Las minorías una vez más son aplastadas sin clemencia por la institucionalidad antidemocrática. En el Diario Oficial se ha hecho pública la cancelación de 10 tiendas políticas pues estas no cumplen con el 5 % de los sufragios. La orden emana del Tribunal calificador de Eleccciones (TRICEL) y firma la sentencia Elizabeth Cabrera, directora subrogante del Servel.
Los castigados según la prensa mercurial son el Partido Regionalista de los Independientes (PRI), el Partido Humanista (PH), el Movimiento Amplio Social (MAS), el Partido Ecologista Verde (PEV), el Partido Progresista (PRO), el Partido Igualdad (PI), el Partido Liberal de Chile, el Partido Ecologista Verde del Norte, Fuerza del Norte y el Partido Izquierda Ciudadana de Chile (IC).
De esta manera el poder binominal consagrado por la Constitución (emanada de una dictadura) y por secretaría, se entrona en el juego democrático frente a herramientas políticas que dispersamente han tratado de hacer frente a los administradores del status quo.
El dictamen se basa en la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos N 18603, haciendo uso del Título VII, artículo 42 N° 2 que reza que un partido se disolverá por “Por no alcanzar el cinco por ciento de los sufragios válidamente emitidos en una elección de Diputados, en cada una de a lo menos ocho Regiones o en cada una de a lo menos tres Regiones contiguas, en su caso;»
Para salvar la problemática los partidos tienen un plazo de 60 días en el que pueden refundarse o bien fusionarse con otro.
Al revisar la Ley llama la atención el Artículo N° 2 letra d que dice que los partidos “No podrán subordinar su acción a organizaciones políticas foráneas o internacionales, ni a gobiernos o intereses extranjeros”, texto que sin duda hace pensar sobre la legitimidad de la existencia de otros partidos que prestan sus votos en el parlamento para la aprobación de proyectos cuyo beneficio es para intereses extranjeros más que nacionales, como también para la continuidad de partidos como la DC y otros que sirvieron a intereses extranjeros para romper el orden democrático en Chile el 11 de septiembre de 1973.
La resolución del TRICEL pone una vez más en tela de juicio la garantía que tiene la ciudadanía y sus minorías de obtener representatividad dentro del Estado. La resolución no obstante abre la puerta a que los partidos disueltos por el Servel, transiten hacia la unidad de sus fuerzas, tras verse en la última elección presidencial, varias coincidencias programáticas.
Por Bruno Sommer Catalán
El Ciudadano
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