Aumenta el número de mercenarios en América Latina, denuncia la ONU

Los mercenarios contratados por empresas militares y de seguridad
privadas actúan cada vez en más escenarios de América Latina, como
explotaciones mineras, fronteras, cárceles y ahora también en ayuda
humanitaria, dijeron expertos de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) reunidos esta semana en esta ciudad suiza.
Amnistia Internacional – Publicado el 22.12.2008
Por otro lado, unos 3 mil latinoamericanos, en su mayoría chilenos,
peruanos, colombianos y hondureños, prestan servicios en las zonas de
conflicto de Irak.

Además, la colaboración de un comando de mercenarios israelíes,
integrado por ex militares de esa nacionalidad especializados en
tareas de inteligencia, ha permitido al gobierno de Colombia asestar
duros golpes a la guerrilla izquierdista, señaló la colombiana Amada
Benavides de Pérez, uno de los cinco integrantes del Grupo de Trabajo
de la ONU sobre la utilización de mercenarios.

Ese organismo, creado en 2005 por la desaparecida Comisión de Derechos
Humanos de la ONU, discutió la posibilidad de elaborar nuevos
instrumentos legales de alcance internacional que regulen de una vez
las actividades crecientes de compañías privadas militares y de
seguridad.

El caso más crítico de América Latina con respecto al empleo de
mercenarios se registra en Colombia, precisó Benavides, quien se
describe como educadora, internacionalista y ex decana de la Facultad
de Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública
de su país.

Las informaciones recogidas por un grupo académico colombiano,
integrado por profesores de varias universidades y también por
organizaciones no gubernamentales, han permitido obtener datos de las
bases, es decir, de las víctimas, de lo que realmente está pasando en
Colombia con relación a los mercenarios, dijo.

Los servicios que prestan las empresas privadas militares y de
seguridad se distribuyen en modalidades variadas. En primer lugar
figuran las empresas que trabajan en territorio del país en el
contexto del Plan Colombia, las políticas de los últimos gobiernos
colombianos, concertadas y financiadas por Estados Unidos,
principalmente para combatir el narcotráfico y las guerrillas
izquierdistas.

En virtud de ese entendimiento, actúan 25 compañías extranjeras en ese
país y emplean a 800 «contratistas privados», que en su mayoría son
estadunidenses de origen latinoamericano, precisó Benavides. El número
puede ser aun mayor, quizás el doble, porque cada 15 días se produce
la rotación de ese personal y arriba un nuevo contingente similar de
Estados Unidos, dijo la experta.

Lo más característico de esta operación es que todos esos
«contratistas privados» gozan de la misma inmunidad diplomática que
tienen los miembros de la misión estadunidense en Colombia, lo cual
los exime de los alcances de las leyes nacionales.

Integrantes de ese grupo de contratistas han cometido violaciones y
delitos que Bogotá no puede siquiera investigar porque el acuerdo
bilateral con Washington se lo impide, observó.

En consecuencia, en el territorio colombiano hay por lo menos 800
personas sobre las cuales el gobierno no tiene control, y que trabajan
en el Plan Colombia. Esas personas, que pasan generalmente
desapercibidas entre la población local en razón de su origen
latinoamericano, residen en bases estadunidenses.

Benavides recordó que en julio pasado, cuando la dirigente política
colombiana Ingrid Betancourt recuperó su libertad tras más de seis
años de cautiverio por las guerrillas de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), también fueron liberados tres
contratistas estadunidenses «expertos en fumigación».

Fuentes periodísticas afirmaron entonces que los tres estadunidenses,
Thomas Howes, Keith Stansele y Marc Gonsalves, capturados en 2003,
trabajaban para la empresa California Microwave Systems, que prestaba
servicios al Departamento de Defensa de Estados Unidos para recoger
información de plantaciones de drogas.

Las mismas fuentes dijeron que las FARC sostenían que Howes, Stansele
y Gonsalves formaban parte de la Agencia Central de Inteligencia
(CIA), el órgano de espionaje exterior del gobierno de Estados Unidos.

Otra variante de la presencia de mercenarios en Colombia son las
empresas, en su mayoría estadunidenses y británicas, que dan servicios
de seguridad a firmas extractivas, también extranjeras, sobre todo
petroleras y mineras.

Esta actividad representa algunos riesgos porque en muchos casos se
realizan en territorios pertenecientes a grupos indígenas o a otras
comunidades nativas. Las compañías privadas de seguridad impiden la
entrada a esas tierras e inclusive el acceso a las aguas, apuntó
Benavides.

El grupo de trabajo de la ONU sobre mercenarios ha documentado casos
similares en Ecuador y Perú, donde la acción de las empresas privadas
de seguridad ha perjudicado severamente a las comunidades afincadas en
áreas colindantes con las zonas mineras.

La tercera forma de intervención de mercenarios en Colombia es la
participación de expertos en logística de Israel, que trabajan para el
Ministerio de Defensa. Muchos de los golpes y de los aciertos que han
tenido el gobierno y las fuerzas militares de Colombia en frenar a la
guerrilla dependieron de esa ayuda de inteligencia militar de los
mercenarios israelíes, remarcó Benavides.

La última variedad de los mercenarios en Colombia son las 500 personas
de esa nacionalidad que se encuentran en Irak. No hay datos oficiales
sobre ese número, «pero nuestras propias informaciones y las recogidas
por académicos extranjeros que han venido a investigar a Colombia»
arrojan esa cifra, señaló la experta.

Con relación a los cerca de 3 mil latinoamericanos que se encuentran
en Irak, originalmente procedían de Chile, Perú, Colombia y Honduras.
Pero en los últimos tiempos se han agregado otros de El Salvador y
Guatemala, precisó. No hay informes sobre la presencia en Irak de
argentinos, brasileños o uruguayos, agregó.

Pero puede ocurrir que la empresa chilena que envió mercenarios a Irak
haya tenido personería jurídica en Uruguay. Por tanto, si surge un
problema legal con uno de esos «contratistas», el caso no se dirimiría
en Chile, explicó.

Sin embargo, ocurrirá que tampoco sería en Uruguay, porque el contrato
no se firmó en ese país, sino en el estado de Virginia, en Estados
Unidos. Pero los estadunidenses responderían que tampoco les cabe
responsabilidad porque el acto se cometió en Irak y no en territorio
estadunidense.

Este ejemplo demuestra el vacío jurídico que existe en el ordenamiento
internacional y que el grupo de trabajo de la ONU se propone llenar
con el estudio de un nuevo instrumento universal que cubra las lagunas
de las legislaciones nacionales.

El caso de Colombia es ejemplar porque tiene una regulación para las
empresas privadas nacionales de seguridad, pero carece de toda norma
al respecto para las compañías extranjeras de la misma índole, dijo
Benavides a IPS.

Fuente: IPS