El pasado 18 de julio el ex director de Gendarmería declaró por las pantallas de CNN Chile que había recibido presiones de parte de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, y del subsecretario de la cartera, Ignacio Suárez, para ascender de cargo a funcionarios de la institución. “La facultad de efectuar contrataciones recae en los directores nacionales de los servicios y este ministerio ha sido respetuoso de esa atribución”, fue la respuesta con la que Blanco intentaba desmentir a Arce.
Sin embargo, días después se daba a conocer un oficio firmado por la secretaria de Estado en el que se leía textual: “En necesidad de contar con profesionales en comisión de servicio en el Departamento de Personas Jurídicas, de esta cartera de Estado, a fin de dar cumplimiento a los compromisos laborales establecidos para el año 2016, es que solicito a usted proceder con la contratación de las personas que se detallan, en los grados, estamentos y calidad jurídica que a continuación se indica”.
Fue la gota que rebasó el vaso. Blanco quedaba para muchos como mentirosa, ayudaba a pavimentar el camino para la interpelación en su contra y terminaba así con una cercanía con el otrora director de Gendarmería al que sostuvo en su cargo inexplicablemente mientras llovían los cuestionamientos por su gestión.
Un hecho que, no obstante, le permitía a la ministra desviar la atención de otra polémica que entonces ayudaba a dibujar de manera igualmente nítida su vínculo con los mandos al interior de Gendarmería y su naturalización de las irregularidades que allí ocurrían. Patricio Campos es un coronel (r) y uno de los ex funcionarios de Gendarmería a quienes -en medio del escándalo por las abultadas pensiones- Contraloría les objetó la tramitación de su jubilación. Esta sería de $4.657.791, pero el entre contralor argumentó en su contra que superaba el límite de 60 UF para el sector público.
En enero de este año, la ministra Javiera Blanco contrató a Campos como uno de sus asesores.
Esta tarde, la secretaria de Estado será interpelada en la Cámara baja. La diputada de RN Marcela Sabat será la encargada de ajusticiar discursiva y mediáticamente a Blanco por la -todavía indefinida- cantidad de niños y niñas muertos en los centros del Sename, así como por la corrupción al interior de Gendarmería y la crisis en el Registro Civil, entre otras problemáticas vinculadas a su ministerio.
¿Por qué llegó hasta esa instancia la ministra sin ser sacada de su cargo? ¿De qué está tejida la red que la sostiene? Repasamos acá algunos pasajes de su historial laboral y político que permiten entender quién es Javiera Blanco.
La paz de Blanco
La Fundación Paz Ciudadana y los niños y niñas que delinquen en Chile están en veredas opuestas, contrarias. Los primeros son los promotores de la persecución y encarcelación de los segundos. Paz Ciudadana es la eficiente extensión que El Mercurio creó en su histórica tarea de criminalizar a los sectores marginados de la sociedad. Una institución fundamental a la hora de instaurar en Chile la discusión sobre el problema de la delincuencia como uno básicamente de seguridad, relegando a un lugar secundario su directa relación con la desigualdad social, la falta de oportunidades y el abandono estatal.
De ahí viene Javiera Blanco. Estuvo 8 años, desde 1998 hasta 2006, primero como investigadora y luego como gerente de proyectos, en la fundación controlada y financiada por el millonario golpista, Agustín Edwards, y en donde en su directorio hoy podemos leer apellidos como Von Appen, Luksic, Tironi y Espina.
«A mí nunca me gustó tramitar causas, no me atraía el mundo de los tribunales. Por deformación familiar, me atrae la investigación. Me fui a presentar a Paz Ciudadana, y ahí partí investigando en temas de seguridad», señala Blanco en un perfil que La Segunda le hizo a ella y su hermano Rafael en 2012, ambos abogados, titulado «Hermanados también en la lucha contra el delito».
«A la gente le hacía ruido, porque había un mito de que Paz Ciudadana era una institución de derecha. Pero a nadie de los que hemos trabajado ahí nos han preguntado de qué partido somos, y hay un directorio muy transversal», señala en la nota Blanco, refiriéndose a su arribo al primer gobierno de Michelle Bachelet, en donde se desempeñó como subsecretaria de Carabineros entre 2006 y 2010.
Fue en ese tiempo en que, según ella misma ha declarado, generó una amistad muy estrecha con el entonces general director de Carabineros, Alejandro Bernales, cuya muerte en 2008 estuvo lejos de ser llorada en el territorio mapuche. Allí se le apunta como uno de los responsables de las muertes de Alex Lemún y Matías Catrileo, y de la cruda represión llevada a cabo cuando fue jefe de la IX Zona de Carabineros de La Araucanía. «Fui muy amiga de él», dice Blanco en la nota del vespertino.
Una vez que terminó ese gobierno de Bachelet, Javiera Blanco volvió a Paz Ciudadana, esta vez como directora ejecutiva. «Fue como volver a mi casa», señala la ministra. Y al asumir en el actual gobierno de la mandataria socialista como ministra de Justicia, no lo hizo sola. Trajo consigo a cuatro investigadores de la institución de la familia Edwards.
Conociendo de donde proviene Blanco, quizás no debiera resultar ilógico su esfuerzo por aprobar una Agenda Corta Antidelincuencia que instauró una nueva versión de la detención por sospecha; tampoco la negligencia de su ministerio frente al conocimiento de las ciento de muertes en el Sename ni el cálculo político con el que se ha manejado esa tragedia. Menos, que en medio de una sesión de la comisión investigadora la ministra se refiriera a los niños y niñas de dicho servicio como parte de un «stock».
El episodio Pascua Lama
Los cuestionamientos a Javiera Blanco formaron parte también de su período como ministra del Trabajo. En julio de 2014, su esposo, Eugenio Ortega Frei -sobrino del ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle- debió renunciar al cargo recientemente asumido de Gerente Corporativo en la trasnacional Barrick Gold, responsable del polémico proyecto Pascua Lama. En ese momento, se encontraba paralizado por no cumplir con las exigencias para su autorización ambiental.
Obviando el evidente conflicto de interés y lo relevante de que su marido fuera puesto en el estratégico cargo mientras ella era ministra de Estado, Blanco trasladó la discusión a una de género, calificando de «machismo» el que «traten de criticar a una ministra a través de la pega del marido».
El peso de Blanco
Hoy las críticas apuntan directamente a ella y a la hora de explicar su continuidad en el gobierno los ojos se ponen sobre el entramado político que ha acompañado el liderazgo de Blanco en el ministerio de Justicia y que -a fin de cuentas- al interior de la élite es lo más importante, cuando no lo único.
La amistad de casi toda una vida con María Francisca Werth, directora ejecutiva nacional del Ministerio Púbico; el nombramiento de Jorge Abbott como Fiscal Nacional; y el arribo de Solange Huerta -quien como fiscal del Caso Tsunami decidió no formalizar a la presidenta Michelle Bachelet- a la dirección nacional del Sename, instalan a la ministra como una figura clave en los intentos del oficialismo para frenar las investigaciones por financiamiento ilegal de la política que amenazan a la coalición de gobierno.
Recientemente, en Radio Bío Bío, el periodista Mirko Macari, quien se dedica permanentemente a monitorear y analizar la contingencia política, señaló: “Javiera Blanco es probablemente el gran nexo que tiene La Moneda para enviar los mensajes al Ministerio Público y que éste entienda hasta dónde llegar”.
En esa red descansa Blanco. Al menos por ahora.
Daniel Labbé Yáñez