La sesión contó con la presencia de la ministra de Educación, Adriana Delpiano; el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, y del Director del Servicio de Impuestos, Fernando Barraza, y tuvo como objetivo analizar la situación de la Universidad Andrés Bello y su vinculación con las operaciones financieras realizadas en el país y en el extranjero por el Grupo Laureate, así como de otras universidades respecto de la prohibición legal de lucrar a la cual se encuentran sujetas.
El grupo Laureate creado en 1998, reúne a 76 instituciones de educación superior en 28 países, entre los que se encuentran Brasil, Perú, Ecuador, Chile, México, Costa Rica, Panamá, Honduras, Estados Unidos, además de la Unión Europea y Asia. En Chile, son dueños de la Universidad de Viña del Mar, Andrés Bello, AIEP, Las Américas y la Escuela Moderna de Música.
Actualmente existe una investigación por las denuncias sobre deficiencias académicas planteadas por las y los estudiantes, además de la necesidad de dilucidar las diversas acusaciones de lucro de las que ha sido objeto la Universidad Andrés Bello. Los antecedentes son materia reservada de la investigación, sin embargo, en la sesión extraordinaria de hoy el director del SII, Fernando Barraza fue enfático en señalar que en las otras investigaciones el grupo Laureate no ha actuado contra las normas tributarias chilenas.
Frente a ello, algunos parlamentarios, entre ellos, el diputado DC Mario Venegas, indicó que “evadieron impuestos, fueron negligentes y creo que hay un fuerte lobby de intereses relacionados con el SII”.
En el mismo sentido, el diputado Gabriel Boric se refirió a que en Chile existe una legislación débil, que ha permitido a vista y paciencia de todos los chilenos, y en particular de los estudiantes y sus familias, se estén retirando utilidades en vez de reinvertirlas en los planteles educativos. “No se trata de hacer distinciones entre los estudiantes que concurren a las diferentes instituciones, sino justamente proteger su condición y que la educación sea defendida como un derecho”.
ESTUDIANTES UNAB
Hasta las tribunas de la Cámara de Diputados llegaron estudiantes, profesores y autoridades de la Universidad Andrés Bello para –según indicaron- limpiar la imagen de la universidad, demostrar que el grupo Laureate no ha lucrado con la educación, que grupos ideologizados no lograrán estatizar las Universidades privadas, y que se respete la libertad de elegir.
En ese sentido, el estudiante de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar , Gonzalo Neira destacó que este es un hito importante, ya que es la primera vez que se juntan las tres sedes de la Universidad (Viña del Mar, Santiago y Concepción) en el Congreso Nacional con la finalidad de defender la Universidad ante los hechos a nivel nacional en los que se encuentra involucrada. Indicó además que el consorcio Laureate ha sido enfático en señalar que “su negocio en Chile es la prestación de servicios a universidades y no a la educación”, por lo cual su ganancia se da por los servicios, como ocurre en todas las universidades de Chile, finalizó Neira.
Por otra parte, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNAB sede Viña del Mar, Nathaly Campusano indicó que “para nosotros esto no es ninguna novedad, esto se viene planteando por lo menos desde el 2011, donde se ha manifestado la realidad de diferentes planteles a nivel nacional donde han existido irregularidades relacionadas con el lucro en la educación. Lo que hicieron hoy los diputados de derecha fue principalmente jugar con el rol de la familia, cubriendo el Estado subsidiario que claramente denota en un Estado del lucro. No queremos lucro en la educación sin importar el origen de la institución”.
El diputado Giorgio Jackson, al ser interpelado por el rol del Servicio de Impuestos Internos en los temas tributarios, y considerando que Laureate tiene extensión tributaria, envía remesas a Estados Unidos, y no entrega la información a quien corresponde, señaló que “este es un tema que no solamente nos preocupa sino también nos ocupa. Me he juntado con el fiscal Carlos Gajardo, y le hemos enviado oficios al director del Servicio de Impuestos Internos para que se querelle precisamente por el no pago de impuestos. Además presentamos un proyecto de ley para que además se querelle el Ministerio Público”.
En la sesión se mostraron también los principales hallazgos respecto al funcionamiento de las universidades estatales, por lo que la Contraloría General de la República se comprometió a fortalecer el sistema de control en el proyecto de ley de Educación Superior.
Además hubo intervenciones por parte de los estudiantes, relacionadas con el Crédito con Aval del Estado (CAE), y de las profesoras y profesores jubilados en relación con el Pago de la Deuda Histórica.
SOBRE LAS RESOLUCIONES
Las y los diputados aprobaron, con 58 votos a favor, la resolución 734, de los diputados Marcos Espinosa (PRSD), Cristina Girardi (PPD), Alejandra Sepúlveda (MIRAS), Alberto Robles (PRSD),Yasna Provoste (DC), Gabriel Silber (DC), Giorgio Jackson (RD) y Osvaldo Andrade (PS).
El texto solicita a la Presidenta otorgar urgencia al proyecto de ley que regula los procesos de cierre de carreras en las instituciones de educación superior.
Posteriormente, la Sala respaldó, con 35 votos a favor y 22 abstenciones, la resolución 735, de los diputados Yasna Provoste (DC), Claudio Arriagada (DC), Iván Flores (DC), Patricio Vallespín (DC), Mario Venegas (DC), Marcela Hernando (PRSD), Loreto Carvajal (PPD), Cristina Girardi (PPD), Enrique Jaramillo (PPD) y Daniel Núñez (PC).
El documento entrega el absoluto respaldo a la labor de fiscalización que está desarrollando la Ministra de Educación, a fin de investigar posibles infracciones a las normas del sector que regulan la proscripción del lucro en las universidades privadas. «En particular, esta Corporación valora y apoya decididamente las investigaciones que ha instruido y está llevando a cabo el Ministerio de Educación respecto de las universidades perteneciemtes al Grupo Laureate, así como de otras universidades que puedan estar incurriendo en prácticas de lucro», agrega el texto.
A continuación, se sancionó la resolución 736, de los diputados UDI María José Hoffmann, Jaime Bellolio, Gustavo Hasbún, Jorge Ulloa, Juan Antonio Coloma, Renzo Trisotti y Sergio Gahona, la que recibió 40 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones.
La iniciativa llama a perfeccionar el sistema de acreditación actual, para que sea capaz de entregar información relevante y pertinente para que los futuros estudiantes, sus familias y los demás actores interesados puedan contar con los antecedentes necesarios para una buena toma de decisiones, como por ejemplo, remuneraciones promedio de titulados, tiempo promedio de empleabilidad, entre otros.
En segundo lugar, pide generar algún tipo de sistema que permita controlar aquellos casos en que las instituciones de educación superior ponen en peligro la calidad y continuidad de los estudios de sus alumnos. Para ello, precisa el texto que la institucionalidad debe ser revisada y perfeccionada. «Una opción viable sería que las instituciones de educación superior que no logren acreditar después de cierta cantidad de intentos o de cierto periodo, deban volver al proceso de licenciamiento llevado a cabo por el Consejo Nacional de Educación. De esta manera, se supedita el actuar de la institución a un órgano que hoy cuenta con las facultades y capacidades para supervigilarla, y a la vez se vela por la continuidad de estudios de sus alumnos o estudiantes».
También se solicita definir claramente qué organismo, bajo qué procedimientos y con qué atribuciones se fiscalizará el cumplimiento de las diversas normas legales y aquellas que las mismas instituciones establezcan en sus estatutos.
Por último, la resolución indica que, de legislar sobre educación superior, es fundamental que la fiscalización y el cumplimiento de requisitos, restricciones y obligaciones por parte de las instituciones de educación superior vayan también acompañados de las normas de acreditación y de financiamiento que se aplicarán al sistema, por cuanto una discusión de esta envergadura requiere de una visión completa de las modificaciones que se pretende realizar. «El conjunto de normas que forman la institucionalidad deben ser analizados desde un punto de vista global, no siendo razonable por tanto proceder a discutir por separado cada una de las modificaciones que se pretende hacer».
La resolución 737, de los diputados Karol Cariola (PC), Alejandra Sepúlveda (MIRAS), Gabriel Boric (Ind), Daniel Núñez (PC), Guillermo Teillier (PC), Roberto Poblete (Ind), Claudio Arriagada (DC), Cristina Girardi (PPD), Maya Fernández (PS) y Loreto Carvajal (PPD), recibió 34 votos a favor, 16 en contra y 9 abstenciones.
La propuesta solicita a la Presidenta de la República que incorpore en el proyecto de ley sobre educación superior, indicaciones para que el lucro en este sector de la enseñanza sea un delito y reciba sanciones administrativas y penales; y para crear un Fondo de ampliación de matrícula en las instituciones de Educación Superior del Estado, para absorber nuevos estudiantes y aquellos de instituciones cuestionadas, como es el caso de las instituciones del grupo de empresas Laureate.
Finalmente, la resolución 738, de los diputados Cristina Girardi (PPD), Alejandra Sepúlveda (MIRAS), Mario Venegas (DC), Felipe Letelier (PPD), Karol Cariola (PC), Claudio Arriagada (DC), Daniel Núñez (PC), Yasna Provoste (DC), Roberto Poblete (Ind) y Giorgio Jackson (RD), recibió 39 votos a favor y 19 abstenciones.
La iniciativa solicita a la Presidenta Bachelet crear una herramienta de fiscalización permanente en el Ministerio de Educación, a cargo de la investigación y eventual sanción a las universidades privadas que lucran, en contravención a la legislación vigente. A la vez, se solicita a dicho Ministerio que patrocine la moción, que busca penalizar el lucro en las universidades.
Adicionalmente, llama a que el Mineduc transparente a la Cámara de Diputados todos los procedimientos administrativos de fiscalización que se hayan iniciado por la prohibición de lucrar, enviando todos los antecedentes de su substanciación, y su resolución en su caso.
También piden al director del Servicio de Impuestos Internos transparentar y responder los diversos requerimientos de fiscalización que le ha dirigido la Cámara de Diputados, dando claridad acerca de las operaciones tributarias de las universidades señaladas, sus sociedades coligadas y sus controladores.
Por último, solicita a la Contraloría General de la República que fiscalice todos los fondos que hayan ingresado a las universidades privadas, de tal manera de examinar que su inversión sea destinada a los fines propios de las instituciones. (Fuente de las resoluciones: www.camara.cl)
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