El sorprendente y desalentador resultado del plebiscito en Colombia ha colapsado, en los últimos dos días, a periodistas, analistas internacionales, expertos y cientistas políticos que daban abasto para encontrar una respuesta a este resultado.
A partir de ahora, los acuerdos de paz gestados durante cuatro años en Noruega y Cuba quedaran en papel mojado si el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP no logran dar una salida al bloqueo popular del proceso. Una intención, la de activar rápidamente un mecanismo para destrabar la situación que según el mandatario colombiano se convertirá en prioridad.
Sin embargo, hay que poner ojo porque tal y como se expresaron los colombianos y colombianas, parece que no sólo el gobierno y la guerrilla tendrán que tener voz en la discusión sobre cómo seguirá el proceso. Ahora, un tercer actor, el uribismo, se suma a la mesa. Un nuevo agente al que no hay que subestimar ya que cuenta con un apoyo ciudadano considerable luego de haber desarrollado una campaña unificada en contra de la figura de Santos, que ya registraba baja popularidad, y de haber difundido tesis como el apoyo al castro-chavismo o la (falsa) amnistía de los excombatientes.
Lo que se abre ahora en Colombia es una gran incógnita. Por ahora, las FARC-EP ya anunciaron que no van a volver a las armas, aunque tampoco iniciarán el proceso de dejación de armas, ni podrán entrar en política. No hay ganas de volver a la guerra pero es difícil definir cómo se sacarán adelante las propuestas que recogía el documento firmado el pasado 26 de septiembre en Cartagena de Indias.
También se abre un interrogante sobre la responsabilidad que asumió el Estado en cuanto a garantizar la vida y la libertad de los desmovilizados. Por ejemplo, Estados Unidos ofrecía -por lo menos hasta agosto de este año- cinco millones de dólares de «recompensa» por datos que llevaran a la captura de Rodrigo Londoño, a quien acusaba de «narcotráfico y terrorismo». ¿Qué pasaría si el Departamento de Estado, en algún momento, pidiera su extradición?
Por otra parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), sigue activo aun cuando está en conversaciones con miras a la desmovilización . ¿Qué hará ahora?
En entrevista con El Ciudadano, la integrante de la Comisión de Paz y vocera Nacional del Congreso de los Pueblos, Marylén Serna Salinas, afirmó que «el cese bilateral debe ser extensivo al ELN, creo que iniciar la fase pública en los términos que se acordó en marzo será un mensaje importante». Y agregó: «Ahora, es clave que el presidente Santos pare la arremetida contra el movimiento social y el pueblo colombiano, las reformas planteadas para afianzar el modelo no tienen cabida en estos momentos».
Las condiciones de los detractores
Los partidarios del ‘No’ defienden ahora que quieren “otra” paz que surja de la renegociación de los Acuerdos.
Desde hace tiempo el Centro Democrático, principal opositor del acuerdo, manejaba la hipótesis de que en caso de ganar esta tendencia habría que volver a la mesa de negociaciones y revisar algunos de los puntos acordados.
Entre los temas que los uribistas piden revisar se encuentran la elegibilidad política para aquellos que cometieron delitos atroces, que las sanciones a los jefes de las FARC, quienes son considerados responsables de crímenes de lesa humanidad, incluyan cárcel.
Además, en las últimas horas por el expresidente Álvaro Uribe matizó que a los excombatientes sin ninguna condena por delitos atroces se les dé una amnistía y también llamó a promulgar una ley para dar alivio a soldados y policías como por ejemplo, evitando que éstos sean juzgados por el mismo tribunal que procesará a los miembros de las FARC-EP.
Uribe también pidió que el diálogo que propuso el presidente Juan Manuel Santos no se limite al Centro Democrático, sino que se abra a todos los demás sectores promotores del “No”.
El exmandatario no quiso especificar los tiempos para convocar un nuevo encuentro entre líderes del Gobierno, las FARC y los opositores al proceso de paz, pero subrayó que mientras tanto ambas partes tienen que respetar el compromiso de no retomar la guerra.
Para Marylén Serna, es muy necesario entender este momento como «una oportunidad para fortalecer la participación de la sociedad». En este la misma línea, interpela a la comunidad internacional y a los roles de los países acompañantes del proceso (Chile y Venezuela): «Su papel hace parte de los acuerdos, la comunidad internacional debe seguir respaldando el proceso«.
En este sentido, el canciller chileno Heraldo Muñoz aseguró que «nuestro país va a ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance», y que «Chile está por el camino de la paz en Colombia».
Serna está segura de que «el reto a partir de ahora es tener la capacidad de convocar al conjunto de la sociedad a pensarse en este país en paz«.
Las FARC-EP, en principio, no querían el plebiscito sino una Asamblea Constituyente. Se verá, ahora, si es posible explorar algún camino en este sentido, aunque lo cierto es que nadie pensó en un “plan B”. Un nuevo escenario se presenta y seguro tendrá consecuencias para las elecciones de mayo 2018. Una de ellas está clara por ahora: las FARC-EP no podrán concurrir con partido político propio.
Meritxell Freixas
@MeritxellFr
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