¿Conflictos de interés en el Congreso? Proyecto aumenta sanciones

En el marco del Caso Penta, las vinculaciones con políticos y empresarios que han ensuciado aún más la percepción que tiene la ciudadanía de la clase política, también nos hemos preguntado en qué deriva esta estrecha y oscura relación entre el poder político de los legisladores y el poder de los empresarios.

Recordemos…

La relación del presidente de la UDI, Ernesto Silva y  uno de los controladores de Penta –Carlos Eugenio Lavín, quedó al descubierto cuando en medio de la investigación por el caso salpicó de barro al timonel de los gremialistas, pues se supo que éste  había recibido un correo de parte de Lavín, quien le solicitaba aclarar de qué se trataba un articulo de la Ley de Isapres que entonces se tramitaba en el Congreso. El correo decía lo siguiente:

“Ernesto: te transcribo el artículo de ley 198 que define lo que es el IPC de la Salud. ‘Para efectos de la modificación de precios del Plan Garantizado de Salud’. Según te entendí, los DC estarían llevando esta idea del reajuste máximo según IPC de la Salud, para el Plan Garantizado y para el Complemento. Si entendí bien esto, sería de la máxima gravedad. Para saber eso te estaba llamando y de acuerdo a eso ver si se nos ocurre algo, Saludos CEL” (sic).

La respuesta de Silva a las 18:03 horas de ese día, fue: “Hola Carlos Eugenio. Es sólo para el plan garantizado. Saludos cordiales, Ernesto” (sic).

A raíz de estos mensajes, Silva quedó involucrado en el peor escándalo que ha enfrentado la UDI en el último tiempo, pues más allá de las peticiones de Iván Moreira y Ena Von Baer que recurrían a los dueños del holding, la vinculación de Silva desmanteló el verdadero trasfondo de esta situación. Pues una cosa es mendigar financiamientos para solventar campañas políticas y otra es que ese favor se devuelva en forma de voto. ¿Cual es la relación de Silva y la Ley de Isapres? Según un artículo publicado por El Mostrador el 6 de enero, se informaba que Silva tenía vínculos familiares con Penta  y además hasta el 2012 mantuvo un paquete de 12.100 acciones de Banmédica- compañia que entre julio y septiembre de 2014 incrementó en un 60% sus utilidades.

Luego de que este correo y la consiguiente relación de Silva y Penta, un reportaje de Ciper confirmó que el diputado incurrió en conflicto de interés al haber participado (pues no se inhabilitó) en la votación de la ley de isapres. Además, el articulo periodístico informaba que Silva mantiene acciones en Banmédica a través de su empresa familiar llamada Inversiones y Asesorías Sydarta. A propósito de este reportaje, Silva se declaró cansado de estos artículos «mañosos» y con su clásica postura pokerface, negó la información.

A razón de esto, los parlamentarios Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez, del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana respectivamente, presentaron un proyecto de ley que «Modifica la Ley Orgánica del Congreso Nacional, para regular los conflictos de interés y establecer sanciones efectivas a su infracción»,  para regular los conflictos de intereses y aumentar las sanciones a los parlamentarios que no se inhiban al momento de las votaciones.

El proyecto establece que «se crea una causal de inhabilidad respecto de aquellos asuntos que interesen a las personas que hubieren aportado a la candidatura del parlamentario una suma que exceda la mitad del límite dispuesto en la ley 19.884 sobre transparencia, control y límite del gasto electoral». Además se consigna en el documento que el proyecto «establece sanciones efectivas y proporcionales para aquellos parlamentarios que infrinjan la obligación de inhabilitarse de votar y promover asuntos en las hipótesis contenidas en el artículo 5º B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, incluyendo entre estas la figura de conflicto de interés  por aportes electorales significativos». 

Sobre la iniciativa, el diputado Núñez señalo que «Pretendemos que se establezca en este proyecto de ley que cuando un parlamentario no se inhabilita se sancione con un mes de impedimento para ejercer su derecho a votación y que también cuando una parlamentario reciba aportes de personas naturales que sobrepasen el 50% del monto máximo”. En tanto, Gutierrez dijo que “Ese conflicto de interés que hoy no está regulado, y que pretendemos subsanar con este proyecto de ley, es el conflicto que se genera entre el parlamentario y quien financia su campaña. Porque efectivamente no hay ningún impedimento para que este parlamentario promueva o vote algún tipo de proyecto que beneficie a quien financió su campaña”.

Núñez aseguró que «Ese proyecto de ley podía subir o bajar las utilidades que obtengan las empresas, las isapres. Y el diputado Ernesto Silva se coludió, conversó con Carlos Eugenio Lavín, después hizo como presidente de la Comisión de Hacienda una serie de acciones y más encima votó el proyecto de ley. Por lo tanto está claramente expresado en el reglamento la causal de inhabilidad. Ahora que él considere que tiene el derecho de actuar en forma impune y que las leyes se aplican para todo el resto de los parlamentarios, pero no para él, por su condición de figura política, creo que es algo incorrecto y eso sobre lo que se tiene que pronunciar la Comisión de Ética». Mientras que Hugo Gutierrez sostuvo que «en el Código de Ética, se están viendo normas reglamentarias que regulan el ejercicio del derecho a votar que tiene todo parlamentario, salvo en aquellas materias donde tiene intereses directos o indirectos. Nosotros creemos que cuando el reglamento habla de conflicto de interés directo, el presidente de la UDI, Ernesto Silva, tenía un interés directo cuando era parte de Banmédica, en momentos que se estaba votando un proyecto sobre las Isapres. A nosotros no nos cabe duda que había un conflicto de interés, pero por último esto tiene que resolverlo la Comisión de Ética, que para eso está en nuestro Congreso Nacional».

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