En una semana política decisiva, Carles Puigdemont, presidente de la Generalidad de Cataluña, asevera que el Referéndum se celebrará de igual manera. Urnas y papeletas estarán dispuestas en las diferentes localidades y organismos de la comunidad catalana. Si no, se buscará el modo de llevarlo a cabo.
Las campañas por el “Sí” se multiplican, se llama a salir a las calles y tomar la esperanza, las ilusiones y la dignidad por delante a días del 1 de octubre. Se habla de auto organización civil ante la vehemencia del envío de guardia civil a Barcelona para requisar las urnas el día del Referéndum.
Este fin de semana, en una entrevista, Puigdemont declaraba que si no se puede hacer el Referéndum no descarta una declaración unilateral de independencia, no siendo esta una opción personal, sino más bien de orden parlamentaria. La página web del Referéndum fue replicada trece veces esta semana; uno de los jóvenes creador de “marianorajoy.cat” fue citado a declarar. “Es una ataque contra la libertad de expresión”, declara el acusado por desobediencia.
Por otro lado, la tarde de este lunes se reunieron los Mossos de Escuadra (policía catalana). De acuerdo a lo que informa El Mundo, el conseller ha develado que -en la reunión que la mañana del lunes han mantenido con el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo-, ha garantizado que los Mossos «harán cumplir la ley, como la han cumplido siempre» y que, como han hecho en cualquier elección, en el 1-O «permitirán que cualquier ciudadano pueda votar en una situación de seguridad y tranquilidad». Frente a esto, las y los ciudadanos catalanes, incluidos políticos, afirman que los Mossos han de ser condescendientes con la comunidad y desobedecer cualquier orden que provenga del Estado español. Más de 16.000 Mossos se encuentran en esta situación y disyuntiva. “Se han de poner al costado de la gente”, declaran algunos.
En tanto, Washington y Argentina otorgan apoyo a Mariano Rajoy en cuanto al Estado de Derecho, siendo una burla para la democracia mundial.
Por último, se confirmó una fianza de 5,2 millones de euros que el Tribunal de Cuentas impuso al ex presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, por la organización del 9-N, como se ha denominado al proceso de consulta de 2014.