Políticos recuerdan que fue Ricardo Lagos quien suprimió la pena de cárcel al delito de colusión

Ricardo Lagos

Las condenas al nuevo caso de colusión cruzan todo el espectro político, al gobierno y hasta las mismas cúpulas empresariales. Tanto así, que incluso han comenzado a proponer medidas con sanciones más duras que incluya la prisión. Desde el Partido Comunista hasta la UDI. La diputada del PC Camila Vallejo dijo en una entrevista con el canal vía X este viernes que fue el ex presidente Ricardo Lagos quien eliminó la pena de cárcel al delito de colusión, evento que fue también recordado por el senador de la UDI Víctor Pérez.

La diputada Vallejo dijo en ese espacio de televisión que Lagos es un neoliberal y advirtió sobre las consecuencias que podrían derivar de un eventual nuevo mandato del ex presidente. “En materia económica no me parece nada de izquierda. Es una persona que ha ido en la línea de la libertad de empresa. Ha caído muy bien a los empresarios en Chile, justamente por eso”, añadió Vallejo. Lagos, recordemos, ya ha comenzado a aparecer nuevamente en las encuestas de opinión como carta presidencial para el 2017.

El senador UDI Víctor Pérez Varela enfatizó la necesidad de endurecer la legislación que castiga estas prácticas. “La colusión es un cáncer que atenta seriamente contra la libertad y tiene que ser combatido con fuerza, porque atenta contra las bases de nuestro sistema económico”, afirmó sosteniendo que “la economía de mercado es la que ha permitido a Chile el crecimiento económico, pero cuando los intereses empresariales se coluden, se provoca un grave daño que tenemos que castigar y corregir”.

Por esta razón el legislador expresó que “es necesario endurecer las normas que castigan estas malas prácticas y sería bueno analizar volver a penalizar estas acciones que afectan a los consumidores y a toda la economía”.

Asimismo, recordó que “fue un gobierno de izquierda, el de Ricardo Lagos, que mediante la Ley N° 19.911, eliminó el carácter penal de estas conductas y que de manera inexplicable despenalizó esta irregularidad y cambió la cárcel por sólo penas monetarias que no tienen ningún efecto para reprimir este tipo de hechos”. Lagos, cabe recordar, suprimió esta ley el 2003. El cartel del papel confort estuvo operativo durante más de diez años a partir del 2001.

Recalcó que “lamentablemente existen malos empresarios que no tienen ningún sentido de la ética y tienen una visión de corto plazo, realizando acciones sin pensar en el daño que le hacen al modelo”.

El senador Pérez Varela insistió que “en este tema quienes creemos en el sistema porque ha permitido avanzar y salir de la pobreza, tenemos que ser inflexibles en la defensa del modelo y eso pasa por reponer penas duras a quienes se coluden”.

Desde el oficialismo, el senador Alejandro Navarro salió al paso de la noticia de la colusión calificándola de obscena. “Basta, estamos en un punto de quiebre en la relación tanto de los políticos como de los empresarios con la ciudadanía. La señal que esperamos de Bachelet es que ponga discusión inmediata al proyecto que repone la pena de cárcel a la colusión”, abogó.

Luego aseguró que “la delación compensada debe ser anulada en el caso del cartel del ‘confort’. Esta opción fue creada con el objeto de proteger al primer auto-delator de las consecuencias civiles, no para utilizarlo como atenuante cuando sales pillado. En este caso se ha querido utilizar como puerta de escape”.

Respecto de las responsabilidades penales a juicio del senador Navarro “aquí tienen que responder los dueños, ya basta que los gerentes asuman las responsabilidades de una práctica planificada desde los directorios de manera sistemática. Dudo que durante diez años no hayan sabido de este tipo de operaciones. Los gerentes son un chivo expiatorio. Quiero sanciones para los dueños de las empresas. La situación de los empresarios abusadores tiene que tener un punto de inflexión”.

“La única manera de cautelar que estos hechos no se vuelvan a repetir es establecer sanciones a los propietarios. Y dejar de andar culpando a los empleados. Cuando en una guerra un teniente comete un error, el que tiene la responsabilidad es el general y no el soldado. Basta de culpar a los empleados, cuando los responsables son los dueños de la empresa”, propuso.

“Esperamos que el Tribunal de la Libre Competencia acoja el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica, aplique sanciones ejemplares, y que los tribunales de justicia ratifiquen las sentencias”, declaró el senador de La Araucanía, Eugenio Tuma. En este sentido, fue enfático en sostener que “los consumidores tienen derecho a perseguir la reparación del daño causado por las empresas”.

El congresista argumentó además que aquí no basta con la aplicación de la Ley de Libre Competencia, por lo tanto es preciso que el daño económico y social que ha afectado a todas las familias sea perseguido hasta lograr condenas proporcionales a este fraude descarado.

“Luego que los tribunales establezcan las responsabilidades y condenas presentaremos la demanda colectiva en favor de los consumidores para que se establezcan las debidas compensaciones”, aseguró el presidente de la Comisión de Economía del Senado.

En tanto, el senador Manuel José Ossandón hizo un llamado a ChileVamos a condenar este tipo de conductas y abusos.

En esa línea, anunció que presentará un proyecto de ley que repone penas efectivas de cárcel para el delito de colusión. “La idea del texto es otorgar penas de cárcel efectiva, sin desincentivar la delación compensada que permite investigar hechos de colusión”, explicó.

Según aclaró el parlamentario, entre 5 y 10 años de cárcel podrán llegar a ser condenados los ejecutivos que participen en actos de colusión en la fijación de precios.

La moción que presentará, propone asignar este tipo de penas, que hoy no se encuentran asignadas en la legislación de libre competencia. “Tenemos que encontrar un equilibrio para sancionar este tipo de actividades, sin socavar las herramientas que permiten pesquisar estos delitos”, hizo ver el senador Ossandón.

“Es una vergüenza que la gente común siga sufriendo por los abusos de algunos empresarios. ¿Con qué cara puede venir el Estado a pasarle una multa a una persona humilde, cuando gente de muchos recursos no tiene ninguna sanción seria por actos tan inmorales como la colusión?”, reflexionó.

El proyecto permitirá seguir contando con un incentivo a auto denunciarse, que es hoy la principal herramienta con la que cuenta la Fiscalía para detectar los ilícitos, pero incorporando agravantes y penas concretas para este tipo de comportamientos especialmente en mercados delicados como los bienes de consumo de primera necesidad o los servicios básicos.