«En la unidad del Pueblo está el motor que mueve la carroza del molino».
Patricio Manns.
Antecedentes preliminares: aspectos del contexto global de lucha y el lugar de Chile
· Iniciado el siglo XXI, el mundo transita un período signado por el predominio mundial del imperialismo capitalista (norteamericano, europeo y japonés), en su brutal versión neoliberal, que permite el bienestar de un 20 % de la población mundial a costa de la explotación, empobrecimiento y miseria del 80 % de la humanidad, y que hoy pone en riesgo cierto la misma sobrevivencia del planeta.
· En el continente, Chile juega el papel paradigmático de la hegemonía del capital financiero y especulativo, fundado en el profundo menoscabo del capital industrial (monopolio del llamado «primer mundo», productor central de la tecnología de punta, y los bienes estratégicos); la reprivatización y explotación irracional de los recursos naturales de la Región y el país; y la extinción del llamado «Estado de Bienestar o Desarrollista» existente, al menos parcialmente, antes de la dictadura. Asimismo, el modelo de acumulación neoliberal sostiene sus millonarias tasas de ganancias sobre la administración privada de los servicios básicos y la capitalización del ahorro del pueblo trabajador a través de las AFP’s; la explotación y exportación privatizadas de los recursos primarios no renovables (cobre, madera, productos del mar); la concentración monopólica de los medios de comunicación de masas; y la aniquilación y desmantelamiento sistemático de las organizaciones de la clase trabajadora y el pueblo. Ello, con la conjunta destrucción de los destacamentos de inspiración revolucionaria que tuvieron un importante crecimiento e influencia en las décadas de los 70 y 80, para terminar diezmados políticamente durante los 90, debido al pacto interburgués (diseñado por el imperialismo norteamericano) que electoralizó la lucha popular y sacó a Pinochet del Ejecutivo; a las debilidades propias de la clase, y a la bancarrota de los llamados «socialismos históricos».
· La dictadura pinochetista logró a sangre y fuego la refundación capitalista del país; la dominación, control, y administración sin contrapesos de los intereses de la minoría burguesa subordinada al capital extranjero mediante, por un lado, la reposición en gloria y majestad de sus intereses en Chile, y por otra parte, a través de la fidedigna implementación de los mandatos político económicos provenientes del FMI , el Banco Mundial y la OMC –todas instituciones tuteladas por los intereses imperialistas, principalmente norteamericanos (el 49 % de las sedes corporativas de las principales multinacionales del mundo están en Estados Unidos; el 40% de la inversión transnacional en América Latina es norteamericana, y el 60 % se reparte en capitales europeos y asiáticos)-.
· El término pactado de la dictadura pinochetista, entre la derecha y los sectores de oposición burguesa de la época junto a ex miembros del conglomerado de la UP –comandada por los mismos personajes y fuerzas políticas que facilitaron las condiciones para el golpe de Estado de 1973 -sólo comportó una readecuación del escenario político, garantizando algunas libertades civiles y la democracia formal de las elecciones generales, manteniendo incólume los intereses y procedimientos de control social de la clase entronizada en el poder; modificando cosméticamente aspectos de la Constitución del 80, y creando, en el tiempo, una casta de nuevos ricos –demoliberales y de retórica antidictatorial-.
· El modelo de reproducción capitalista impuesto a mediados de los 70 del siglo pasado, y hoy perfeccionado, legitimado y administrado por la Concertación de Partidos por la Democracia , sólo ha profundizado la diferencia de clases que ha convertido a Chile en uno de los países más desiguales del mundo (entre las 15 naciones de peor distribución del ingreso del planeta); con estándares educativos extraordinariamente deficitarios (de paso, destruyendo el mito burgués de la educación como vehículo de movilidad social, y proletarizando a la marginalidad social juvenil mediante los 12 años de escolaridad obligatoria); una insuficiente e ineficiente salud pública (donde se atiende el 80 % de los chilenos); crisis de la vivienda y creciente demanda de los derechos sociales básicos insatisfechos. Asimismo, por arriba, el poder criminaliza la movilización social, las demandas históricas del pueblo mapuche, y emplea como mano de obra barata la fuerza de trabajo inmigrante.
En el plano laboral, el actual Código del Trabajo resulta extremadamente antipopular y pro empresarial, obstruye la sindicalización, cuya realidad habla de que sólo un 7 % de la fuerza laboral chilena (es decir, 500 mil trabajadores de un universo de 7 millones) está capacitada jurídicamente para negociar colectivamente sus condiciones de trabajo, lo cual, en los hechos, se limita a pelear por la actualización del poder adquisitivo de quienes negocian y los clásicos bonos compensatorios de fin de conflicto.
De este mismo modo, la cartera del ramo –donde se atrincheran las rémoras del “progresismo” concertacionista- emplea groseramente a la CUT –multisindical más numerosa del país, pero presa de la mañosa burocracia del reformismo obrero y sus partidos- como apéndice y extensión de sus políticas, más allá de los discursos accidentalmente insolentes de sus «dirigentes» cada Primero de Mayo.
Lo cierto es que en Chile aumenta sostenidamente el sector de trabajadores contratistas y subcontratistas (más del 70 % de la fuerza productiva y de servicios del país ya está tercerizada); en general, las mujeres ganan un tercio menos que los hombres por realizar el mismo trabajo; el ingreso promedio de una familia de 5 integrantes no supera los $ 250 mil pesos (el salario de la mitad de los chilenos bordea los $ 150 mil pesos) , y la línea de la pobreza está delimitada arbitrariamente en los $ 49 mil pesos; cifras, en general, que simplemente no alcanzan para vivir.
Estos números son los causantes del sideral endeudamiento de los chilenos, cuyo monto duplica y triplica sus salarios, y demanda la distracción de alrededor de un 60 % de sus remuneraciones mensuales en pago de deudas. A lo anterior se agrega la costumbre patronal (multada en cifras ridículas por el Estado) de no cancelar las imposiciones de los asalariados, y el empeoramiento de las condiciones contractuales y laborales de los trabajadores. Al respecto, un 70 % de la fuerza laboral en Chile cambia de empleo (o de relación contractual) entre 3 y 4 veces al año.
Por su parte, la fuerza laboral ligada a la explotación de productos agrarios sufre condiciones laborales todavía peores que los trabajadores de las grandes ciudades. Su situación de obrero agrícola, empeora aún más en el llamado «sector temporero» donde los salarios son miserables y los trabajadores (normalmente mujeres y menores de edad) laboran en peligrosas condiciones de higiene y seguridad. Sólo marginalmente logran cristalizar sus demandas a través de una ínfima expresión sindical.
Algunos elementos para la implementación de una Plataforma de Lucha de los Trabajadores para el actual período
Durante el último tercio de 2007, un conjunto de compañer@s se ha entregado a la formación de un polo de trabajadores por el socialismo, ante la inexistencia de un espacio articulador que sea capaz de elaborar colectivamente un compacto de análisis y proyecciones desde el campo político anticapitalista, dirigido a los trabajadores llamados a intervenir de manera protagónica y creciente en las luchas contra el capital y sus expresiones. La presentación de este debate –cuya composición mestiza permanece abierta y en crecimiento, por necesidad y convicción- se materializa a través de reuniones permanentes y de la publicación mensual de “El Piquete de Huelga”.
El espacio en construcción se funda sobre dos ejes básicos: la independencia de la clase trabajadora –autonomía respecto de la burguesía y sus expresiones institucionales, el empresariado y el Estado- y el horizonte político de la edificación del socialismo en Chile. Es decir, en último término, la conquista de un gobierno de los trabajadores y el pueblo, la destrucción de las relaciones sociales y de poder dominantes, el aniquilamiento de la propiedad privada, y la hegemonía de un proyecto político, ético, científico y estético fundado en la clase mayoritaria y sus maneras.
Considerando estos elementos, y teniendo clara la labor pendiente de un acabado análisis de la realidad material e ideológica que sostiene el actual estado de cosas, se aventuran aquí algunos puntos que podrían ser útiles como herramientas de lucha de los trabajadores en el actual período.
· A igual trabajo, igual salario. Esta demanda no sólo tiene sentido en el mundo del contratismo, el subcontratismo, el trabajo eventual y transitorio; sino que también en el ámbito de la mujer trabajadora y los inmigrantes.
· Establecimiento de un sueldo base que tienda a resolver las condiciones de vida de los trabajadores. En este sentido, la lucha por un sueldo base debe instalarse como aspecto de negociación predominante ante la embestida patronal de su relativización y el acento en la parte “variable” de la renta, sobre todo en un país donde el 70 % se desempeña en áreas ligadas al sector terciario o de “servicios”.
· La precarización del empleo y la llamada “flexibilidad laboral” se expresan jurídicamente en las condiciones contractuales de los trabajadores. En este sentido, para cautelar la estabilidad del salario, es preciso demandar contratos indefinidos y reimponer la indemnización por años de servicio.
· Las alzas en la electricidad y en los alimentos de primera necesidad impactan negativamente en los salarios refrigerados de los trabajadores. La lucha por el término de las alzas está íntimamente ligada a las condiciones remuneracionales y laborales de la clase trabajadora. Otro tanto ocurre en el transporte público.
· Fin a las prácticas antisindicales, a las llamadas “listas negras”, la criminalización de la lucha de los trabajadores, el derecho a huelga sin reemplazo de los trabajadores.
· Potenciación de una sindicalización masiva en clave socialista y con independencia de clase.
· Instalación de demandas asociadas a los Derechos Humanos, tanto en el ámbito de la memoria actualizada de las víctimas de la dictadura y la lucha por la verdad y la justicia de los trabajadores asesinados por el pinochetismo, como en el plano de los derechos sociales fundamentales de las personas (educación, salud, vivienda, previsión social, trabajo, medioambiente, tolerancia sexual, reconocimiento de las demandas históricas del pueblo mapuche). Al respecto, la acción y proyección renovadas por los Derechos Humanos en el siglo XXI deben ponerse a la altura de las actuales luchas de los trabajadores y el pueblo.
· Renalización del Cobre. En la actualidad, la explotación cuprífera y el precio del mineral rojo son el sostén predominante de la economía nacional. Sin embargo, casi el 70 % de su propiedad y explotación están en manos de corporaciones transnacionales. La lucha conjunta de los trabajadores y el pueblo por volver el cobre propiedad social son prioridad central a la hora de construir un proyecto de desarrollo nacional sustentable, y resorte para salir de la pobreza.
· Establecimiento de un nuevo Código del Trabajo, donde las expresiones organizadas de la clase tengan un peso cualitativamente sustantivo en su rediseño.
Se podría engrosar esta nómina de demandas de acuerdo a las reivindicaciones sectoriales de las distintas áreas del trabajo, pero se estima que para el actual período, la presente propuesta ya comporta las condiciones y punto de arranque necesarios para la unidad y lucha de los trabajadores.
Muchas tareas quedan pendientes. Sin embargo, estas propuestas, las fuerzas en construcción, la edificación de un proyecto y orgánicas políticas propias de los trabajadores y el pueblo serán las mandatadas a su constante evaluación y modificación de acuerdo a los diversos estadios de la lucha de clases orientadas políticamente hacia la emancipación definitiva de las mayorías nacionales.
POLO DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMO
Chile, primavera de 2007.
Contacto: [email protected]
Andrés Figueroa Cornejo
De la Memoria al Poder