Carabinero que denunció engaño a juez de Coyhaique sufre abandono de la institución

El uniformado que destapó la presentación de documentos falsos a un tribunal del Trabajo de Coyhaique, presuntamente confeccionados por un superior con la intención de ocultar un caso de abuso laboral cometido al interior de la Subcomisaría de Fuerzas Especiales de Carabineros de Aysén, lleva más de dos años esperando que la institución pague los costos de una intervención quirúrgica a su hombro izquierdo, lesionado a raíz de un accidente en acto de servicio.

Según diversas fuentes consultadas por El Ciudadano, la dificultad que enfrenta el suboficial mayor Pascual Pizarro Rojas es interpretada en las filas policiales como una venganza por la denuncia que interpuso ante la Fiscalía Militar de Coyhaique en 2015, la cual mantiene procesado hoy al capitán activo Nicolás Calderón Calderón como supuesto autor del delito de falsedad de registros en carácter reiterado, y que motivó dictar la prisión preventiva de éste por la Corte Marcial de Santiago.

El problema de salud se remonta a junio de 2014. Una mañana, cuando se trasladaba en bus a la Prefectura Aysén con sus colegas, al llegar a la intersección de las calles Simpson con Campos de Hielo y ante el sorpresivo cruce de un menor por la avenida, el conductor realizó una maniobra de freno que provocó la eyección de Pizarro, quien se golpeó «el hombro derecho con el respaldo del asiento del acompañante y hombro izquierdo y pierna izquierda con el piso del vehículo policial», según consignó el Libro de Novedades de la guardia.

El primer profesional que atendió a Pizarro dijo que la lesión estaba ubicada solamente en el hombro derecho y que era de carácter leve. Sin embargo, con el pasar de las semanas, el dolor aumentó.

Así las cosas – relató Pizarro en un escrito a la oficial que investigó el hecho, Daniela Rojas, hija del general (r) Jorge Rojas Langer -, «decidí viajar a Santiago a ver un médico especializado en el tema… pidiendo hora con el traumatólogo Ricardo Schloterbeck en el Hospital de Carabineros», el cual, a través de una resonancia magnética, detectó lesiones «en ambos hombros» vinculadas al accidente.

Pese a ello, la entonces capitán Rojas tomó exclusivamente en cuenta el diagnóstico del primer doctor, que hablaba de lesiones «sin importancia» en el hombro derecho, negando beneficios para operar el hombro izquierdo. Asimismo, la oficial citó un documento presuntamente emitido, también, por Schloterbeck, que para sorpresa del afectado desmentía los hallazgos de la resonancia y calificaba la dolencia del lado izquierdo como «degenerativa», es decir, por causas naturales, ocasionadas antes del golpe en el vehículo.

Observando estas contradicciones, y advirtiendo una posible adulteración de la firma del doctor Schloterbeck en el segundo informe, el suboficial Pizarro pidió la intervención de la Comisión Médica de Carabineros.

A la fecha de esta publicación, y a casi tres años del accidente en Coyhaique, el ente no se ha pronunciado, impidiendo que el funcionario acceda a todos los beneficios que le corresponde percibir.

NO HABRÁ SANCIÓN POR FIRMAS FALSAS

En el mismo período en que el suboficial Pizarro reclamaba por las trabas administrativas ya indicadas, la Fiscalía Militar de Coyhaique indagaba por qué en su pie de firma, en las tablas de servicio correspondientes a los meses de enero, marzo, abril, mayo y septiembre de 2013 de las FFEE de Aysén, presentadas por Carabineros y el CDE en un juicio por hostigamiento laboral, aparecían rubricas diferentes a la suya.

La anomalía fue certificada por el ministro de fe del Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique, Daniel Murphy, a solicitud de Pizarro, cuando éste declaró en una audiencia pública citado por la parte demandante: el ex sargento segundo José Martínez Ávila, quien alegó presiones y tratos vejatorios de la institución luego de negarse a proteger al autor material del disparo que dejó sin visión de un globo ocultar al pescador Teófilo Haro, en las protestas del movimiento «Aysén, tu problema es mi problema»de 2012.

Aparentemente, la falsificación descubierta por Pizarro buscaba ocultar la recarga de servicios perpetrada por el mando en contra del sargento Martínez.

En virtud de la irregularidad, la Prefectura Aysén abrió un sumario interno y designó como oficial investigadora a Marioli Fortunatti. Según documentos obtenidos por El Ciudadano, la fiscal sumariante concluyó que «no se pudo establecer la autoría de las firmas estampadas sobre el pie de firma» del suboficial Pizarro, y que, de haber responsabilidad administrativa de algún funcionario, ésta se encontraría «prescrita», en atención a que «la fecha de emisión de la última tabla de servicio cuestionada… es de septiembre del año 2013 y (fue) denunciada en el mes de mayo de 2015».

El informe contó con la aprobación del entonces jefe de zona, general Gerardo Concha, quien se acogió a retiro poco después de verse involucrado en un mal uso del personal para labores de aseo en su vivienda fiscal, según reveló en exclusiva El Ciudadano el año pasado.

El proceso interno de las firmas dio espacio a los descargos del suboficial denunciante, Pascual Pizarro, quien instó a investigar «la responsabilidad administrativa eventual de quien estaba a cargo de la custodia de dichos documentos oficiales, de las personas que han certificado como originales dichos documentos, de las que presentaron dichos documentos falsos a un tribunal y del desprestigio institucional que eso acarrea».

Pizarro cuestionó la declaración prestada por el teniente Nicolás Calderón – hoy procesado en la arista judicial -, en orden a que «todo el personal» tenía acceso al computador que contenía las tablas de 2013 posteriormente adulteradas, ya que el mencionado equipo contaba con claves personales. Igualmente, solicitó incorporar al sumario una investigación realizada por la Sección de Inteligencia Policial de Carabineros (Sipolcar) de Coyhaique, la cual habría sido tajante en atribuir responsabilidad a Calderón por la falsificación de las tablas.

Sin embargo, todo lo pedido por Pizarro quedó en nada el 25 de enero de este año, cuando el director nacional de Orden y Seguridad, Víctor Herrera Pintor, ordenó invalidar las actuaciones del expediente que habían dado cabida a la réplica del denunciante, argumentado que se había afectado la legalidad del proceso.

De esta manera, pese a las «presunciones fundadas» del fiscal militar de Coyhaique, mayor Claudio Jara, que llevaron al procesamiento de Calderón, el oficial en cuestión no ha podido ser objeto de sanciones administrativas.