Comisión revisora aprueba acusación constitucional contra el ministro Montes: Pasa a sala con informe positivo

La comisión especial, encargada de examinar la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, recomendó a la Cámara Baja aprobar el libelo.

La Acusación fue aprobada en sala con un informe positivo, obteniendo tres votos a favor y dos en contra.

Los parlamentarios Tomás Hirsch (AH), Emilia Nuyado (PS) votaron en contra, mientras que Cristián Labbé (UDI), Natalia Romero (UDI) y Víctor Pino (Ind) votaron a favor.

Labbé defendió su voto señalando que “una de las cosas que hace que esto tenga la necesidad de poder llegar a puerto es que el ministro Montes va a salir sin ningún tipo de responsabilidad. Es inaceptable que en esta Cámara, que es la casa de la democracia, donde tenemos que hacer justicia política, el ministro Montes no tenga una consecuencia a lo menos política”.

Víctor Pino -quien presidió la comisión- planteó que “en la mañana nos hablaron de que la responsabilidad objetiva era una cosa excepcional. Que se pierdan millones y millones de pesos en fundaciones fantasmas lo es, no ocurre todo el tiempo. Por lo tanto, sí se le puede cargar la responsabilidad objetiva al ministro Montes en este caso”.

Por su parte, el diputado Hirsch advirtió que el texto entregado por los acusadores consta de errores formales de fondo y de formalidad constitucional.

«Invito a tener un acto de honestidad intelectual a las diputadas y diputados de esta comisión y rechazar esta acusación, ya que un escrito de este calibre no vale la pena considerarla siquiera como una acusación constitucional”, afirmó. citado por La Tercera.

La parlamentaria Emilia Nuyado indicó que escuchó la intervención de los invitados y especialmente de los abogados expertos en derecho constitucional, «quienes en sus exposiciones están de acuerdo en concluir que esta acusación constitucional adolece de graves falencias, confusiones y errores en su argumentación”, por lo que planteó “esta acusación debe ser declarada inadmisible“.

Cabe destacar que ni Labbé, ni Romero, ni Pino, quisieron sostener la acusación ante la Sala en la sesión que se realizará este jueves 4 de enero, por lo que a diputada Francesca Muñoz (PSC) será la encargada de hacerlo.

Cabe recordar que la acusación contra el titular de Vivienda y Urbanismo, cuenta con firma de diputados de Chile Vamos (sin Evópoli), Partido Republicano, Partido de la Gente, y Partido Social Cristiano.

El libelo —compuesto por 81 páginas— fue presentado ante la Cámara de Diputadas y Diputados, y apunta a responsabilidad política del secretario de Estado por los presuntos hechos de corrupción ocurridos en el traspaso de recursos desde la secretaría regional ministerial (seremi) de la cartera a Democracia Viva.

En el texto, se acusa directamente al secretario de Estado como único responsable político de haber infringido el principio de probidad consagrado en el inciso primero del artículo octavo de la Constitución.

La denuncia, además, revela conflictos de interés, ya que el director de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, mantiene una relación sentimental con la diputada Catalina Pérez, de la Región de Antofagasta, mientras que el seremi fue asesor de la misma parlamentaria.

Se señala que los equipos técnicos fueron separados de las decisiones relacionadas con la asignación de presupuestos, lo que se considera inapropiado y poco transparente. Esta preocupación fue comunicada a las autoridades en el nivel central del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Cabe destacar que la comisión investigadora del Caso Convenios, en sus conclusiones, le atribuyó al secretario de Estado una «reprochable inobservancia de las conductas de los seremis».

Respuesta del ministro Montes a la acusación constitucional

Por su parte, el ministro Montes presentó documento de 175 páginas para contestar la acusación constitucional.

En su respuesta, la defensa del ministro Montes aseguró en primer término que la acusación no cumple los requisitos para ser interpuesta, pues -sostiene- la acusación constitucional «es un procedimiento de responsabilidad objetiva».

Por ello, la presentación contendría «un error jurídico insubsanable que vicia toda la acusación».

Asimismo, en la contestación se indicó que las y los acusadores no identifican de manera clara y precisa los hechos que se imputan al ministro Montes: «Se acusan muchas personas por causas diversas», apunta la defensa en el documento.

Por lo anterior, se estima que no se configuran las causales invocadas en los capítulos acusatorios, respecto a la acusación constitucional.

Adicionalmente, la defensa afirma que la acusación carece de un mínimo estándar de fundamentación; se invoca erróneamente la causal de infracción a las leyes; no se imputa responsabilidad por hechos propios y se ignora el carácter de última ratio de una acusación constitucional.

Revisa el texto completo de la defensa AQUÍ

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