El abogado de la actual expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, José Eduardo Cardozo, anunció este miércoles que presentará por lo menos dos recursos ante el Tribunal Supremo en contra la decisión del Senado Federal de destituir a la presidenta electa constitucionalmente y de sustituirla por el vicepresidente Michel Temer, quien venía ocupando la presidencia interina desde el 12 mayo.
Según publica TeleSUR, poco después de que el Senado, por 61 votos a favor y 20 en contra, destituyera a la presidenta; el también exministro de Justicia alegó que denunciará ante la Tribunal Supremo de Justicia que Rousseff fue destituida sin justa causa y alegará que el derecho de defensa de la mandataria fue cercenado en diversas etapas del proceso que comenzó en diciembre de 2015, cuando la Cámara de Diputados aceptó los trámites para iniciar el juicio.
El exministro también denunció la actitud de varios senadores que afirmaron que no importaba lo que la defensa hiciera en favor de evitar la destitución porque nada cambiaría la decisión. «Eso es una ofensa sustantiva al debido proceso legal», afirmó al respecto.
El defensor de Rousseff reconoció que algunos miembros del Tribunal Supremo se negarán a aceptar los recursos que él introduzca contra una decisión del Senado Federal y sólo aceptarán apelaciones contra la forma en que se desarrolló el impeachment. Pero aún así, Cardozo señaló que dejará de insistir en que la votación sea anulada.
Una práctica habitual
La mandataria fue suspendida de sus funciones el 12 de mayo porque el Senado decidió juzgarla por presunta manipulación de las cuentas públicas en 2014 (año de su reelección) y a inicios de 2015, por lo que se le acusó de violar la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo que la Constitución acepta como justificantes para una destitución presidencial.
Pero a lo largo del proceso, múltiples testigos, entre los que destaca Luiz Cláudio Costa, exsecretario ejecutivo del Ministerio de Educación, han afirmado que las acciones de Rousseff son una práctica común. Costa, por ejemplo, recordó que la emisión de decretos suplemantarios para esa cartera es una práctica adoptada desde 2008 por decisión del propio Tribunal de Cuentas de la Unión.
Cardozo se ha hecho eco de estas declaraciones y reiteró que Rousseff, no cometió ningún crimen que justifique su destitución porque las medidas por las que fue condenada son una práctica habitual en todos los gobiernos de Brasil.