Comisión de Constitución aprueba proyecto sobre transparencia y financiamiento de la política

El presidente de la Comisión de Constitución, diputado Leonardo Soto (PS) destacó que durante los cinco meses de tramitación que ha tenido el proyecto, “se ha construido un modelo distinto de financiamiento de campañas políticas, transparencia de los procesos electorales, que da un salto cualitativo en nuestra democracia”.

“Creo que con esto damos una mejora sustantiva a nuestra democracia, fortalecemos y profundizamos nuestra democracia, dejando al margen completamente la influencia que ha tenido excesiva el dinero en la política y, asimismo, damos mayor equidad electoral a todos los que quieran participar porque habrá un financiamiento público que igualará la cancha de los candidatos que compiten en una elección”.

El legislador remarcó, por otra parte, que las normas aprobadas “eliminan completamente la posibilidad que las empresas, las personas jurídicas, hagan aportes de campaña electoral tanto a candidatos como a los partidos políticos”.

Junto con terminar con los aportes anónimos, agregó que toda la información estará disponible para los ciudadanos como una manera de dar 100% de transparencia al financiamiento que reciben los distintos representantes de cargos de elección popular.

Finalmente, el diputado Soto enfatizó que habrá un aumento de las sanciones, las cuales pueden llegar incluso a sanciones penales y la pérdida del cargo, en los casos de “parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales que incumplan gravemente sus obligaciones electorales”.

El proyecto del Ejecutivo sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia establece un financiamiento público permanente a los partidos políticos y eleva los estándares de control y transparencia que deberán cumplir.

En materia de gastos de campaña, se regulan los aportes a los candidatos, prohibiendo los aportes de personas jurídicas y estableciendo límites a los fondos que pueden entregar las personas naturales.

Además, se termina con la figura de los aportes reservados, ya que la entrega e identidad de los aportantes serán públicos y se realizarán a través del Servicio Electoral.

Asimismo, la normativa rebaja los límites de gasto electoral que podrán realizar los diferentes candidatos en cada elección, regula la rendición de cuentas y establece sanciones si se superan los gastos permitidos, se reciben aportes irregulares o se utilizan en fines distintos.

En materia de propaganda electoral, el proyecto determina los plazos para esta y los tipos que pueden ejecutarse.

En concordancia con estas normas de control, el texto otorga nuevas atribuciones al Servicio Electoral, las cuales se complementarán con la reforma que entrega autonomía constitucional al servicio y la ley orgánica que posteriormente definirá sus funciones.