La comisión especial de acusación constitucional en contra de la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, por la situación de Gendarmería, rechazó la procedencia de la acusación. Votaron por el rechazo los diputados Marcelo Schilling (PS), Jaime Pilowsky (DC) y Sergio Ojeda (DC), mientras que por aprobar el libelo acusatorio estuvieron los diputados René Saffirio (Ind) y Marcela Sabat (RN).
El presidente de la instancia, diputado Marcelo Schilling (PS), explicó que se decidió rechazar esta acusación porque se estimó que no cumple con los requisitos que exige la propia Constitución y la ley orgánica del Congreso Nacional para llevarla a cabo.
Agregó que la principal debilidad de esta acusación fue «la imposibilidad de demostrar la participación personal y directa de la Ministra en los hechos que se le imputaban».
Sobre el primer caso, su supuesta participación en la manipulación de los sueldos de funcionarios de Gendarmería, para mejorar sus condiciones de retiro, el diputado Schilling precisó que incluso en la exposición de los abogados expertos invitados por los acusadores, estos descartaron de plano la participación de la Ministra, «cien por ciento y sin ninguna vacilación».
En el segundo hecho, sobre la contratación de funcionarios para desempeñarse en comisión de servicio, el parlamentario recordó que la ley del Ministerio de Justicia establece que el titular de la cartera tiene «plenas facultades para que planifique, organice, coordine, los recursos humanos de los servicios bajo su dependencia, para darle eficacia al accionar del ministerio, lo cual, paradójicamente es una de las cosas por las cuales se le pretendía acusar».
Blindaje
En el voto disidente, la diputada Marcela Sabat acusó un blindaje político de la Nueva Mayoría a la ministra, toda vez que al menos en esta acusación «se ha verificado una infracción a la ley de bases del estado respecto, principalmente a la probidad administrativa. Se da a conocer y se verifica que la ministra utliza su cargo para presionar al jefe de servicio de ese entonces, Tulio Arce, para nombramientos políticos con esa exclusividad», enfatizó.
La legisladora RN añadió que se advertía antes del término incluso de la comisión que habría un voto político, con argumentos en materia de forma, en lugar de ir al fondo. «Acá habían dos capítulos que daban, efectivamente, una verificación de infracciones a la ley como lo advertía como causales a la Constitución cuando se acusa una minstra de Estado e hicieron caso omiso al fondo que era verificar esas infracciones a la ley».
Subrayó que nuevamente se trata de blindar a la ministra más allá de las políticas públicas que hoy día no existen por parte del gobierno. «No hemos visto ni una sola medida que tenga como fin mejorar lo que ocurre hoy día en Gendarmería de Chile, y eso es lo más preocupante».
Al respecto, el diputado Jaime Pilowsky (DC) negó tal blindaje y sostuvo que luego del análisis, la respuesta de la ministra y los elementos aportados por los académicos invitados, se trata de una acusación poco clara y que no cumple con los requisitos legales y constitucionales.
Puntualizó que quienes blindaron a la ministra Blanco «fueron aquellos que hicieron, realizaron y suscribieron esta acusación constitucional, por hacerla a la rápida, sin los elementos de juicio necesarios para cumplir con los requisitos constitucionales y legales que la propia Carta Fundamental establece».
Finalmente, insistió que la acusación es la última ratio que establece la Constitución, se trata de un instrumento excepcional, y afirmó que «ocuparlo de manera irresponsable lo único que perjudica es la legitimidad de los diputados de poder ejercer adecuadamente y en forma oportuna y responsable nuestras facultades del ámbito fiscalizador».