Una grave denuncia contra la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, fue presentada ante la Contraloría General de la República. Concejales de la comuna, en compañía de dirigentes sociales, llegaron hasta el organismo de calle Teatinos para denunciar incumplimientos en el procedimiento asociado a la presentación de la cuenta pública, conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
«La presentación que hicimos es para que el contralor se pronuncie con relación al artículo 67 de la Ley (Orgánica) Constitucional de Municipalidades, que tiene relación con ciertas formalidades de la cuenta pública que ella no cumplió y con lo más grave, que no cumplió el plazo para presentarla, que era hasta el último día de abril y la postergó para mayo y esa es causal de notable abandono de deberes», señaló la concejala Marcela Silva, en diálogo con El Ciudadano.
En concreto, la citada normativa (Nº 18.695) establece que «el alcalde deberá dar cuenta pública al concejo, al consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil y al consejo comunal de seguridad pública, a más tardar en el mes de abril de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad». Sin embargo, este trámite fue realizado recién el pasado viernes 5 de mayo en el Teatro Municipal de Maipú.
Además de enumerar los puntos a los cuales debe hacer referencia la cuenta pública, el artículo 67 concluye que «el no cumplimiento de lo establecido en este artículo será considerado causal de notable abandono de sus deberes por parte del alcalde».
De acuerdo al portal del canal 24 Horas, la alcaldesa respondió las acusaciones señalando que la modificación en la fecha se realizó «por la gran cantidad de sismos que vivía el país», propuesta que habría sido respaldada por el órgano fiscalizador.
El día después
La presentación ante Contraloría se produce tras un controversial episodio en la última sesión del concejo municipal, desarrollada el pasado martes 9 de mayo. En la instancia, la alcaldesa Barriga apagó el micrófono de Marcela Silva, desatando el repudio del resto de los concejales opositores, quienes decidieron abandonar la sala.
A este medio, la concejala Silva (PS) afirmó que «es frecuente que la alcaldesa nos censure, no nos escuche, se moleste porque uno la emplaza. El día de ayer fue un acto de censura el apagarme el micrófono tres veces. No entiendo, se supone que estamos en una democracia donde todos podemos manifestar nuestra opinión, de cualquier sector político, y ella se molesta al escuchar a los demás concejales que la emplazan».
En la misma línea, el concejal Ariel Ramos (PC) sostuvo que «la alcaldesa Cathy Barriga tiene que entender que el gobierno comunal lo hacemos todos, no solo ella, sino que también los concejales/as y los distintos estamentos de la sociedad civil, que hoy lamentablemente no están siendo respetados».
El alegato de Ramos obedece a otra situación que ha despertado el descontento en el mundo social maipucino, porque los dirigentes sociales que acompañaron la acción de los concejales denunciaron que no están siendo considerados por la administración municipal, incluso pasando por alto al Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), órgano establecido en la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.
Para la dirigente vecinal Sonia Rubio, «lo que pasó con la cuenta pública es grave. Al COSOC no se le toma en cuenta, a los dirigentes sociales tampoco. No se nos invita a las actividades ni a las reuniones. Los dirigentes sociales de Maipú estamos capacitados, hemos ido a la universidad, hemos estudiado. Yo creo que eso la atemoriza, porque va a encontrarse con dirigentes empoderados y por eso no quiere trabajar con nosotros».
El COSOC de una comuna está compuesto por representantes de las organizaciones comunitarias de carácter territorial de la comuna y a la que pueden integrarse representantes de asociaciones gremiales y de organizaciones sindicales de la comuna. Entre otras atribuciones, la entidad puede pronunciarse tanto de la cuenta pública del alcalde como de la cobertura y eficiencia de los servicios municipales.
El presidente de la Asociación Mapuche Tripay Antü, organización con presencia en Maipú hace 12 años, reafirmó las denuncias contra la alcaldesa y entregó detalles acerca de una situación particular que los afecta, como organización de la sociedad civil.
El dirigente denuncia «una situación de arbitrariedad enorme, por parte de la administración de la alcaldesa (…) Ha tratado de instalar cámaras al interior de la sede (municipal) que nosotros utilizamos para reunirnos de forma continua. Nosotros nos opusimos a la instalación de estas cámaras, pero cuando salimos y no estábamos en la sede social, las instalaron pasando por sobre nuestro espacio ceremonial».
«Entendemos la necesidad de seguridad, pero creemos que ha sido un exceso, toda vez que ya tenemos guardias las 24 horas y tenemos que aceptarlos dentro de nuestras reuniones, que son privadas. Además, tenemos que aceptar que la autoridad, de forma intransigente, ni siquiera se dé el tiempo de dialogar y de escuchar nuestras razones», manifestó.