Por 102 votos a favor ayer fue aprobado en la sala de Cámara de Diputados el informe de la comisión que investigó el caso Caval, concluyendo que la empresa de la nuera de la Presidenta de la República es una “empresa de lobby” que se dedicaba al “tráfico de influencias o abuso de poder” de la nuera de la Presidenta. Así de concreta y lapidaria es la conclusión a la que –tras dos comisiones ad hoc– arribaron los diputados que investigaron los hechos en los que se encuentra involucrada Natalia Compagnon.
La comisión Caval 2, presidida por el diputado (DC) Gabriel Silber determinó responsabilidades directas sobre los socios de la empresa Caval, Natalia Compagnon y Mauricio Valero, así como un eventual “tráfico de influencias” llevado a cabo por la nuera de la Jefa de Estado para concretar la operación bancaria que permitió a la empresa la adquisición de un terreno en la comuna de MAchalí, por un monto de 6 mil 500 millones de pesos; operación gestionada de manera directa a través del presidente del Banco de Chile, el empresario Andrónico Luksic.
Aunque se suponía que la presión mediática no le daría espacio a la ambigüedad a la hora de deslindar responsabilidades en torno al caso judicial que envuelve a la familia de la Presidenta Michelle Bachelet, ayer la sala de la Cámara aprobó por unanimidad el informe de las dos comisiones investigadoras que conocieron los antecedentes, y que permitieron concluir que Caval era una “empresa de lobby”.
En relación a la esposa de Sebastián Dávalos, el informe concluye que “las declaraciones de los involucrados y la forma del otorgamiento del crédito, claramente permite acercarse a la teoría de la configuración de una causal para investigar la existencia de un eventual tráfico de influencias o abuso de poder por parte de Compagnon”, señala el escrito.
El informe parlamentario final señala que más que ser una empresa con un giro y experticia en particular, “Caval era más bien una suerte de empresa de Lobby, cuyo perfil y ventaja comparativa radicada justamente en sus vínculos y conexiones político- que le generaron en muy pocos años ganancias y contratos muy por sobre la media de empresas similares”.
Del mismo modo, la conclusión de los honorables permite establecer que “siendo además, estas actividades relacionales, el ambiente ideal para generar dados los vínculos de la empresa Caval, posibles escenarios de tráficos de influencia, uso de información privilegiada u otros delitos o infracciones administrativas hoy investigados por la Justicia y que tienen como germen la infracción de deberes de abstención en el uso de relaciones posicionales que solo franquean al estar en el entorno cercano de quien a la postre será Presidente de la Republica”.
Cabe destacar que no obstante haber sido invitados a dar su testimonio, tanto Natalia Compagnon como Sebastián Dávalos, no concurrieron a ninguna de las dos comisiones de la Cámara de Diputados que investigó el caso Caval. Tampoco se presentó el socio de la empresa, Mauricio Valero.
REACCIONES
“Aquí los miembros de la familia presidencial las influencias que en virtud del apellido pudieron lograr para realizar negocios”, manifestó el diputado (UDI) Felipe Ward. “Qué tanto sabe Cristián Riquelme que tanto lo defiende La Moneda”, se preguntó el diputado (UDI) Issa Kort respecto al administrador del Palacio presidencial, quien se reunión en la sede de gobierno con el operador político –vinculado al gremialismo– Juan Díaz, oportunidad en que éste le pido a Riquelme para que intercediera en una deuda de 300 millones de pesos que tenía Natalia Compagnon mantenía con él.
En tanto, el futuro presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade, se manifestó de acuerdo en remover de su cargo a Riquelme, “pero sea el producto de un procedimiento distinto, en el que él tenga derecho a defenderse también, por qué no”.