“El VIH Sida está totalmente fuera de control en Chile y como país hemos tocado fondo”. Esa contundente frase resume categóricamente la importancia de los datos entregados por el inmunólogo y director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Alejandro Afani, quien advierte sobre un “alarmante” alza en los casos de contagio de la patología en nuestro país.
En un artículo publicado en La Segunda el pasado lunes, el infectólogo detalla que dicha alza sería superior a la registrada en todos los países de Latinoamérica e incluso África. De acuerdo a lo expuesto por Afani, entre los años 2010 y 2017 se vió un aumento de un 96%. Esto se traduce en que de 2.968 casos, se pasó a 5.817 en 7 años.
Frente a este escenario, solo un dato: del total del presupuesto de Salud destinado al VIH-SIDA durante 2017, casi el 98% se reservó al tratamiento de la enfermedad, mientras que solo un 1,2% a la prevención.
Según la última Encuesta Nacional de Salud (ENS), solo el 10% de la población sexualmente activa dice haber usado condón en el último año. En el caso de jóvenes entre 15 y 24 años la cifra asciende al 22%. Miles de personas están infectadas sin saberlo y, lo que es gravísimo, siguen infectando a otros.
“La educación sexual es uno de los campos en disputa de mayor conflictividad en donde las diversas opciones políticas-religiosas pretenden imponer su hegemonía”, ha planteado Leonardo Arenas, autor de Aportes para una historia de la educación sexual en Chile.
Según la doctora experta en inmunología, Cecilia Sepúlveda, se pueden repartir millones de condones, pero si las personas no están habituadas a usarlos, si no hay conciencia, no hay resultados. “Para que se conozca y se adquiera esta práctica es fundamental la educación sexual en los colegios”, dice.
«La falta de políticas públicas ha afectado la prevención del VIH/SIDA»
Acerca de la política de embarazos en adolescente y la protección del derecho a la educación, hay que recordar que la ley promulgada por el presidente Ricardo Lagos, fue resultado de una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denegación de dicho derecho a Mónica Carabantes, estudiante de Copiapó a la que no se le renovó la matrícula por estar embarazada. Los tribunales chilenos fallaron a favor del sostenedor del establecimiento educacional que la discriminó y expulsó. En la CIDH, Carabantes obtuvo un acuerdo reparatorio que incluyó becas y la promulgación de una legislación “acorde a los lineamientos del derecho internacional”.
Según el Movimiento por los Derechos Sexuales y Reproductivos -Miles-, la falta de políticas públicas del Estado ha afectado la prevención del VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual, el acceso a la anticoncepción de emergencia, la esterilización voluntaria, el reconocimiento de la diversidad sexual y el matrimonio igualitario, entre otros. Así lo advierten en el Primer Informe sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva y Derechos Humanos en Chile, que analiza la situación de nuestro país al 2016.
“Chile sigue formando parte de los países que criminalizan a las mujeres; no existe una política de educación sexual con permanencia en el tiempo”, sostiene Miles en el texto.
“Desde el año 1974 no se realiza una encuesta sobre fecundidad; el embarazo adolescente sigue siendo un problema social y de salud pública que conlleva un impacto social, económico y cultural; el acceso a tratamientos de reproducción asistida depende casi exclusivamente de la capacidad económica de las parejas”, añaden en el documento.
Por ejemplo, la Ley 20.418, que tenía como objetivo el poder disponer de la píldora de anticoncepción de emergencia -conocida popularmente como «píldora del día después»- en el sistema público, recibió en su trámite legislativo una indicación que estableció la obligatoriedad de que los establecimientos educacionales que imparten enseñanza media tuvieran un programa de educación sexual. ¿Qué ocurrió? Dicha obligatoriedad ha sido incumplida por las diferentes administraciones.
El Tribunal Constitucional puso fuera de la ley la pastilla anticonceptiva. Que estuviera al alcance de los sectores medios y populares fue una de las batallas sanitarias y valóricas libradas contra la derecha y el conservadurismo, bastante transversal, de la sociedad chilena.
El sabotaje a las JOCAS
Rolando Jiménez, vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual -Movilh- asegura que “debieran existir programas de educación sexual en los colegios, desde la prebásica, de forma obligatoria”.
“Hay una deficiente conducta de prevención de VIH-SIDA en Chile y eso ha hecho que las tasas aumenten. Se debe incorporar programas de educación sexual al currículum escolar, porque las campañas que se hacen una vez al año no tienen impacto. La responsabilidad política es enorme”, agrega.
Según Leonardo Arenas, autor de Aportes para una historia de la educación sexual en Chile, en los distintos planes y programas en torno a la sexualidad desarrollados por el Ministerio de Educación -desde el gobierno de Patricio Aylwin, pasando por las Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad (JOCAS) de Frei Ruiz-Tagle; el Plan Nacional de Sexualidad, Afectividad y Género, en el gobierno de Ricardo Lagos; el portafolio de siete programas de Joaquín Lavín, en el gobierno de Sebastián Piñera, o el Plan Estratégico de Sexualidad y Afectividad, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, “lo que ha primado es una mirada heteronormativa, en la que no aparece la diversidad sexual, una mirada en que los sujetos son ignorantes respecto a estos temas”.
Los medios de comunicación neoliberales, las cúpulas de iglesias y la derecha conservadora criticaron duramente las JOCAS, impidiendo su plena realización.
Conservadurismo versus transición cultural
¿Qué tienen en común quienes no quieren que nuestro país se rija bajo estándares internacionales?
Juliette Grange, filósofa y académica de la Université François Rabelais de Tours, Francia, señala que “Chile ha sido el laboratorio del neoconservadurismo”.
“El neoconservadurismo es el matrimonio entre un pensamiento neoliberal y un conservadurismo en el orden moral y religioso. Es una mezcla de hipermodernidad y elementos reaccionarios, como los valores familiares, la contracepción, el reconocimiento de las sexualidades diferentes”, agrega.
Un dato: hasta hace poco Chile era uno de los 9 países del mundo que prohibía y criminalizaba cualquier interrupción del embarazo.
Se aprobó, no sin dificultades, la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en solo tres causales. Pero a pesar de ello, los medios de comunicación, las iglesias y la derecha recurrieron nuevamente al Tribunal Constitucional, poder fáctico heredado de la dictadura y que se ha erigido en garante del conservadurismo.
Según el Observatorio de Género y Equidad, a las mujeres en nuestro país “no sólo las limita en el ejercicio de sus derechos la Constitución del ’80”. «Desde el retorno a la democracia, han visto cómo sus derechos han sido pactados una y otra vez. Las pretendieron convencer que, por el bien de nuestro país, la estabilidad de un conglomerado político, era importante suspender ciertos debates, particularmente aquellos ligados a la autonomía, sexualidad y reproducción de las mujeres”, señala la organización.
Sin embargo, para Rolando Jiménez, del Movilh, nuestra sociedad se encuentra “en una profunda transición cultural respecto de la política, la participación social, las minorías y la diversidad sexual”.
Se trata de un cambio positivo, pero que todavía no se refleja cabalmente en nuestra sociedad e institucionalidad. “Estamos en déficit en términos del reconocimiento de derechos, no solo respecto de la diversidad sexual; hay que mirar lo que ocurre con los mapuches y demás pueblos originarios, con los temas de género: las mujeres son más del 50% y siguen en situaciones desmedradas, incluso económicamente”, advierte el dirigente.
Al respecto, agrega que hay un sentido común mayoritario por la integración, la no exclusión, la no discriminación, pero que eso «no se refleja necesariamente en la cotidianeidad, en las relaciones interpersonales, laborales, familiares, etarias, y entre el Estado y los ciudadanos”.
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