Es sabido que entre políticos y banqueros siempre han existido relaciones desde que los negocios y la política se dieron la mano. Se conoce que con el acceso privilegiado a la información se hacen grandes negocios. El dato, “la viveza” y las relaciones que pueda tener el individuo para generar y orquestar su éxito económico.
Qué puede ser lo cuestionable de este tipo de actos, que el que lo haga sea un hijo de la presidenta de la República o la señora de éste. Pero tras el negocio en sí, ¿Existe un perjuicio para algún colectivo de personas? A simples luces, no es así.
Lo injusto desde la mirada de un pedidor de a pie, vendría ser que con tan poco pie un banco les pase tanto dinero, pero si se trata del hijo de la madre de quien financiaste su campaña, como banquero no la dudas tanto y sigues apostando. Menos sí sabes que de su poder cuelgan una serie de proyectos mineros y otros en carpeta.
Las relaciones entre ambos que tienen que ver al ámbito privado, según lo ha hecho ver el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, hoy han salido al ámbito público en una reacción desesperada de la derecha política-económica del país, por reventar a sus “adversarios” con un golpe noticioso, mientras veranean en playas contiguas.
Ambas trincheras están frente a frente en una guerra silenciosa y sin cuartel hace tiempo, pero la hebra no se desenhebra. Son pequeños ladridos para tratar de invalidar al “oponente”, pero que no van al fondo de ningún asunto, pues el modelo del que sacan suculentas utilidades, se les derrumba , y ese sí, es un mal negocio.
El Ciudadano
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