Agencia Reforma
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 457 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Esto luego de que la sesión pasada llamaron a un receso para llegar a acuerdos.
Al arrancar la discusión en lo particular de los artículos reservados, el Pleno ha aceptado distintas modificaciones, como las siguientes.
Se avalaron las cinco reservas presentadas por el diputado de Morena, Francisco Javier Borrego Adame, relativas a la adición al concepto de persona permisionaria; se agregó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que junto a las entidades federativas coordinación con los municipios y las demarcaciones territoriales de Ciudad de México, otorgan permiso o autorización a personas físicas o morales para que suministren el servicio de transporte para satisfacer las necesidades de movilidad de las personas, bienes mercancías; entre otras.
Así como la reserva presentada por el diputado del PRI, Ildefonso Guajardo, en la que se incorpora a las Secretarías de Economía, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Seguridad y Protección Ciudadana; así como la de Salud, para integrarse al Sistema Nacional.
Además se avaló la reserva presentada por el diputado de Morena, Pablo Amílcar Sandova, referente a la obligación de emitir regulaciones técnicas de seguridad en vehículos nuevos, mismo que se elimina y se deja de manera opcional en las Normas Oficiales.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en México es perfectible y mejorable, pero debe aprobarse para que el País cumpla con los compromisos internacionales en materia de movilidad sustentable, además de reducir el riesgo de muertes y accidentes viales.
Miguel Guzmán Negrete, director del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi), indicó que si bien la Ley es perfectible, y todos los actores involucrados han participado de forma activa manifestando sus puntos a favor y en contra, es urgente su aprobación.
Recordó que uno de los objetivos principales de dicha Ley es formar sistemas seguros para proteger a los peatones, quienes son los más vulnerables a los accidentes de tráfico, y privilegiar el traslado de las mercancías de manera ecológica y eficiente.
«Hay detalles que se tienen que cambiar, es cierto, y esperamos que todos lleguemos al buen entendimiento y buena voluntad para que se apruebe la Ley que seguro no será perfecta, pero que se puede modificar en el camino».
Miguel Guzmán Negrete
Director del Cesvi
El director de Cesvi destacó que de no aprobarse dicha Ley se estarían permitiendo que al año se concreten 2.5 millones de choques a nivel nacional con 400 mil lesionados, y que diariamente mueran 44 personas en accidentes viales en edades entre los 18 a los 30 años.
De acuerdo con Cesvi México, el País ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en donde más muertes por accidentes de tránsito ocurren; se ubica por debajo de Estados Unidos, India, Brasil y pierde alrededor 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) por estos hechos.
La normatividad, de acuerdo con Guzmán Negrete, contempla sanciones a quienes conduzcan bajo el efecto del alcohol, así como para quienes no utilicen el cinturón de seguridad. También se prevé que haya una homologación de los registros de los conductores y de las licencias que se expidan a nivel nacional.
«Esta Ley también busca reducir los límites de velocidad, que se destine presupuesto para generar mejores sistemas de transporte y que todo vehículo cuente con seguro de daños a terceros, entre otros».
En semanas pasadas la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) manifestó que de aprobarse la iniciativa de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en términos en que fue admitida se correría el riesgo de que desaparecieran 150 mil permisionarios registrados ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Lo anterior dado que en su artículo tercero define como permisionarios de transporte de carga sólo a quienes cuenten con autorización de los gobiernos estatales y municipales y no así a los que ya cuentan con un permiso ante la SICT.
Asimismo, miembros del sector automotriz han solicitado modificaciones en su artículo 54 bajo el argumento de que se podía crear una «barrera técnica» de comercio, al establecer que cualquier auto que se venda cumpla con estándares de seguridad internacionales, como obligación y no como opción, lo que podría elevar el precio de las unidades.
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Foto: Agencia Enfoque
Con información de Político