La victoria de Nicolás Maduro en la ONU se da mientras el pueblo chileno es víctima de la vil represión del aparato militar del Gobierno de Sebastián Piñera, ante la mirada cómplice de la expresidenta que sigue sin condenar las serias violaciones de derechos humanos en su país
El jueves 4 de julio de 2019, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, publicó su informe sobre la situación político, social y económica de Venezuela.
En él documento, la expresidenta chilena se limitó a instar al Gobierno a adoptar de inmediato medidas específicas para “detener” y “remediar” las “graves vulneraciones” de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que observó su delegación durante su estadía en Venezuela.
Bachelet omitió siquiera mencionar las denuncias y pruebas presentadas por el Gobierno sobre las actuaciones violatorias de los derechos humanos por parte de grupos vinculados a la oposición venezolana. También invisibilizó los efectos del bloqueo impuesto por Washington, dejando un informe claramente sesgado y parcializado.
Al menos 56 países, aquellos que reconocen a Juan Guaidó como “presidente interino” de Venezuela por mandato de Estados Unidos, se “adueñaron” del informe y lo utilizaron para pedir la cabeza de Nicolás Maduro por presuntas violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, en la ONU coexisten 193 naciones, entonces, ¿qué opinan los otros 137 países sobre el publicitado informe de Bachelet?
Este 17 de octubre, poco más de tres meses después de presentado el informe, 105 naciones respaldaron la candidatura de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dando así un claro mensaje: el documento firmado por la Alta Comisionada no tiene credibilidad suficiente como para aislar o condenar a Caracas por los presuntos crímenes que allí se denuncian.
De esa manera, más de la mitad de los países del mundo consideraron sesgado y parcializado el informe de Bachelet, que omitió las pruebas, hechos y evidencias que demuestran los efectos de las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo financiero impuesto por EE. UU. desde 2013.
La elección en el Consejo
El Consejo de Derechos Humanos es un organismo internacional, dentro del sistema de la ONU, compuesto por 47 Estados, y es responsable de promover y proteger los derechos humanos en el mundo. Incluso, tiene la potestad de conformar misiones de investigación y enviarlas a países específicos cuando así lo considere.
Además, tres veces al año, revisa los registros de derechos humanos de los Estados miembros de la ONU, en un proceso especial diseñado para dar a los países la oportunidad de presentar las acciones que han tomado y lo que han hecho para promover los derechos humanos. Este paso se conoce como el Examen Periódico Universal.
Incluso, aunque el Consejo es una instancia independiente, trabaja en estrecha colaboración con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los países electos sirven durante tres años y ocupan sus escaños después del 31 de diciembre. Como solo 47 de los 193 Estados miembros de la ONU pueden formar parte del Consejo en cualquier momento, un número igual a los electos renuncia a sus puestos.
En la votación, Venezuela y Brasil -que resultó reelecto- vencieron a Costa Rica por los dos escaños latinoamericanos disponibles. En el caso de Costa Rica, había declarado su candidatura tan solo semanas atrás en un intento desesperado de negarle a Venezuela un mandato de tres años.
A pesar de las presiones ejercidas desde la Unión Europea, el Grupo de Lima y otros gobiernos lacayos de Estados Unidos, el Gobierno de Nicolás Maduro ganó un asiento en el Consejo de Derechos Humanos, una victoria indudablemente controvertida para un Estado acusado por Bachelet de usar la intimidación y la tortura para aferrarse al poder.
La elección de Venezuela desmitifica esa visión sesgada de la Alta Comisionada, contrarresta una falsa imagen de aislamiento internacional y frustra las investigaciones sobre los presuntos abusos denunciados en el informe.
Bachelet pierde así mucha credibilidad, más aún cuando solo días después se desataron atroces violaciones de derechos humanos perpetradas por el Gobierno de Chile, su país, en contra de la población y su posición ha sido prácticamente de indiferencia, sin condenar la represión, tortura y muerte provocadas por las fuerzas de seguridad de Sebastián Piñera.
El cuestionado informe
En los últimos meses, la Alta Comisionada ha pintado una imagen sombría de Venezuela. En tres informes de este año documentó presuntas detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos. En el documento principal de julio, aseguró que la corrupción y la falta de inversión habían violado el derecho de los venezolanos a un nivel de vida adecuado.
No obstante, tal como lo denunció El Ciudadano en su momento, la ACNUDH se limita a reconocer -sin condenar- las sanciones económicas aplicadas por Washington que “están agravando aún más los efectos de la crisis económica, y por tanto la situación humanitaria”, “dado que la mayoría de los ingresos en divisas procede de las exportaciones de petróleo”.
Asimismo, tampoco denuncia el sabotaje promovido por la oposición y las prácticas de especulación, acaparamiento y contrabando de extracción en las que han incurrido empresarios y comerciantes inescrupulosos.
Igualmente, dejó por fuera el impacto generado por las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por Estados Unidos, incluyendo la congelación de activos venezolanos en el exterior, que suman más de 5.400 millones de dólares.
Muchos menos se refiere a la confiscación de CITGO (filial de PDVSA en EE. UU.), ni a los más de 35.000 millones de dólares que le ha costado a Venezuela el bloqueo y las sanciones, cuyo verdadero objetivo es vender la idea de una supuesta crisis humanitaria para ejecutar una intervención militar, como lo denuncia el Gobierno.
Adicionalmente, el informe asegura que las “violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos”, pero no se atreve a mencionar que el asedio y retención de fondos del Estado por parte de bancos internacionales ha impedido la compra de medicinas y equipos.
Bachelet también omite la violencia opositora, los más de 170 muertos y cientos de heridos que dejaron las protestas violentas perpetradas por seguidores de la derecha, así como de los intentos frustrados de golpe de Estado y magnicidio, que involucran a actores políticos de la derecha en complicidad con Washington y Bogotá.
Así, mientras la chilena echó a la basura las denuncias y pruebas presentadas por el Gobierno, basó su informe en testimonios y datos sobre “violaciones a los derechos humanos” del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y de la ONG Foro Penal, instancias que reciben financiamiento del Departamento de Estado norteamericano.
Aún más lamentable es el hecho de que en el documento se omiten los logros y avances alcanzados por Venezuela en materia de derechos humanos, muchos de ellos reconocidos incluso por otros tantos entes adscritos a la ONU.
Su credibilidad en juego
Tal cómo lo expresó el analista internacional Sergio Rodríguez Gelfenstein en su artículo titulado: “Es la hija del general Bachelet. Nada más”, el documento de la Alta Comsionada responde al chantaje y las presiones del imperialismo, como parte del montaje para justificar una intervención a Venezuela.
Un aspecto que resta mucha credibilidad es el hecho de el informe en un 80 % está basado en entrevistas realizadas fuera del territorio venezolano, en gran medida a ciudadanos venezolanos que solicitan continuamente una intervención militar contra su propio país, sin importar la cantidad de muertes que puede dejar.
Uno de ellos es Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional y vocero político de Guaidó en el exterior, quien -como acostumbra- denunció sin asomar una sola prueba que Nicolás Maduro «hipotecó todo» para ganar el escaño.
«Esta maniobra no le permitirá ocultar sus crímenes (…) Las democracias elegidas en este órgano aislarán cada vez más la dictadura y expondrán sus violaciones de los derechos humanos», aseveró.
Sin embargo, la realidad dista mucho de las palabras de Borges, pues Venezuela cada vez gana más terreno no solo en el Consejo de Derechos Humanos, sino también en la Unicef, en la FAO y en la propia Asamblea General, donde semanas atrás se presentó la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, mientras Guaidó, Borges y compañía no son reconocidos.
Asimismo, Estados Unidos también criticó la elección de Venezuela, a través de un comunicado del Departamento de Estado firmado por Mike Pompeo.
“El Consejo de Derechos Humanos debería ser un protector y defensor de los derechos humanos de las personas en todo el mundo. Debería estar hablando sobre los abusos diarios del antiguo régimen de Maduro, y otros similares. En cambio, el Consejo se ha convertido en un ejercicio de hipocresía desvergonzada, con algunos de los delincuentes más serios del mundo sentados en el propio Consejo. Su membresía incluye gobiernos autoritarios con registros de derechos humanos inequívocos y abominables, como China, Cuba y Venezuela. Estas son algunas de las razones por las que Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos en 2018”, dice el comunicado.
Sí, efectivamente Washington se retiró del Consejo en 2018, pero por otros motivos: cuando el Consejo decidió condenar el genocidio que perpetra Israel contra el pueblo palestino. Entonces, allí se tiene que la verdadera doble moral en cuestión de derechos humanos es del Gobierno estadounidense.
¿Venezuela aislada?
El Gobierno de Venezuela celebró el logro, el cual considera un golpe contra las intenciones golpistas y colonialistas de Estados Unidos, que aunque no forma parte del Consejo intentó manipular la elección a través de enclaves coloniales como las administraciones de Brasil, Colombia y Costa Rica.
El embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, calificó el hecho como “una victoria del derecho internacional ante el intento de imponer un enclave colonial en Venezuela”.
A través de Twitter, Moncada recordó que en abril ya el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, junto a la coalición de más de 50 países, había ordenado al Consejo de Seguridad la expulsión de Venezuela de la ONU.
Sin embargo, Venezuela venció en el Consejo de Seguridad, luego en la Asamblea General y ahora en el Consejo de Derechos Humanos. Tres victorias en un año que confirman que la verdadera comunidad internacional camina de la mano con Venezuela y reconoce al presidente Nicolás Maduro, electo en unos comicios democráticos.
Cómo queda conformado el Consejo
Respecto a los Estados de América Latina y el Caribe, el tiempo de Cuba llegará a su fin y será reemplazado por Venezuela. Aunque el mandato actual de Brasil llega a su fin, su reelección exitosa significa que cumplirá otros tres años, pues de acuerdo con las reglas del Consejo, los miembros pueden cumplir dos mandatos consecutivos.
Así es como se verá el Consejo de Derechos Humanos, a partir del 1 de enero de 2020:
África: Angola, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, Eritrea, Libia, Mauritania, Namibia, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudán y Togo.
Asia-Pacífico: Afganistán, Bahrein, Bangladesh, Fiji, India, Indonesia, Japón, Islas Marshall, República de Corea Nepal, Pakistán, Filipinas y Qatar.
Europa del Este: Armenia, Bulgaria, República Checa, Polonia, Eslovaquia y Ucrania.
Latinoamérica y el Caribe: Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela.
Europa Occidental y otros estados: Australia, Austria, Dinamarca, Alemania, Italia, Países Bajos y España.
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