La Contraloría General de la República, a través del informe número 900 publicado en la web del Poder Judicial, dio cuenta de 23 pagos a 13 empleados de Codelco, los que entre 2013 y 2015 percibieron de forma simultánea honorarios y/o sueldos de 8 empresas contratistas de la estatal.
En el listado señala, según publica La Tercera, que en 2015 un jefe de área recibió pagos de la empresa Hatch Ingenieros y Consultores. También se registraría pagos a un jefe senior de construcción y un especialista avanzado de ingeniería y procesos. La constructora Claro Vicuña Valenzuela también aparece que en 2015 y 2016 realizó pagos a la misma persona que registra bajo el cargo de jefe de construcción y jefe senior de puesta en marcha. Este mismo empleado recibió pagos en 2015 de R & Q Ingeniería.
Junto con ello, se registran pagos desde la Empresa Portuaria San Antonio a un gerente de gestión y fiscalización de empresas contratistas, quien a la vez era director de la empresa portuaria estatal. Al mismo tiempo, tanto la Universidad de Chile como la de Santiago, que figuran como contratistas de Codelco, registraron pago ejecutivos de la cuprera que ocupaban cargos como consejeros jurídicos, gerente de estudios, director de ingeniería, jefe de construcción y jefe senior de ingeniería. Para estos casos, los funcionarios aparecen como profesores de las instituciones.
En el informe se da cuenta que Codelco respondió a Contraloría que hay una norma interna que regula las operaciones de ex trabajadores con empresas proveedoras. El documento recalca que “se aprecia que la citada regulación no alcanzó a sus trabajadores que, como se advierte, presentan una doble condición, quienes, por un lado se desempeñan en Codelco y por otro, prestan servicios a empresas proveedoras, situación que importa un riesgo de conflictos de interés y/o el uso de información privilegiada”.
Codelco agregó en sus respuestas a Contraloría que evaluará modificar dicha norma, “con el objeto de regular todo tipo de relación que pudiera darse, y así evitar en lo sucesivo lo objetado”, además de iniciar una investigación interna.
El mencionado informe señala que entre 2013 y 2015 Cochilco realizó tres auditorías, donde se registran 23 observaciones relacionadas a faltas a su normativa interna de procedimientos de contratación y adquisición. Y sobre ellas, Contraloría agrega que “al mes de septiembre de 2016, Cochilco no había realizado seguimiento a tales informes”.
El informe de Contraloría sostiene que se registran “desembolsos cuyos conceptos asociados no corresponderían” al ítem de gastos misceláneos, entre los que se encuentran un desembolso de US$ 1,2 millones por la compra de un terreno, que de acuerdo a fuentes cercanas correspondería a la división Andina; US$ 757 mil para celebraciones; US$ 662 mil catalogados bajo el item “deporte”; cerca de US$ 129 mil para obsequios; US$ 89 mil en muebles; y US$ 23 mil en artículos electrónicos, entre otros.
Finalmente, la Contraloría constató en el período la realización de compras “en forma recurrente a un mismo proveedor, en un mismo días y/o en forma correlativa”. El órgano contralor da cuenta en el informe que la estatal implementó una serie de medidas, como un programa de auditoría permanente para la revisión aleatoria de los gastos misceláneos, además de solicitar a la gerencia de riesgos y control el reforzamiento de los controles sobre la pertinencia de este tipo de gastos.
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