Con una adjudicación de intervención directa al ministro de Energía, Máximo Pacheco, para acelerar la concreción de proyectos energéticos, concluyó el informe único, aprobado por ocho votos a favor y tres en contra, de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados encargada de analizar la aplicación de la normativa en la aprobación de los proyectos Cardones-Polpaico (transmisión) y Doña Alicia (hidroeléctrica).
La presidenta de la Comisión, diputada Andrea Molina (UDI), estimó que el Secretario de Estado pasó más allá de sus responsabilidades, aunque reconoció que, en el fondo, da lo mismo la cartera o el nombre del ministro, ya que este tema podría ocurrir con cualquier gobierno o cualquier cartera que haga de promotor de un proyecto.
La legisladora informó que pudieron observar y demostrar que hay una vulneración sistemática en lo que es el sistema de estudio de impacto ambiental y que la participación ciudadana se realiza sobre la base de muchas presiones y falsedades. Además, planteó que debe haber un cambio institucional, no solo en cuanto a las exigencias y a que, por ejemplo, se incorpore a los estudios el tema del cambio climático, sino que también se constituyan entidades independientes, que no sean permeables a las influencias de una determinada cartera en torno a un proyecto.
En este plano, por ejemplo, estimó que las acciones que desarrolla el Comité de Ministros debieran ser ejercidas por los tribunales ambientales, donde se puedan votar los temas sobre la base de lo que establezca la ley y no conforme a las decisiones que tengan los ministros de turno sobre la base de los proyectos que ellos estén levantando en cada una de sus carteras.
En la misma línea, el diputado Fuad Chahin (DC) sostuvo que, en el caso de Doña Alicia, el Ministro de Energía impuso «la necesidad de poder generar electricidad a cualquier costo», pasando por encima de la opinión de las comunidades locales, de los intereses de la actividad turística y del medio ambiente de la comuna de Curacautín, en la región de La Araucanía.
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El legislador valoró el trabajo que hizo la Comisión, al escuchar a las organizaciones y a las autoridades, para concluir que hay que perfeccionar el sistema de evaluación ambiental, ya que claramente es insuficiente, pues al final «las cosas se definen políticamente en el Comité de Ministros”.
Por su parte, el diputado Mario Venegas (DC) indicó que es de la mayor importancia recoger las recomendaciones que la Comisión hace en orden a optimizar los procesos de evaluación de estos proyectos y fortalecer la participación ciudadana, incluso hasta el punto de hacer algunas modificaciones legales que permitan que estas iniciativas no impacten otros aspectos del desarrollo.
Señaló que el informe, por ejemplo, menciona cómo el Comité de Ministros no escuchó la voz de la localidad de Curacautín en el caso de Doña Alicia, ni a la Corema, que votó por ocho votos contra tres rechazar el proyecto porque consideraron insuficiente la información recabada. «Eso no me parece bueno ni ahora ni para el futuro del desarrollo de proyectos de este tipo”, evaluó.
Datos del informe
El informe de la Comisión fue aprobado por las diputadas Daniella Cicardini (PS) y Andrea Molina y los diputados Pedro Browne (Amplitud), Fuad Chahin, Sergio Gahona (UDI), Diego Paulsen (RN), Leopoldo Pérez (RN) y Mario Venegas. En contra se pronunciaron la diputada Marcela Hernando (PRSD) y los diputados Marco Antonio Núñez (PPD) y Daniel Núñez (PC).
El texto recalca que, antes y durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto Cardones-Polpaico, fueron vulneradas por distintos actores públicos y privados una serie de normas e instrumentos de gestión ambiental. «De este modo aparece de manifiesto que el Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, vigente a la fecha, adolece de un conjunto de fallas o debilidades que permiten que megaproyectos, como el de Cardones-Polpaico, no sean evaluados con la rigurosidad que ameritan, a efectos de canalizar los eventuales impactos, consecuencias y externalidades negativas, que su futura ejecución y funcionamiento implicarán», se acota.
El documento resalta las diversas deficiencias e irregularidades en el proceso de participación ciudadana (adulteración de información, los informes relatan actuaciones de comunidades que no existen o reuniones que no se realizaron); e irregularidades en la evaluación ambiental propiamente tal, donde se presentó, por ejemplo, adulteración de encuestas.
«Las situaciones verificadas en esta investigación hacen razonable pensar que aspectos como la participación ciudadana debe ser reforzado legislativamente, a efectos de que el principio preventivo pueda realmente operar de forma eficiente, evitando que la participación de la ciudadanía degenere en denuncias, protestas y disconformidad posteriores a la aprobación ambiental del proyecto», se precisa.
La Comisión recomienda que la responsabilidad y el financiamiento de las evaluaciones ambientales no dependa exclusivamente del titular o promotor del proyecto, sino que sea el Estado quien mediante licitación pública administre el proceso. Asimismo, se plantea que no es posible continuar con mecanismos que se desentienden absolutamente de la opinión ciudadana.
Además, se sugieren modificaciones normativas que permitan mejorar el levantamiento de información para facilitar así la generación de líneas de base y áreas de influencia apropiadas; y regularizar y estandarizar el procedimiento técnico sobre el cual se establecen medidas de mitigación, compensación y reparación.
El grupo parlamentario también acusa deficiencias en la Superintendencia de Medio Ambiente, como órgano fiscalizador, principalmente debido a la falta de recursos que este organismo dispone; y critica que Cardones-Polpaico es un proyecto que se decidió aprobar «a todo evento», con intervención directa del Ministro de Energía para sacar velozmente dichas iniciativas. «Comprometió públicamente un cambio de trazado, que con posterioridad tuvo que desdecir, lo cual representa una intromisión indebida, ya que no está dentro de sus funciones actuar como portavoz del titular del proyecto y porque claramente representa una presión indebida para todos los funcionarios del gobierno involucrados en la cadena de decisiones», se remarca.
Asimismo, se determina que el titular del proyecto Cardones Polpaico (Interchile S.A.) actuó «de un modo inaceptable, desarrollando un conjunto de acciones manifiestamente reprochables»; se comprueba que el rol de las municipalidades en los procesos de evaluación ambiental sigue siendo muy precario; se establece que hubo una grave afectación a la actividad turística de Curacautín por efectos del proyecto Doña Alicia que no fueron mitigadas debidamente; y se acusa falencias en el proceso de resolución del recurso de reclamación por parte del Comité de Ministros que aprobó este último proyecto.
Fuente: camara.cl
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