancia o corrupción, sino que se produjo un fenómeno de valoración y acercamiento de la ciudadanía a la política, que es lo que nuestro país requiere de manera urgente.
Chile requiere dar el debate ideológico que defina el país que queremos en términos económicos, políticos, sociales y culturales, y lo lógico, en un ‘Chile de todos’, es que una Nueva Constitución se construya entre todas y todos, por lo que una Asamblea Constituyente es el camino institucional más legítimo, democrático y participativo que se acerca a los principios de construcción colectiva de un país más inclusivo y solidario, que otorgue real estabilidad económica, genere una democracia más saludable y legitime el marco constitucional.
Es necesario desmitificar ciertas posiciones argumentativas espurias que ha propagado la derecha y el añejo conservadurismo: la Asamblea Constituyente contempla la participación de todos los sectores ideológicos, ya sean de derecha, centro o izquierda, como también de toda la diversidad política, social, demográfica y étnica de nuestro país; a diferencia del Congreso binominal que lo haría en su insuficiente representación.
Para avanzar hacia el horizonte de una Asamblea Constituyente, lo primero es que la ciudadanía sepa qué es una Asamblea Constituyente.
Una Asamblea Constituyente es un organismo compuesto por ciudadanos y ciudadanas elegidos por la misma ciudadanía para dar forma a la organización política de la nación y sancionar-crear su propia Constitución.
Una asamblea constituyente emana del ‘Poder Constituyente’, surgido del principio democrático de soberanía popular y de la idea de limitación del poder gobernante. Se trata del poder absoluto y total ejercido por todo la ciudadanía en el momento de crear, reformar o estructurar el estado como convenga a sus aspiraciones e intereses, discutiendo, procurándose o reformando una Constitución.
Chile cambió, según la encuesta CEP julio-agosto 2013, el 45% de los chilenos quiere una Asamblea Constituyente como mecanismo para una Nueva Constitución; así que el mensaje a la derecha y a los conservadores de la Nueva Mayoría es: ¡somos muchas y muchos chilenos los “fumadores de opio” –tal como lo señaló Camilo Escalona en referencia a quienes son partidarios de una Asamblea Constituyente- los que queremos refundar Chile!
Por otra parte, existen reformas constitucionales urgentes como terminar con los quórums calificados, que son los candados que dejó Guzmán para impedir cambiar ciertas leyes, poner fin a la ley de donaciones secretas de empresarios a campañas políticas y separar el poder económico del poder político, reconocer a nuestros pueblos originarios para encontrar la paz social que tanto anhelamos; establecer la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, la previsión y la cultura como derechos sociales que deben ser garantizados por el estado.
Esto es lo básico para la salud de una democracia y se debe realizar tal como lo ha dicho la presidenta Bachelet, a través de un proceso democrático, institucional y por sobre todo: ¡participativo!, y es en ese marco donde la Asamblea Constituyente se perfila como la institución apropiada para enfrentar estos desafíos.