El caso Caval sigue sumando antecedentes y se mantiene en la polémica. Luego de que ayer se concretara la transacción de los terrenos con la inscripción de esta en el Conservador de Bienes Raíces de Rancagua y la liberación de los dineros que se tradujo en el pago del crédito al Banco de Chile, ayer por la tarde las oficinas de la empresa fueron allanadas por personal de la Fiscalía de Rancagua y Carabineros del OS-9.
El domicilio de la sociedad Caval está ubicado en calle Pucará 485, en la comuna de Ñuñoa. Hasta ese lugar llegaron los fiscales Luis Toledo y Sergio Moya, con el objetivo de requisar documentos e información contable sobre los negocios de la empresa, cuyo 50% pertenece a la nuera de la Presidenta Natalia Compagnon. Según informó el matutino La Tercera , los socios propietarios de Caval, Mauricio Valero y Compagnon se reunieron la tarde de ayer para enfrentar la situación y elaborar una declaración pública que sería dada a conocer hoy.
En tanto, el alcalde de Machalí, el UDI José Miguel Urrutia comenzará una investigación interna para saber si algún funcionario entregó información privilegiada a la empresa, información relativa al cambio del plano regulador. Según señaló la autoridad comunal a 24 horas, «Para nosotros es sumamente grave. Hemos hecho una investigación interna con todos los funcionarios que trabajan en el Departamento de Obras Públicas y hemos detectado algunas irregularidades como, por ejemplo, filtración de información privilegiada».
Sumado a estos antecedentes cabe señalar que ayer, Sergio Bustos -ex trabajador de Caval- y la misma empresa no llegaron a acuerdo en la instancia que los enfrentó en el Pimer Juzgado de Letras de Santiago, cita que fue concertada luego de que Bustos interpusiera una denuncia contra Caval por los honorarios que le adeuda la empresa. Cabe señalar que Bustos, mediante su acusación destapó el caso que derivó en el escándalo político y la renuncia de Dávalos Bachelet del área Sociocultura de la Moneda.
Sin duda, el caso Caval seguirá sumando datos a medida que se desarrolla la investigación encabezada por el fiscal Toledo y que se inició tras la medida judicial interpuesta por los miembros de Renovación Nacional, José Manuel Edwards y Nicolás Monckeberg. A pesar de las declaraciones de la Presidenta Michelle Bachelet y la petición de la misma por encontrar una medida que regularice el nexo entre la política y los negocios, el caso Caval sigue restando puntos a la administración actual, en parte por el uso que ha hecho de este la Alianza y porque efectivamente Caval puso en duda el discurso de igualdad del Gobierno.