Fueron 450 abrumadores votos a favor frente a 10 insignificantes votos en contra (y 9 abstenciones) los que, el pasado lunes, destituyeron al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien también fue el principal acusador de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, suspendida definitivamente de su cargo por un juicio político.
Ahora es el propio Cunha, hasta el año pasado uno de los dirigentes más influyentes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del nuevo presidente Michel Temer, quien probará su propia medicina: perderá la inmunidad vinculada a su cargo y será llevado a la justicia ordinaria.
Cunha, quien renunció en julio a la Cámara de Diputados tras acusaciones de corrupción, tiene abiertas dos investigaciones por su presunta relación con el caso de corrupción Petrobras, conocido también como Lava Jato, por el que podría pagar una larga condena por dos acusaciones en su contra.
Una de las pesquisas le acusa de recibir al menos cinco millones de dólares en sobornos para facilitar la construcción de dos buques de perforación de la empresa petrolera. La otra, lo acusa de negar ante el Congreso ser dueño de cuentas bancarias en Suiza. Se cree que el político recibió y trasladó sobornos a cuentas secretas en este país.
De ser juzgado, al político se le podría sumar los años de prisión previstos para cada crimen o que se sancionen todos los delitos como partes de un mismo acto.
El juicio puede demorar ya que Cunha iría preso sólo después de que su defensa agote todos los recursos en todas las instancias de justicia.
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