El pasado viernes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra la diputada UDI, Claudia Nogueira, acusándola de desviar dineros del erario fiscal para pagar asesorías que nunca se realizaron, por un monto de $4,2 millones, según informó T13.cl.
De acuerdo al documento presentado ante el 8º Juzgado de Garantía, la diputada sería la autora del delito del fraude al fisco, ilícito que figura en el artículo 239 del Código Penal.
En septiembre de 2016, Lily Zúñiga, ex asesora de prensa de la UDI, se autodenunció en la fiscalía por haber emitido boletas por servicios no prestados en 2014, refiriéndose a asesorías a la parlamentaria por Recoleta e Independencia.
De acuerdo a la denuncia de Zúñiga, el dinero que recibió fue traspasado a su ex socio en la empresa de comunicaciones Connectiva: el ex alcalde de Recoleta y esposo de Claudia Nogueira, Gonzalo Cornejo (UDI).
Ante la fiscalía, Zúñiga relató que Cornejo le había explicado que las boletas se usarían para pagar a 4 mujeres que realizaron trabajos en terreno para la candidatura de la actual diputada, pese a que Connectiva no cobraba a Nogueira, por tratarse de una empresa en manos de su cónyuge.
Según T13.cl, la querella presentada por el CDE habla de tres boletas emitidas para el pago de servicios «que nunca se prestaron» y fueron cobrados por Lily Zúñiga, quien se los entregó «en dinero efectivo en sobre blanco cerrado».
Por esto, el CDE acusa a Nogueira porque «en el ejercicio de su cargo como diputada de la República, consintió en que se sustrajeran fondos fiscales que le eran entregados para efectos de contratar personal asesor a su cargo».
El documento añade que «la operación que permite el desembolso del erario fiscal requiere la solicitud y participación directa del funcionario público (Nogueira), quien en definitiva decide cuánto y a quién se le debe pagar por los servicios prestados. La utilización de testaferros mendaces que facilitan boletas falsas y que se concertaron con Nogueira Fernández para la transferencia de fondos destinados a honorarios, importa la defraudación de los montos asignados para el cumplimiento de la función parlamentaria».