Acusaciones al voleo, carentes de fundamento y sin poner todos los antecedentes en la mesa, denunció la diputada Camila Vallejo (PC) al finalizar este jueves una nueva sesión de la comisión investigadora para analizar las supuestas irregularidades en el funcionamiento de la Universidad ARCIS.
“Nadie preguntó qué iba a pasar con la administración provisional, con los estudiantes o los trabajadores. Aquí lo único que se hace es acusarnos cuando somos los únicos preocupados de dar una solución al aseguramiento del derecho a educación de los jóvenes y la situación remuneracional y contractual de los trabajadores”, expresó sin esconder su molestia la diputada por el distrito 26 de la Región Metropolitana.
En lo que sí existe claridad es que a fines de 2013 comenzó una crisis que explotó en 2014, que existían 7 organizaciones ligadas al PC que estuvieron relacionadas con la administración de la entidad y que hubo un retiro de capital de alrededor de U$ 9 millones, provenientes del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES). Asimismo, tanto los intentos del MINEDUC como del administrador provisional por salvar a la institución fueron inertes, ya que la situación financiera que acarreaba la universidad no permitieron solventar ni los gastos fijos ni el proyecto educativo.
“La preocupación número uno es que los estudiantes puedan terminar una carrera en buenas condiciones y no ocurra lo que pasó con los de la Universidad del Mar”, informó el diputado Rojo Edwards, que de paso acusó al Partido Comunista “de dejar una estela de destrucción tras su retiro de la administración”.
Poco a poco se han ido dilucidando quiénes habían sido los controladores de la institución. La Inmobiliaria Libertad, el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), la Fundación Instituto Libertad, la inmobiliaria Nazareno y varias otras instituciones han sido sindicadas como las responsables de llevar a cabo la administración de una entidad educativa que logró poseer varias sedes -entre ellas las de Valparaíso, Concepción y Castro- y una matrícula de 8 mil estudiantes.
“Vamos a esperar la citación de la Comisión Nacional de Acreditación la próxima semana y la del administrador provisional, para que nos respondan algunos antecedentes solicitados, como el vínculo de algunas sociedades ligadas a la dirección del PC en la prestación de servicios a la universidad ARCIS. Queremos invitar a todos quienes hayan estado vinculados a la administración de la universidad y tengan relación con la insolvencia en la que hoy ha caído”, señalo, por su parte, el diputado Diego Paulsen (RN).
Si bien hay plazo hasta finales de junio para el funcionamiento de la Comisión Investigadora, el trabajo legislativo, judicial y del MINEDUC sólo ha generado beneficios para algunos de los acreedores de la entidad. Por tanto, a juicio de los parlamentarios, es necesario agilizar los avances efectivos, en pos de la tranquilidad de los estudiantes y trabajadores.
“Es necesario aclarar cuáles son las gestiones para hacer prevalecer la ley 20.800 y que no siga el proceso de liquidación, porque lo único que se tiene por mandato es devolverle la plata a los acreedores pero no soluciona el problema de los estudiantes, los deja en la calle. Por eso nosotros legislamos sobre una ley de administración provisional, para asegurar la continuidad de estudios”, recalcó la diputada Vallejo.
El próximo jueves se desarrollará una nueva sesión y de no mediar una nueva suspensión, mayores antecedentes se esperan recabar para esclarecer todos los pormenores que acompañaron el descalabro de una nueva entidad educativa en el país.
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