Brasil: Destitución de Rousseff arrastraría a promotores del juicio político

Con 367 votos a favor, 137 en contra, siete abstenciones y dos ausentes quedó aprobado este domingo el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff por la Cámara de Diputados de Brasil

Meritxell Freixas

18/04/2016 1:54pm

Con 367 votos a favor, 137 en contra, siete abstenciones y dos ausentes quedó aprobado este domingo el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff por la Cámara de Diputados de Brasil.

Las intenciones de la derecha de Brasil de acortar el mandato de la presidenta Dilma Rousseff mediante la destitución a través de un juicio político, calificado por la mandataria como un golpe de Estado, tienen al país en un complejo escenario político.

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El profesor de Ciencia Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Estácio de Sá (Brasil), Fernando de la Cuadra, explicó a El Ciudadano que «la sensación de un fin de ciclo es muy poderosa» y que «la mayoría del pueblo brasileño considera que ya nos encontramos en el comienzo del fin del Gobierno Dilma«.

En defensa de la presidenta Rousseff, el abogado del Estado, José Eduardo Cardozo, denunció que se trata de un juicio viciado que viola los principios del debido proceso legal.

Explicó que para configurarse un crimen de responsabilidad, tales actos tienen que ser practicados directamente por el presidente, de forma dolosa (deliberadamente y de mala fe) y durante el mandato que se imputa, cosa que no ha sucedido. Por ello, el juicio político que acaba de aprobarse no cumple con esas condiciones «es inconstitucional, ilegal y por consiguiente constituye un golpe de Estado».

¿Cómo sigue el proceso?

La discusión continuará ahora en el Senado, primero a cargo de una comisión conformada por 21 miembros que, posteriormente, si aprueba la solicitud, trasladará la votación al plenario de la cámara. Éste ratificará o no la medida por una mayoría simple (la mitad más uno) de la sala. Si el proceso contra la presidenta de Brasil prospera, la mandataria tendría que abandonar el cargo de manera provisional por seis meses, mientras la Cámara alta tomará la decisión y emitirá el veredicto final, que tiene que ser aprobado por dos tercios (54) de los 81 senadores. Durante este período sería el vicepresidente, Michel Temer, quien asumiría el poder.

Temer forma parte del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que rompió su alianza con el Partido de los Trabajadores (PT). Sobre él también pesa una solicitud de juicio político que de continuar obligaría al país a adelantar las elecciones presidenciales.

De la Cuadra señaló que «el gran problema que se presenta ahora, es que la alternativa de ser gobernados por Michel Temer es bastante sombría, porque el vicepresidente no reune las condiciones de legalidad, legitimidad ni credibilidad para iniciar un proceso de recuperación económica y unidad nacional».

Y agregó: «Existen varios recursos en su contra en los tribunales y en la propia Cámara, los que fueron archivados por su principal aliado que ocupa actualmente la presidencia de la Cámara, Eduardo Cunha, un personaje siniestro y manipulador que se encuentra condenado por corrupción por el Supremo Tribunal Federal (STF). Sin embargo, el mismo STF resolvió que dichos procesos deben ser considerados y ordenó a Cunha su inmediata apertura».

En caso de que prospere el juicio político contra Michel Temer, sería el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien asumiría el poder. Un escenario que, para el experto, es «realmente lamentable y muy peligroso». El presidente de la Cámara también es acusado por el STF de corrupción y blanqueo de capitales por cobrar comisiones a cambio de la concesión de contratos públicos de Petrobras. Una vez en el poder, deberá llamar a elecciones dentro de 90 días para elegir a un nuevo jefe de Estado.

En este contexto, el académico sostuvo que «probablemente la mejor alternativa es que la chapa Rousseff-Temer sea impugnada por el Tribunal Superior Electoral por uso de recursos fraudulentos en la campaña de 2014 y se convoque a nuevas elecciones». Un hecho que, dice, «debería acontecer antes de fin de 2016, pues a partir del próximo año la elección es realizada de manera indirecta por el Congreso». Y añadió: «Y sabemos a esta altura que el actual Congreso es dominado por muchas mafias y grupos de intereses financiados por grandes empresas contratistas, por la bancada ruralista y del agronegocio, la industria farmaceutica, empresas de seguridad, grupos financieros, sectas evangélicas, etc.».

El de la presidente Rousseff sería el segundo juicio de destitución en Brasil desde el fin del régimen militar (1964-85). El primero le costó el cargo al presidente liberal Fernando Collor en 1992.

Meritxell Freixas