Tras cinco sesiones intensivas celebradas entre ayer y hoy, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados terminó de analizar y despachar a la Sala el proyecto, en primer trámite constitucional, que crea el sistema de desarrollo profesional docente, sin contemplar entre sus normas la entrega de un bono de retiro para los profesores que se acojan a jubilación.
El presidente de la Comisión, diputado Pepe Auth (PPD), valoró el trabajo realizado por la instancia y estimó que pudieron contribuir al avance de un proyecto que es el más relevante de todas las reformas a la educación chilena, porque es el que apunta directamente al lugar que más impacta sobre los niños: la sala de clases. «La calidad que tengan los profesores de Chile es directamente proporcional a la calidad que impartan en el aula y a la calidad de la educación de los niños», recalcó.
Destacó que la propuesta legal incluye al conjunto de los profesionales de la educación, partiendo por los profesores del sistema público, pero también incorporando a los docentes del sector particular subvencionado, a las parvularias (primero a las que hacen prekínder y kínder y luego a las de los periodos de educación más temprana) y quienes realizan educación especial o diferencial.
Dijo que, lo que se ha hecho con este proyecto, es decidir el destino de casi US$2400 millones que van directo al mejoramiento de las condiciones del profesorado, de su formación y carrera y, en consecuencia, a la calidad de la educación. «Esto va a significar en 20 años más el principal aporte al mejoramiento de la educación chilena», sentenció.
Bono al retiro
Uno de los temas más debatidos en la Comisión, fue el relativo a los dos artículos introducidos por la Comisión de Educación que consideran la entrega de un bono al retiro (uno destinado a los profesionales del sector municipalizado y otro para los profesores de los colegios particulares subvencionados) y que el Ejecutivo buscó eliminar a través de dos indicaciones que fueron aprobadas por mayoría de votos.
El diputado Pepe Auth indicó que era necesario «volver las cosas a su lugar», apuntando al problema reglamentario que se gestó al aprobarse en Educación indicaciones que eran de prerrogativa del Ejecutivo y, por lo tanto, desde el punto de vista parlamentario, inadmisibles.
Destacó, sin embargo, el compromiso del Gobierno de estudiar una prolongación del actual incentivo al retiro -que concluye este año-, hasta el 2018.
Al respecto, el diputado Daniel Núñez (PC) reconoció que el tema es muy sentido para los profesores, pero resaltó que se vieron enfrentados a tener que hacer cumplir el reglamento y votar las indicaciones del Ejecutivo que reparaban una vulneración de las atribuciones del Congreso Nacional. Recordó que si las normas hubiesen sido aprobadas y despachas por el Parlamento, de todos modos no se podría concretar la entrega del bono porque el punto habría sido frenado en el Tribunal Constitucional.
«Desde ese punto de vista, lo que hicimos fue exigirle al Gobierno una propuesta: que tomara él como indicación un bono de incentivo al retiro de los profesores para la carrera docente que llegue hasta 2018 y que fuera sobre la base de la prolongación del bono que existe hoy y que vence el 31 de diciembre de 2015», precisó.