Caso Convenios: Escala polémica en Biobío al conocerse detalles de traspasos ordenados por Gobernador Regional Rodrigo Díaz

Surge una nueva arista del caso convenios, tras descubrirse que un grupo de trabajadores del Gobierno Regional del Biobío recibían sus honorarios desde organizaciones sin fines de lucro, por lo que se pidió a la Contraloría Regional indagar

Según un reportaje publicado por T13, la irregularidad se presenta porque las ONG’s corporación «Impulsa» y la Fundación Educación Financiera (Fundef) han recibido en los últimos meses cientos de millones de pesos desde el Gobierno Regional del Bío Bío (GORE). Además, estas instituciones estarían ejecutando proyectos financiados por trato directo con el GORE, habrían contrataciones cruzadas y personas sin contratos trabajando dentro de la Gobernación pero recibiendo salarios de los privados.

La administración del gobernador regional del Bío Bío Rodrigo Díaz habría transferido recursos a ambas fundaciones, desde diciembre a la fecha, más de 760 millones de pesos. No obstante, la investigación desarrollada como parte de citado reportaje reveló que parte de ese dinero se habría gastado en restaurantes, tiendas de marca y compra de lencería. En total, se habrían gastado 250 millones, que había sido asignados para mejorar barrios de Concepción.

El citado medio revisó las rendiciones de cada una de estas ONG’s, encontrando, entre otras irregularidades, pagos en arriendos a oficinas del Edificio Millenium de Concepción, las mismas donde está domiciliada la corporación «Impulsa».

Otro punto que ha activado las alertas es desterminar cuál es la naturaleza de la relación existente entre el jefe de División de Desarrollo Social y humano del GORE con el director de la Corporación Impulsa y que a su vez preside la Fundación Educación Financiera, tomando en cuenta que anteriormente coincidieron en un antiguo trabajo.

Investigación de Contraloría

La información ha generado tal indignación que Consejeros regionales han pedido la Contraloría investigar las presuntas irregularidades en las transferencias de recursos. Ante los cuestionamientos, el gobernador Rodrigo Díaz defendió los pagos y dijo sobre la denuncia, que la Fiscalía ya cuenta con estos antecedentes desde el 20 de julio.

Además, hay funcionarios contratados por esas Fundaciones, pero que físicamente trabajaban en dependencias del GORE lo que no es justificable, señaló el consejero Gabriel Torres ante la Contraloría.

«Que los mismos directores de las empresas de forma cruzada reciben sueldo. Además, lo señalan claramente los estatutos de la entrega de estos recursos, los directores no perciben ningún tipo de remuneración. Además de eso, vemos que hay personas, funcionarios del Gobierno Regional, trabajando en estos momentos que son dependientes y pagados por estas empresas«, expresó Torres, citado por Bío Bío Chile.

Traspasos del GORE del Biobío a fundación para comprar lencería

Otra polémica surgió por el traspaso de recursos del GORE del Biobío a la Fundación Para Ti, vinculada a la ex candidata a alcaldesa de Concepción, Camila Polizzi.

Según consignó LUN, Polizzi, quien es directora de la fundación Capital Social y encargada del programa El Barrio es Nuestro, se adjudicó a finales de 2022, una suma de $250 millones para un programa de “capacitación e identidad patrimonial”, a través de la Fundación Para Ti.

Dicho proyecto contemplaba el desarrollo de talleres de limpieza de bancas, limpieza de rejillas y un taller práctico de mantención de zona de juegos y máquinas de ejercicios.

Para realizar estas actividades, se contrató al OTEC Frumisal, cuyo socio Sebastián Polanco Torres (pareja de Polizzi), con estudios de Administración Pública en la Universidad San Sebastián, y Matías Godoy, quien denunció a Contraloría usos impropios de una parte de los recursos.

De acuerdo con la investigación del citado medio, la cartola bancaria a nombre de Frumisal revela giros de dinero en efectivo, transferencias e insólitas compras efectuadas entre el 2 de febrero y 12 de julio de este año en varios locales comerciales.

Los pagos realizados incluyen artículos de lencería, ropa de marca, servicios de delivery, locales de comida y restaurantes.

Estos hechos están siendo investigada actualmente por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía, en el marco de “presuntas irregularidades en el traspaso de fondos del GORE del Biobío”.

¿Colaboración o convenios?

En un evento empresarial en la ciudad de Los Ángeles, reseñado por BioBio el gobernador Rodrigo Díaz defendió la metodología de inyección de recursos a través de fundaciones. Afirmó que el estado no puede hacer todo.

Asimismo, sostuvo que el 90% de las asignaciones de los gobiernos regionales son de trato directo; y que en este caso, en que se cuestiona la presencia de dos trabajadoras contratadas por una fundación, pero ejerciendo labores en el Gore, se trató, de una colaboración en el marco de la reconstrucción tras los incendios forestales.

«Esas personas trabajaron efectivamente siendo parte de esa fundación, sin tener subordinación y dependencia con nosotros. Y terminaron su labor el 30 de junio. A esas dos personas las contratamos directamente como Gobierno Regional, por lo tanto, se salieron de esa entidad a partir del 1 de julio», expuso la autoridad.

El gobernador también dijo que los antecedentes de esta nueva denuncia se encuentran en la fiscalía luego de una información proporcionada al Ministerio Público tras la autodenuncia de una funcionaria investigada por desvío de fondos.

El cúmulo de antecedentes llevó a que la Comisión de Gobierno del Consejo Regional pida al pleno se realice una auditoría externa que permita hacer el seguimiento de los dineros destinados a proyectos desde el año 2021. Así lo indicó Andrés Parra, presidente de la Comisión de Presupuesto.

«Hoy día en la Comisión de Gobierno resolvimos que vamos a pedir auditoría respecto de los programas. Nos interesa acotar que se investigue, en el menor tiempo posible, cuáles son y cómo ha sido el comportamiento de los programas en el periodo 2021 – 2023«, dijo Parra.

La idea de una auditoría externa se votará esta tarde en el pleno del Consejo Regional del Bío Bío, que presidirá el gobernador Rodrigo Díaz, y donde hay consenso que debe ser una investigación rápida y precisa.

Realizarán auditoría externa

Por amplia mayoría el Consejo Regional del Bio Bío aprobó el miércoles la contratación de una auditoría externa que revise las iniciativas de inversión aprobadas por el GORE desde 2021 en adelante.

La medida se enmarca en la propuesta vertida en la última Comisión de Ética y Fiscalización por parte del Ejecutivo, a cargo del administrador regional, Rodrigo Martínez, quien dio cuenta de una serie de acciones destinadas a mejorar el estándar de proyectos del Gobierno Regional.

Así, la Comisión de Gobierno del Consejo Regional vio en su tabla la puesta en marcha de la medida, la que luego fue refrendada por el pleno de consejeros y consejeras regionales, reseña TVU. El presidente de la Comisión de Hacienda, Andrés Parra, señaló que “hoy día nosotros tenemos del orden de 200 iniciativas que están vigentes con instituciones privadas, estamos convencidos de que es una buena herramienta, estamos convencidos de que es un buen trabajo y que nos permite llegar mucho más rápido al beneficiario final, a los vecinos y las vecinas que necesitan las ayudas y los beneficios del Gobierno Regional.

Pero también necesitamos que este manto de dudas que hoy día está sembrado se puede esclarecer y para eso estamos disponibles a aprobar una auditoría externa que nos dé la tranquilidad a los consejeros y las consejeras regionales, pero por sobre todo a la comunidad, de que el trabajo que se está haciendo en el Gobierno Regional es un trabajo serio en beneficio de todos quienes vivimos en esta región”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Fomento, consejero Rodrigo Vera, manifestó que “el llamado que hemos hecho al Gobierno Regional de generar una auditoría externa para dar la tranquilidad de que los procesos se han hecho de buena forma, permitirá despejar este manto de dudas y sobre todo generar confianza, generar confianza en el trabajo del Ejecutivo, del trabajo del Consejo Regional y, sobre todo, en aquellas asignaciones que son menor a las 7 mil UTM, con el objetivo de que los vecinos sientan que los beneficios que son transferidos están en el marco normativo”.

Origen del caso convenios

El pasado 16 de junio el medio local de Antofagasta «Timeline» reveló información sobre los convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de la misma región y la fundación liderada por Daniel Andrade, exmilitante de Revolución Democrática y expareja de la diputada Catalina Pérez, resume 24 Horas. 

De ahí en adelante, además de conocerse nuevas aristas del caso mismo, fueron destapados otros convenios que constituyeron en el traspaso de fondos entre el Estado y ciertas ONG’s, los cuales también podrían contar con ciertas irregularidades y han involucrado a las autoridades de Gobierno y funcionarios del sector público de otras regiones.

En ese contexto la Fiscalía de Aysén confirmó una nueva investigación por traspasos de recursos desde el Gobierno Regional y la Universidad Estatal de Aysén a las fundaciones Democracia Viva y ProCultura, respectivamente.

Asimismo, la Fiscalía de Arica y Parinacota anunció una investigación en contra del Gobierno Regional por el traspaso de recursos a la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones. Respecto a las indagatorias, Jorge Díaz negó tajantemente la existencia de «cualquier irregularidad» en este caso.

Finalmente, en la región de Atacama, dos fundaciones están en la mira por el traspaso de fondos públicos. Se trata de Visible y Comprometidos. 

En el caso de la primera, y tras la denuncia realizada por la senadora Yasna Provoste, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, confirmó la apertura de una investigación por el traspaso de $160 millones desde la Seremi de Desarrollo Social y Familia de la región de Atacama a la Fundación Visible, en medio de un programa para proporcionar albergue en Copiapó.

Respecto a Comprometidos, el Ministerio Público inició una investigación por convenios suscritos que implicó el traspaso de $128 millones por parte de la Seremi de Vivienda de la región de Atacama y la ONG. 

A raíz de todos estos hechos, la Contraloría General de la República anunció una auditoría nacional para fiscalizar todas las transferencias hechas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a fundaciones en el marco del Caso Convenios. 

¿Cuáles son las fundaciones investigadas y de dónde son?

En un resumen de Radio Pauta se recopilan todas las indagatorias que se abrieron antes del presenta caso, relacionadas con traspasos de fondos públicos a fundaciones y corporaciones.

Arica y Parinacota

Durante la mañana de este jueves, la Fiscalía de la Región de Arica y Parinacota informó que inició una investigación de oficio por eventuales hechos constitutivos de delitos en el traspaso de recursos públicos desde el Gobierno Regional hacia una fundación con domicilio en la Región de Coquimbo llamada la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones por 2.500 millones.

Antofagasta

En Antofagasta se reveló el traspaso de fondos por 426 millones de pesos desde la Seremi de esa región a la fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Andrade (RD), entonces pareja de la diputada Catalina Pérez (RD). Los responsables de ese traspaso son militantes del partido político Revolución Democrática. 

Además de Democracia Viva, la Fundación para la Superación de la Pobreza recibió durante el año pasado siete transferencias de parte de la Seremi de Vivienda por un total de 529 millones de pesos, en solo tres meses.

Otra fundación investigada es ProCultura, que habría recibido 629 millones por parte del Gobierno Regional (Gore) destinados a remodelación de fachadas. El Gore afirmó que «el proyecto fue evaluado conforme a la regulación» y recalcó que la entidad tiene una amplia experiencia en restauración de inmuebles en Chile.

Atacama

En la región de Atacama, el Ministerio Público abrió una investigación por traspasos de dinero a través de un convenio entre la seremi de Vivienda de la región y la Fundación Comprometidos, por 128 millones de pesos, por un programa de habitabilidad, siendo que la entidad no tenía giro para ello.

En esa misma región, el Ministerio de Desarrollo Social inició una investigación por el traspaso de 160 millones de pesos desde la Seremi de esa cartera a la Fundación Visible.

O’Higgins

La Fiscalía de la región de O’Higgins abrió una investigación por convenios firmados entre la fundación Arquiduc y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 2021, es decir durante la administración de Sebastián Piñera.

Se trata de dos convenios firmados entre la fundación y el ministerio de Vivienda, por 100 millones de pesos, con el fin de realizar la instalación de luminaria pública, sin contar con el giro para realizar dicha tarea.

Maule

Mientras Antofagasta estaba en el ojo de la polémica, la Fiscalía marcó la alerta en otra región: El Maule. El fiscal de la zona informó sobre la apertura de una nueva investigación  de oficio por 109 millones de pesos desde el Minvu del Maule a la fundación Urbanismo Social donde hace unos pocos meses se desempeñaba como funcionario el actual seremi del Maule, Rodrigo Hernández, también partidario de RD.

Bío Bío

Urbanismo Social no solo estaba en la mira de la Fiscalía del Maule. En la región del Biobío también la justicia anunció que se le indagará por diferentes delitos luego que se comprobara que se recibieron recursos por parte del Serviu (Servicio de Vivienda y Urbanismo). 

La Fiscalía también investiga a la ONG Red Cultivarte por la asignación de fondos entregados por la Gobernación Regional. En el Biobío también se cuestionó el rol de la Delegada Presidencial, Daniela Dresdner (RD) por los convenios con las organizaciones Urbanismo Social y Democracia Viva.

La Araucanía

Este miércoles 5 de julio se anunció otra indagación por parte de la Fiscalía de Alta Complejidad en La Araucanía. Se investiga el traspaso de 1.200 millones pesos a la Fundación Local para ejecutar seis proyectos en la zona.

Los Lagos

En el sur del país se sumó una nueva investigación en la región de Los Lagos. La Fiscalía investiga transferencias directas desde la Gobernación Regional, dirigida por Patricio a diversas fundaciones por 8.800 millones de pesos, una de ellas es la Fundación Chinquihue que es presidida por el mismo gobernador. 

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