«Caso Convenios» en Biobío: Cores Sandoval y Arriagada pidieron intervención del CDE

Una gran polémica se ha suscitado luego que una investigación revelara que la Gobernación del Biobío transfirió en los últimos meses montos con un equivalente total de 760 millones de pesos a la corporación «Impulsa» y la fundación «Educación Financia», las cuales habrían estado pagando los honorarios a algunos funcionarios de la entidad gubernamental.

Ante esta situación, los consejeros regionales Camila Arriagada y Javier Sandoval que han venido sacando a la luz las distintas irregularidades cometidas por la gestión del Gobernador Regional, Rodrigo Díaz, ingresaron una solicitud al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que ejerza la defensa y representación jurídica de los intereses patrimoniales del Estado de Chile a nivel Regional.

Sandoval explico a través de un mensaje publicado en su cuenta en Twitter que con esta medida requerirán «la retención de los dineros de las cuentas bancarias de las instituciones investigadas».

La investigación realizada por T13, reveló que Díaz habría transferido recursos a ambas ONG´s, desde diciembre a la fecha, más de 760 millones de pesos.

El citado medio revisó las rendiciones de cada una de estas ONG’s, encontrando, entre otras irregularidades, pagos en arriendos a oficinas del Edificio Millenium de Concepción, las mismas donde está domiciliada la corporación «Impulsa».

Otro punto que ha activado las alertas es desterminar cuál es la naturaleza de la relación existente entre el jefe de División de Desarrollo Social y humano del GORE con el director de la Corporación Impulsa y que a su vez preside la Fundación Educación Financiera, tomando en cuenta que anteriormente coincidieron en un antiguo trabajo.

Asimismo, el citado reportaje reveló el traspaso de recursos del GORE del Biobío a la Fundación Para Ti, vinculada a la ex candidata a alcaldesa de Concepción, Camila Polizzi.

Según consignó LUN, Polizzi, quien es directora de la fundación Capital Social y encargada del programa El Barrio es Nuestro, se adjudicó a finales de 2022, una suma de $250 millones para un programa de “capacitación e identidad patrimonial”, a través de la Fundación Para Ti.

Dicho proyecto contemplaba el desarrollo de talleres de limpieza de bancas, limpieza de rejillas y un taller práctico de mantención de zona de juegos y máquinas de ejercicios.

Para realizar estas actividades, se contrató al OTEC Frumisal, cuyo socio Sebastián Polanco Torres (pareja de Polizzi), con estudios de Administración Pública en la Universidad San Sebastián, y Matías Godoy, quien denunció a Contraloría usos impropios de una parte de los recursos.

De acuerdo con la investigación del citado medio, la cartola bancaria a nombre de Frumisal revela giros de dinero en efectivo, transferencias e insólitas compras efectuadas entre el 2 de febrero y 12 de julio de este año en varios locales comerciales.

Los pagos realizados incluyen artículos de lencería, ropa de marca, servicios de delivery, locales de comida y restaurantes.

Verguenza nacional

Esta nueva arista del Caso Convenios. ha generado una ola de críticas por parte de la ciudadanía y de los actores políticos a las asignaciones realizadas por el gobernador del Biobío Rodrigo Díaz.

«Me parece realmente una vergüenza que en este momento estemos convertidos en tendencia en los medios, que en los matinales estemos adquiriendo prácticamente como si fuera cadena nacional una visibilidad para la región por este tipo de cosas, por este modelo de asignación de recursos que ha impulsado el gobernador Rodrigo Díaz y que hace un daño tremendo a la innovación social, que perjudica la descentralización y despilfarra recursos públicos sin ningún control, cosa que a esta altura pensamos que se hace de manera consciente», señaló el consejero regional Javier Sandoval –

En declaraciones recogidas por La Tribuna, el músico y activista ambiental, se refirió al modelo de asignaciones del GORE Biobío, y recordó que esta política se instauró en la actual administración y que es una facultad exclusiva del gobernador, la que no se encuentra entre los temas a debatir que deben ser analizados por el Consejo Regional.

«Aquí hay un mecanismo que se instauró hace pocos años como parte de las transferencias de competencias que permiten que el gobernador regional con su discrecionalidad pueda financiar y decidir por sí solo, sin consultar al Consejo Regional aquellas iniciativas que tengan montos inferiores a las 7 mil UTM. Eso es muy manipulable», dijo.

Sobre la polémica transferencia de 760 millones de pesos a la corporación «Impulsa» y la fundación «Educación Financia!», el consejero regional le endosó responsabilidad al gobernador Díaz.

«En el reportaje aparecen dos fundaciones que comparten la misma oficina, que sus integrantes se contratan recíprocamente y además de tener lazos de exjefaturas con jefes de división (…) terminan repartiéndose 400 millones de pesos que están al tope de estas asignaciones directas, que entre las dos suman 800, pero ahí hay un fraccionamiento que da cuenta de una irregularidad o por lo menos de una falta de ética que ha sido consentida por el gobernador y todo su equipo», señaló.

Cabe recordar que por amplia mayoría el Consejo Regional del Bio Bío aprobó el miércoles la contratación de una auditoría externa que revise las iniciativas de inversión aprobadas por el GORE desde 2021 en adelante.

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