Clínicas Indisa y de Universidad de Los Andes son declaradas oficialmente como «objetoras de conciencia»

La Clínica Indisa y la Clínica de la Universidad de Los Andes se convierten en los primeros recintos del país en cumplir con los requisitos establecidos en el “protocolo” que permite la objeción de conciencia institucional para el aborto en tres causales. Ambas completaron sus trámites y fueron declaradas oficialmente como “objetores de conciencia institucional” por el Ministerio de Salud (Minsal), en el marco del cuestionado reglamento de la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo.

En el caso de Indisa la objeción se remite a la causal de «violación» y regirá para la clínica, un centro de consultas y un establecimiento médico, ubicados en la comuna de Providencia. Mientras, para la Clínica Universidad de Los Andes la objeción aplicará a las tres causales y fue aprobada para el Campus central y el Hospital Clínico, ambos en la comuna de Las Condes, y un centro de salud ubicado en San Bernardo.

A fines de marzo, ocho centros médicos anunciaron –aunque la información es confidencial- que se acogerían a la “objeción de conciencia institucional”, negándose a practicar abortos. Hicieron pública su decisión las clínicas de la Universidad de Los Andes, la red UC-Christus, Alemana de Osorno, Indisa y los hospitales privados Parroquial de San Bernardo y de Panguipulli.

“Nos parece que hay un poco un error en cómo se ha conceptualizado la objeción de conciencia que, partiendo de una excepción, hoy día ha terminado siendo una norma para las instituciones”, señaló la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, en Radio Universo. Agrega que este proceso ha ido in crescendo, “un efecto un poco como dominó, y es ahí a dónde me gustaría ver al ministro intentando hacer un trabajo en estas entidades privadas, comprendiendo el rol que ellas tienen en el acceso porque, por lo menos hasta el momento, cuantificamos alrededor de ocho instituciones privadas y a muchas que son controladas por grupos económicos”.

Según Siches, “el ministerio de Salud termina facilitándole las cosas a las instituciones privadas antes de cumplir su primer rol que es garantizar el acceso de las mujeres a interrumpir su embarazo bajo tres causales: violación, riesgo de vida de la madre e inviabilidad del feto”.

En un comienzo, el proyecto de ley consideraba otorgar la objeción de conciencia a título personal del equipo médico, pero se amplió a aquellas instituciones que así lo requieran, lo que ha sido criticado pues tuerce el espíritu de la ley.