“Los antecedentes dados a conocer por los medios de prensa son antecedentes que nos deben llamar a todos a la indignación. Nosotros como Ejecutivo no sólo nos hemos indignado, hemos actuado, presentamos una ley al Parlamento, se legisló sobre esa ley, y de haber estado en efecto cuando ocurrieron colusiones como las que hemos conocido en nuestro país habrían implicado penas de cárcel. Cualquier pronunciamiento respecto a esta materia tiene que ser hecho por la Fiscalía Nacional Económica que son quienes conocen los antecedentes de esta materia”, señaló el ministro Céspedes.
Por su parte, el abogado representante de Conadecus, Hernán Calderón dijo que la Fiscalía Nacional Económica le debe una explicación al país por el caso colusión de pañales, y se debe investigar si actuó en forma negligente en este caso. “Creo que la Fiscalía –como lo hemos dicho anteriormente- nos debe una explicación de por qué no inició una investigación apenas se supo de este hecho, informada por las propias empresas. Más cuando el 2013 estas mismas empresas estaban siendo investigadas en Colombia por colusión de pañales, y que son las mismas que operan en nuestro país”.
El abogado se refirió además a los costos que esto habría implicado, indicando que “se estima que mensualmente una familia gasta la suma de 42 mil pesos en pañales, y si eso lo sumamos por dos años estamos hablando de que una familia podría haber gastado cerca de un millón de pesos en pañales. Hay que estudiar cuánta sería la distorsión durante el periodo de la colusión, esto con una evaluación de daños.
El senador Alejandro Navarro recordó que durante la discusión de la actual ley de colusión el texto legal era débil. «La primera sensación es de rabia, impotencia, de percibir que una vez más empresarios inescrupulosos le meten la mano al bolsillo a todas las familias chilenas”.
“Pero lo que causa igual o mayor molestia a la ciudadanía, es enterarse que es sólo la Fiscalía Nacional Económica quien puede iniciar una investigación por el delito de colusión, pues la Ley 20.945, promulgada recién en agosto de este año por la Presidenta Bachelet, establece que solo dicha entidad puede querellarse en estos casos, de forma que el Ministerio Público está atado de manos”, dijo.
Navarro, quien es autor de proyecto de Ley, Boletín 10373-03, que busca impedir que empresas -que se confabulen para subir los precios- participen de licitaciones estatales, anunció que, “ingresaremos por tanto, una moción para que el Ministerio Público pueda investigar directamente los casos de colusión”.
La Comisión de Economía acordó citar a una próxima sesión al Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, para solicitarle mayores antecedentes del caso donde la CMPC reconoció haberse coludido con Kimberly Clark por unos 7 años para subir precios de pañales, en el contexto de la delación compensada por el caso de colusión del papel tissue.
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