Bolivia: se dificulta el camino a la nueva Constitución Política del Estado

La República de Bolivia votará el próximo domingo 25 de enero la aprobación o rechazo a la nueva Constitución Política del Estado que pretende establecer el conjunto de fuerzas sociales encabezadas por el presidente Evo Morales Ayma. Este texto, ha sido emanado de una Asamblea Constituyente que trabajó en ella desde el 16 de agosto de 2006, cuado se instaló de forma oficial en la ciudad de Sucre, hasta la entrega del texto original en diciembre de 2007, donde se sucedieron una serie de modificaciones por parte del Parlamento, tras negociaciones con la oposición, que culminaron en la modificación de más de cien artículos y la convocatoria al referéndum en octubre de 2008 para el 25 de enero.

En síntesis, la nueva Constitución a refrendar establece modificaciones sustanciales y profundas a muchas estructuras del estado boliviano: se establece  la recuperación de los servicios básicos a manos del Estado, estableciendo la concesión de su explotación a particulares sólo en determinados casos; el reconocimiento de las distintas naciones indígenas que lo componen y una serie de beneficios que les corresponden en virtud a la deuda histórica que la sociedad criolla-occidental tiene con ellos; el establecimiento de la gratuidad en salud y educación para la población, la institucionalización de un sistema de justicia comunitario complementario del sistema jurídico estatal (con limitaciones que evitan que degenere en un sistema marginal y vengativo tanto en lo social como en lo jurídico), entre otras muchas modificaciones y creaciones que la marcan como un texto revolucionario jurídicamente para la sociedad en la cual se busca que se apruebe.

Sin embargo, el conjunto de la derecha en complicidad con grupos de poder y las iglesias cristianas (incluyendo a la Iglesia Católica, por supuesto) han hecho campañas que han buscado desprestigiarla y rechazarla, argumentando razones infundadas en el texto. Ejemplo de ello es la intención de hacer creer a la población de que la nueva Constitución hará una separación de la Iglesia del Estado de tal forma que promueva el ateísmo o elimine la libertad de culto, cosa que está expresamente reglamentada en contrario en el artículo 4° del nuevo texto, donde se establece que “el Estado respeta y garantiza la libertad de religión, de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión”, así como los párrafos 7 y 9 del artículo 30 reconocen como derecho de los pueblos indígenas “la protección de los lugares sagrados y la conservación de sus rituales”. En el artículo 86 del texto se dice que “en los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y de fe de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones indígenas”. Este reconocimiento a la espiritualidad de las naciones indígenas ha sido el punto de inflexión que despertó las críticas de las iglesias cristianas.

Uno de los puntos más conflictivos tanto ahora como en períodos anteriores es el tema de las autonomías de los departamentos (equivalentes a nuestras “regiones”), donde la oposición ha hecho más campaña desinformativa para convencer a la población de rechazar no sólo el texto constitucional, sino a las políticas de gobierno que buscan un equilibrio entre el ejercicio del poder central del Estado boliviano y el respeto a las facultades derivadas de estas autonomías. El caso se vislumbra con mayor claridad en un artículo de Ernesto Tamara en el sitio web aporrea.org, donde se refiere a la actitud de los Prefectos (equivalentes a nuestros Intendentes) opositores ante las autonomías garantizadas en la nueva Constitución, al decir que: “Morales denunció que los prefectos opositores, que en las negociaciones de los últimos meses del pasado año avalaron la nueva constitución tras las reformas introducidas, ahora están operando por el No. En un acto en el departamento de Santa Cruz, sostuvo que está seguro que la derecha internacional, y el saliente gobierno norteamericano de George Bush, instruyó a sus «operadores internos para impedir la aprobación del nuevo texto constitucional, después que dijeron que sí durante los días de las negociaciones». En ese sentido ejemplificó el cambio de actitud del partido Unidad Nacional (UN), que había apoyado la reforma, y ahora su principal figura, el empresario Samuel Doria Medina, aparece en algunos medios de comunicación para pedir el voto por el No, aunque esta posición es rechazada por otros militantes de ese partido como los diputados Alejandro Colanzi y Guillermo Mendoza, que apoyan el Sí. De acuerdo con el líder del MAS, en la postura de los opositores Rubén Costas, máxima autoridad local de Santa Cruz, Ernesto Suárez (Beni), Mario Cossío (Tarija) y Sabina Cuellar (Chuquisaca) hay una contradicción. “Ellos se declaran autonomistas y ahora promueven el No a una Constitución garante de ese estatus”, comentó. Morales recordó las casi 60 competencias autonómicas plasmadas en el texto, la mayoría de ellas exclusivas. El presidente advirtió también a los opositores que de ganar el NO, el anhelo de las autonomías deberá aplazarse por varios años(…)”2

En cuanto a las esperanzas de que la nueva Constitución sea aprobada, en lo estadístico se refleja que encuestas realizadas a principios de enero mostraban los siguientes porcentajes de aprobación por departamentos: La Paz: 86% , Oruro: 88%, Potosí: 85%, Chuquisaca: 47%, Cochabamba: 67%, Tarija: 47%, Santa Cruz: 41%, Beni: 57%, Pando: 53%, porcentajes que han variado desde entonces debido a la fuerte campaña mediática impuesta para rechazar el proyecto constitucional. Sin embargo, contra lo que se pueda pensar, estos porcentajes no son suficientes para sacar cuentas alegres, ya que un factor muy importante es el alto porcentaje de indecisos, que pueden aún inclinar la balanza hacia uno u otro lado, porcentajes de incertidumbre que pueden llegar en algunos departamentos al 31% de los encuestados.

En Chile, el cerco comunicacional de los medios de información “oficiales” ha sido riguroso en presentarnos el proceso boliviano como una experiencia primitiva, utópica y sin un norte claro, cosa que es absolutamente irreal, como lo prueba la posibilidad concreta de cambiar las estructuras del país a través de un referéndum que nunca contó con el apoyo de las instituciones vigentes en ese país, (como el mismo Poder Judicial) y que ha sido defendida aún a costa de la vida de campesinos y obreros, como el caso emblemático de la matanza de Pando en 2008. Es por eso que es necesario estar atentos a los sucesos que se darán en Bolivia en los próximos días, ya que un inesperado giro a la derecha al rechazar el nuevo texto puede servir de base no sólo para un proceso de derrota del movimiento social en ese país, sino además puede llegar a ser un negativo referente para nuestros intentos por generar cambios en la sociedad chilena que se relacionen con los acontecimientos ocurridos allá, como la cohesión de los distintos organismos sociales e, incluso, la esperanza de una Asamblea Constituyente que se avecina como la gran propuesta de los sectores excluidos para refundar el país durante los tiempos que vienen en adelante.

Patricio Bravo A.

Red de Estudiantes y Ciudadanos por la Asamblea Constituyente

Asamblea Nacional por los Derechos Humanos

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