Después del triste espectáculo protagonizado por la Cámara de diputados que dio luz verde para la admisibilidad del proceso de impeachment, ahora es el senado quien debe decidir si aprueba o rechaza la apertura del proceso. La previsión es que ello sucederá el día 11 de mayo. La oposición ya cuenta con más 41 votos favorables para la casación del mandato de la presidenta, por lo que es altamente probable que Dilma Rousseff sea apartada del cargo por 180 días, lugar que asumirá el actual vice-presidente Michel Temer, un personaje que ha conspirado entre bambalinas la destitución de la mandataria. De una mera figura decorativa se ha transformado en el principal instigador del golpe institucional y parlamentario que se cierne sobre el país.
A pesar de todos los argumentos que pueda esgrimir la oposición, es indiscutible que lo que se encuentra en curso es un golpe político disfrazado de procedimiento jurídico, impulsado por quienes perdieron las elecciones y por otros aspirantes al poder que nunca lo conseguirían por medio del escrutinio popular. Ello quedó aún más evidencia a partir de una exposición secuencial de los motivos más bizarros invocados por los diputados que votaron a favor del impedimento: Dios, la familia cuadrangular, el cumpleaños de la nieta, la paz de Jerusalén, el sector agropecuario, etc.
De consumarse el golpe, un primer escenario que se vislumbra a más corto plazo, es que Michel Temer asumirá interinamente la presidencia, mientras concluye el proceso contra Dilma Rousseff. La previsión es que una absolución o condenación definitiva (en este caso se requieren 54 de 81 votos) recién sea realizada a mediados de septiembre -antes de las elecciones municipales del 2 de octubre- periodo en el cual pueden ocurrir muchas cosas. Aunque existen algunas razonables incertezas, por la actual composición del Senado y por el efecto estampida que se observó en la Cámara, todo parece indicar que la tendencia es que la presidenta sea condenada y automáticamente destituida, asumiendo Michel Temer el cargo de presidente en forma definitiva hasta concluir el mandato en diciembre de 2018. Además de la casación, Dilma Rousseff quedaría inhabilitada durante ocho años para ejercer cualquier tipo de función pública.
Asimismo, el propio Michel Temer tampoco está libre de ser objeto de otro proceso de impedimento en su contra. En efecto, ya existe un proceso derivado de una acción popular que se encuentra estacionada en la Cámara en espera de una resolución de admisibilidad por parte de su presidente. Este recurso se sustenta en el hecho de que cuando ocupó interinamente el cargo de presidente por ausencia de la mandataria, Michel Temer también firmó algunas resoluciones que constituyeron “pedaladas fiscales”, es decir, existen fuertes indicios de que igualmente incurrió en crimen de responsabilidad fiscal.
Por otra parte, existe la posibilidad de que sea sancionado próximamente un parecer del Supremo Tribunal Electoral (TSE) que debe impugnar la chapa Rousseff-Temer por financiamiento ilícito de la campaña presidencial de 2014. Si este proceso se sanciona antes de la primera mitad del actual mandato (diciembre de 2016), se anula la chapa vencedora de la última elección y asume interinamente el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, que deberá convocar a nuevas elecciones en un plazo de 90 días. Si la casación ocurre a partir de la segunda mitad de mandato, la elección del nuevo mandatario o mandataria es realizada indirectamente por el Congreso Nacional. En esta hipótesis y considerando el conservadurismo y la baja índole moral del actual Congreso, no es para nada remota la posibilidad de que el escogido sea aun peor que Michel Temer y su cuadrilla del PMDB. El propio Eduardo Cunha, un personaje siniestro y declarado reo por el Supremo Tribunal Federal (STF) por innumerables casos de corrupción, puede llegar a ser, en función de sus articulaciones, el próximo presidente de Brasil. Esta posibilidad representa un futuro más que tenebroso para el país.
Además existe la alternativa de la renuncia inmediata de la presidenta y la convocación a nuevas elecciones. Pero a juzgar por las declaraciones de sus asesores y de la propia mandataria, la defensa de su inocencia va a ser llevada a cabo hasta la instancia final del juicio en su contra. De igual manera, Michel Temer también puede renunciar en caso de asumir la presidencia y llamar a nuevas elecciones. Ello va a depender de la vulnerabilidad que tenga, ya sea por los problemas de legitimidad que pesan en su contra, por una escalada de movilizaciones populares y una consecuente situación de ingobernabilidad en todo el país o por el avance del proceso de inhabilitación en su contra que lo dejaría inmune a una alta inestabilidad jurídica y administrativa.
Lamentablemente todos estos posibles escenarios permiten augurar que Brasil continuará sumergido en una crisis política profunda, a la que se viene a sumar una recesión económica grave y una casi completa falta de credibilidad moral y ética en la clase política y empresarial. Lo más previsible es que Brasil sea palco de muchas manifestaciones de protesta y descontento en un clima de creciente conflictividad, que ni siquiera la próxima Olimpiada podrá atenuar. Sin embargo, pensando dialécticamente, ello también puede representar una oportunidad para que las fuerzas progresistas se unan en torno a un amplio bloque histórico que impulse un proyecto de transformación con el fin de preservar y superar las conquistas ya alcanzadas.
Fuente: El Clarín
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