Cuando el discurso político parece quedar desprovisto de emoción o pasión, lo que permanece como sustrato final es la cruda dominación ejercida por quienes detentan la capacidad de operar los recursos de poder del Estado, la capacidad coactiva y de uso de la fuerza estatal como razón final para la preservación de posiciones de poder, lo cual puede ser la antesala de un cambio en las posiciones en que se han puesto las piezas en el tablero de la política chilena, pues se modifica el equilibrio de fuerzas inestables presentes en la sociedad.
Asimismo, la abdicación programática de la Nueva Mayoría por razones de «realismo sin renuncia» a llevar adelante acciones orientadas a modificar relaciones de poder heredadas, pueden ser leídas más como formas de complicidad o de proyección institucional del orden autoritario impuesto por el neoliberalismo en Chile acatadas voluntariamente por quienes han ejercido responsabilidades políticas en la posdictadura o transición prolongada como la chilena que como restricciones objetivas propuestas por ideólogos neoliberales en el gobierno. Ello constituye una forma de colusión a nivel ideacional con el proyecto de refundación capitalista y contrarrevolucionario impuesto en septiembre de 1973. Es duro enunciarlo, pero hoy es parte del sentido común popular este modo de apreciación, especialmente entre los jóvenes.
Puesto de este modo el asunto del realismo vigente, Chile se encuentra ante una encrucijada que requiere ser resuelta por medios pacíficos y democráticos, a fin de evitar los costos de un desencuentro entre los chilenos cuyo desenlace es incierto. El modo en que podría avanzarse hacia una resolución de la crisis institucional que se vive es la democracia.
No cabe seguir dilatando un desgobierno a la espera de un milagro. El gobierno debe convocar a un plebiscito para consultar a la sociedad civil, a la ciudadanía, o sobre los modos posibles de poner fin a la crisis vivida o la convocatoria a nuevas elecciones generales para restablecer la confianza cívica en la República. Es el momento de la soberanía popular, la hora en que la ciudadanía ejerza su legítimo derecho a expresar su opinión y en que los actores políticos comprendan de una vez, que sin un acuerdo social, sin un entendimiento con la sociedad civil y las nuevas fuerzas que han emergido, no será posible una paz social duradera en nuestro país. La resolución de la cuestión del poder estatal es un asunto de correlaciones de fuerzas; el modo en que se organiza en el siglo XXI la disputa por la hegemonía es un asunto en desarrollo por lo que las lecciones de la historia y la memoria cultural están sometidas a fuertes tensiones para poder persistir en sus condicionamientos.