Cinco organizaciones políticas brasileñas -Partido de los Trabajadores, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Socialismo y Libertad y Partido Democrático Laborista- presentaron ante el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados una solicitud para retirar el escaño a Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de la República, Jair Bolsonaro, alegando una conducta antidemocrática.
Este martes 5 de noviembre, las mencionadas organizaciones denunciaron que el diputado Bolsonaro abogó recientemente por reactivar el Acta Institucional 5 (AI-5), un decreto ejecutivo que endureció la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.
Asimismo, los partidos de oposición repudian que el mismo Bolsonaro sugirió también en un discurso en la Plenaria, el regreso del régimen militar.
La referencia es a una entrevista publicada el jueves 31 de octubre, en la que Eduardo Bolsonaro propuso que si la izquierda en Brasil «se radicaliza», una posible respuesta debería ser la reedición de «un nuevo AI-5».
Así lo señaló al ser interrogado sobre las protestas en Chile y la elección del candidato kirchnerista, Alberto Fernández, como nuevo Presidente de Argentina, con quien su padre, Jair Bolsonaro, ha tenido enfrentamientos verbales.
“Llegará un momento en que la situación será la misma que a finales de la década de 1960 en Brasil, cuando secuestraron aviones, ejecutaron y secuestraron a las principales autoridades, cónsules, embajadores, ejecuciones policiales y militares. Si la izquierda se radicaliza hasta este punto, necesitaremos una respuesta. Y la respuesta, podría ser a través de un nuevo AI-5, a través de una legislación aprobada en un plebiscito, como sucedió en Italia», fueron sus palabras.
Declaraciones peligrosas
Quienes lo señalan sostienen que sus declaraciones violan el Artículo 3 del Código de Ética de la Cámara, que obliga a los parlamentarios a respetar la Constitución y a valorar las instituciones democráticas y las prerrogativas de la legislatura.
De igual manera, los diputados que lo acusan también afirman que Bolsonaro violó los artículos 286 y 287 del Código Penal, que tratan de la incitación y la disculpa por el delito.
“La Constitución Federal de 1988 estableció la República Federativa de Brasil como un Estado de derecho democrático, basado en la soberanía popular y elecciones libres y periódicas. Es inaceptable que un parlamentario electo rompa el orden democrático invocando el regreso de AI-5, por el cual los derechos políticos del pueblo brasileño se vieron brutalmente afectados”, dice un comunicado.
De acuerdo con las reglas de la Cámara, la acusación será revisada por el Consejo de Ética, donde Eduardo Bolsonaro puede defenderse. La instancia, al final del proceso, emitirá una opinión recomendando la revocación o no del parlamentario.
Sin embargo, la última palabra recaerá en el Pleno de la Cámara, donde la decisión de perder su investidura como diputado debe aprobarse por mayoría absoluta, con al menos 257 votos.
El comentario provocó reacciones en el propio PSL, el partido del hijo del Presidente. En una nota firmada por el diputado Luciano Bivar, el directorio nacional de la tolda califica sus palabras como un «intento de golpe al pueblo brasileño», pues va «contra cualquier iniciativa que resulte en la eliminación de los derechos y las garantías constitucionales».
Después de la repercusión negativa, Eduardo Bolsonaro se retractó, diciendo que el «tal vez» no estaba contento al mencionar AI-5. No obstante, sugirió que la interpretación de su discurso fue ‘tergiversada’ y argumentó que disfruta de la inmunidad parlamentaria.
Qué es la polémica AI-5
La agencia BBC recuerda que la Ley Institucional No. 5 (AI-5) se emitió en 1968, durante el período más difícil de la dictadura militar, y resultó en el cierre inmediato e indefinido del Congreso Nacional y las asambleas legislativas estatales, y suspendió las garantías constitucionales.
Asimismo, la ley permitió que los derechos políticos fueran revocados brevemente y suspendió el hábeas corpus, un recurso legal que sirve para detener abusos como los arrestos y encarcelamientos ilegales. También significa la casación de jueces y el cierre del poder judicial.
Posteriormente, el período que vino después del AI-5 estuvo marcado por una censura y una represión política intensas, con torturas y asesinatos a opositores del régimen dictatorial.
¿Son un delito sus palabras?
Desde Sao Paulo, el profesor de Derecho Constitucional Roberto Dias explicó a BBC News Brasil que la Constitución garantiza que Eduardo Bolsonaro no será castigado «por ninguna de sus opiniones, palabras y votos». Esto se llama la «inmunidad parlamentaria» prevista en el artículo 53.
No obstante, aclara que «esta garantía (inmunidad) no es una protección de la persona del parlamentario, sino de la función parlamentaria misma, para que el Parlamento pueda ejercer su función de manera independiente, de modo que las ideas puedan circular libremente, ya que los legisladores representan a las personas», explica. Días
Además, agrega Dias, la propia Constitución también establece en el artículo 55 que el parlamentario puede perder su mandato de «violación del decoro», si hay «abuso de las prerrogativas (derechos)» otorgadas a los congresistas. Precisamente, ese es el argumento de la oposición para pedir la destitución del hijo del Presidente.
El diputado Alessandro Molon, líder de la oposición en la Cámara, denunció que Eduardo Bolsonaro «está utilizando la inmunidad parlamentaria para defender el fin de la democracia y la Constitución que ha jurado defender. Es una declaración grave e inaceptable que perjudica el decoro parlamentario».
Por su parte, el jurista Miguel Reale Jr., uno de los autores de la solicitud de juicio político que condujo al golpe institucional contra la expresidenta Dilma Rousseff, sostiene que el discurso de Eduardo Bolsonaro justifica un caso en su contra en el Consejo de Ética.
«Sin duda, es un caso para un proceso de juicio político contra el diputado. Habla en condición de diputado, de líder del partido de Gobierno e hijo del Presidente. Está amenazando (con una acción antidemocrática)», declaró Reale Jr. a BBC News Brasil.
Hasta dónde pueden llegar las acusaciones
El presidente del Consejo de Ética, Juscelino Filho, responsable de proceder con el proceso, clasificó la declaración de Eduardo como «muy grave» y ya ha declarado que la inmunidad parlamentaria «tiene límites».
«Las declaraciones son muy serias, porque parecen violar la Constitución Federal, amenazar el estado de derecho y ofender la democracia brasileña, especialmente porque fueron hechas por un político elegido por el voto popular y soberano, lo que sería una inconsistencia absurda, que él mismo más tarde reconoció disculpándose”, declaró Filho al medio VEJA.
En el caso del exdiputado Eduardo Cunha, quien era presidente de la Cámara, el proceso se prolongó durante meses, hasta que su casación fue aprobada en septiembre de 2016, reseñó BBC.
Ahora, para que el caso llegue a la Corte Suprema, la acusación no puede prosperar sin el respaldo del Fiscal General, Augusto Aras, ya que solo él puede solicitar la apertura de un proceso penal en contra de un diputado. Sin embargo, Aras asumió el cargo a finales de septiembre después de ser nombrado por el propio presidente Jair Bolsonaro.
Mientras todo eso ocurre, diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, junto con partidos políticos, protestaron este martes en varias ciudades en rechazo a la intención del diputado e hijo del Presidente de implementar medidas dictatoriales para reprimir sectores alternativos y de izquierda.
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