Una serie de chats de WhatsApp revelaron que en octubre de 2020 se llevó a cabo una reunión «secreta» en la casa del entonces del Interior, Andrés Chadwick, en la que se movieron fichas políticas y judiciales en medio del estallido social.
A través de las conversaciones incluidas en la querella por cohecho, violación de secreto y prevaricación que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra del exfiscal Manuel Guerra, se pudo conocer que el encuentro se produjo el viernes 10 de enero de 2020, pasadas las 20:00 horas, en la residencia ubicada en Vitacura, mientras que a 9 kilómetro al nororiente, en la Plaza Dignidad- también conocida como Plaza Italia-, se comenzaban a congregar grupos de manifestantes para participar en una nueva jornada de protestas, en el marco de la revuelta popular.
A la cita en casa de Chadwick, asistieron Guerra y Sebastián Piñera, quien ejercía la Presidencia de la República.
Según se lee en los chats, tres días antes, el exjefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, había contactado al abogado Luis Hermosilla, para gestionar el encuentro y poder ofrecerle al mandatario «datos duros» relacionados con las protestas.
“Existe la posibilidad cierta de conseguir la oportunidad de reunirme con el Presidente de la República? Me interesa hablar con él. Servirle de ayuda en algo para que no haga tonteras y tenga algunos datos duros”, escribió el exfiscal el 7 de enero a Hermosilla, quien actualmente se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber, tras ser imputado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos.
Asimismo, le comunicó que buscaba «informar» a Piñera acerca «de grupos que están operando en Santiago y poder prevenir lo que se viene para marzo».
Luego de haber señalado: «Déjame ver si puedo hacer algo», Hermosilla confirmó la reunión el 9 de enero.
“Me fue bien. Puedes mañana a las 20?”, preguntó para luego enviarle a Guerra la dirección de la residencia en Vitacura de Andrés Chadwick.
De acuerdo con el escrito del CDE, analizadas las conversaciones posteriores a esa fecha, el encuentro se concretó con éxito. De hecho, el exfiscal Guerra comentó: “Estuvo bueno hablar”.

Guerra reveló conversaciones del Ministerio Público sobre el estallido
La reunión con Sebastián Piñera no fue la única conversación relacionada con el estallido social que sostuvieron Guerra y Hermosilla.
De hecho, en el documento del CDE se puede leer que los sucesos relacionados con la revuelta popular fueron centro de “atención y comunicación de los querellados”.
“Este asunto era de interés nacional, pero en el caso de los querellados tenía un interés adicional, pues el Gobierno fue fuertemente cuestionado por su rol en esta crisis, presentándose diversas acciones judiciales, entre ellas, acciones penales contra altas autoridades, incluyendo al Presidente Sebastián Piñera y al Ministro del Interior Andrés Chadwick. En este contexto, Guerra le comenta a Hermosilla acerca de conversaciones internas del Ministerio Público con relación a este tipo de casos”, indicó la acción judicial, consignada por Bio Bío Chile y Meganoticias.
Esta situación quedó en evidencia en una conversación que sostuvieron Guerra y Hermosilla el 23 de noviembre de 2020, en la cual el entonces persecutor le dio detalles al cuestionado abogado sobre los pasos seguir del Ministerio Público con relación a la posible responsabilidad penal de civiles en las violaciones a los Derechos Humanos que ocurrieron durante el estallido.
“Estoy en reunión. Explicando temas relativos a la atribución de responsabilidad de los casos de violencia institucional y responsabilidad penal de los mandos”, indicó Guerra.
Al ser cuestionado por Hermosilla sobre posibles formalizaciones, respondió: “No creo. No cortan ni un queque. Están hablando de los pacos, viendo si formalizan mandos”.

Exfiscal Guerra, implacable durante el estallido social
El liviano actuar de Manuel Guerra contra los imputados del caso Penta contrata con la mano dura que mostró con los detenidos en causas del estallido social: en junio de 2020, el entonces fiscal lideró la acusación contra Daniel Morales y su sobrino Benjamín Salazar (en ese entonces de 15 años), imputados de la quema de la estación Pedrero del Metro de Santiago. La fiscalía solicitó 20 años de cárcel para uno y diez años de internación en el Sename para otro.
Luego de que Morales y Salazar fueran absueltos en primera instancia debido a las inconsistencias detectadas en las pruebas entregadas por la fiscalía -entre las cuales se contaban errores en los horarios de los videos de seguridad de la estación- Guerra lideró la apelación y estuvo presente en las audiencias finales para supervisar personalmente el actuar de uno de sus fiscales, esto pese a que desacostumbraba a asistir a los juicios de sus investigaciones.
Además, Guerra como fiscal metropolitano Oriente, permitió que durante los juicios se utilizaran como evidencia testimonios entregados por los intramarchas, funcionarios de Carabineros que se infiltraron e incluso incitaron actos delictuales durante el estallido social. Esto se realizó pese a que no existió la orden judicial emitida por un juez de garantía que se requería en estos casos.