Caso Convenios: Comisión revisora de la acusación constitucional contra Montes estará integrada por mayoría opositora

La Cámara de Diputadas y Diputados designó este martes a los integrantes de la comisión revisora encargada de estudiar la acusación constitucional presentada contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en el marco del Caso Convenios.

Esto, luego de que un grupo de parlamentarios de la oposición presentarán ante el Congreso el libelo de 81 páginas, y el cual apunta directamente a la responsabilidad política del secretario de Estado por los presuntos hechos de corrupción ocurridos en el traspaso de recursos desde la secretaría regional ministerial (seremi) de la cartera a Democracia Viva.

La instancia tendrá mayoría de diputados de oposición, ya que solo Emilia Nuyado y Tomás Hirsch representarán al oficialismo.

A través de su cuenta en la red social X (antiguo Twitter), la Cámara anunció que la comisión estará conformada por los diputados Cristián Labbé. (UDI), Víctor Pino, (Ind), Emilia Nuyado (PS), Tomás Hirsch (PAH) y Natalia Romero (Ind).

Según Cooperativa, el trabajo de la comisión solo es una recomendación a la Cámara Baja, que definirá el futuro de la acusación con los votos hechos en el hemiciclo.

El grupo de diputados designados para revisar la acusación tiene un plazo de tres días para notificar al ministro de Vivienda. Además, deberá elegir a un presidente de la instancia en este período.

En el texto, presentado durante la jornada, se acusa directamente al secretario de Estado como único responsable político de haber infringido el principio de probidad consagrado en el inciso primero del artículo octavo de la Constitución.

La denuncia, además, revela conflictos de interés, ya que el director de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, mantiene una relación sentimental con la diputada Catalina Pérez, de la Región de Antofagasta, mientras que el seremi fue asesor de la misma parlamentaria.

Se señala que los equipos técnicos fueron separados de las decisiones relacionadas con la asignación de presupuestos, lo que se considera inapropiado y poco transparente. Esta preocupación fue comunicada a las autoridades en el nivel central del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Cabe recordar que la comisión investigadora del Caso Convenios, en sus conclusiones, le atribuyó a Montes una «reprochable inobservancia de las conductas de los seremis».

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