La Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales de Arica Parinacota, ha tomado conocimiento de las propuestas a consultar en materia indígena que ha presentado la presidenta Bachelet , además de la intención de dar Participación Política en el Parlamento a los Pueblos Indígenas.
Para la coordinadora, antes de iniciar un Proceso de Consulta, el actual gobierno tiene el deber de Abrogar el Decreto Supremo Nº 66 que reglamenta la consulta hacia los Pueblos Indígenas, como una condición básica para generar un Proceso de Diálogo con las instancias representativas del Pueblo Aymara y los Pueblos Indígenas.
Señalan: “Debido a que este decreto es ilegitimo, su aspecto normativo vulnera y restringe el alcance del conjunto de derechos establecidos en el convenio 169 y en especial el derecho a la consulta previa, siendo rechazado por los Aymaras, cuestionado por Organismos de Derechos Humanos y por el relator de Asuntos Indígenas Sr. James Anaya e incluso por algunos partidos políticos del actual gobierno. Además su aplicación seria una contradicción por parte del actual gobierno a lo manifestado en marzo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde manifestó que revisaría esta normativa para adecuarla a los estándares internacionales de consulta. En su anuncio, el actual gobierno no se refiere a este Decreto Supremo Nº 66, lo que confirma que el actual gobierno utilizara esta ilegítima normativa para consultarles a los Pueblos Indígenas, por lo tanto aceptar este proceso de consulta es legitimarlo de manera tácita”.
Agregan: “En relación al Ministerio de Asuntos Indígenas, solo representa una forma más del colonialismo por parte del Gobierno de Chile, subordinado al nivel central, sin autonomía y que solo fomentara el clientelismo institucional de la clase política partidaria indígena, será como un hermano mayor de la CONADI y un botín de la Partidocracia”.
La Coordinadora Aymara, indica: “La creación de un Consejo de Pueblos Indígenas, no es una idea nueva, es una típica práctica colonial del siglo pasado de poner a los “Indios en un corral”, para poder restringir y limitar sus derechos.
La aceptación de un Consejo de Pueblos Indígenas conlleva a que los Pueblos Indígenas renuncien al ejercicio de su derecho a la libre determinación y autonomía que establece la Declaración de Naciones unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y a una renuncia a sus instituciones representativas ancestrales.
Basta recordar como ha operado históricamente el Consejo Nacional de la CONADI, en donde supuestamente están representados los Pueblos Indígenas, en donde sus “representantes” se han destacado por tener actuaciones individualistas y sectarias, teniendo un rol más de subordinación hacia las instituciones del estado y además siendo un elemento perturbador en la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas”.
Por otra parte se refieren al Ministerio de Cultura y Patrimonio y hacen la siguiente mención: “era parte de las 56 medidas comprometidas para los primeros 100 días del actual gobierno, tuvo que aplazar su lanzamiento cuando se dio cuenta que este asunto también concierne a los indígenas, es por eso que se incluyó en estas propuestas de la agenda indígena, lo lamentable es que también se les consultara en base a este Decreto Supremo Nº 66 que reglamenta la consulta, situación que transgrede los derechos de los Aymaras, siendo la cultura un elemento fundamental en el desarrollo y continuidad de los pueblos indígenas”.
Para la coordinadora, la Participación Política de los Pueblos Indígenas en el parlamento, anunciado por el gobierno cae en contradicciones e incoherencias vitales entre “lo que se dice y se hace”, debido a que en el proyecto de reforma al sistema electoral binominal presentado al Congreso Nacional en abril pasado, no se incluyo mecanismos para posibilitar la participación política de los pueblos indígenas en el Parlamento, lo cual refleja que no existe voluntad efectiva de participación política de los pueblos indígenas en el parlamento.
“Esta forma de desarrollar la política indígena es la continuidad de la política que se realizó en el anterior gobierno de la presidenta Sra. Michelle Bachelet Jeria 2006-2010, cuando dejó la ilegitima normativa del Decreto Supremo N° 124, rechazada por todos nuestros pueblos-naciones originarios y agravada con el Decreto Supremo N° 66 y 40 que dejó el gobierno anterior, demostrando una falta de capacidad para desarrollar en forma coherente el cumplimiento de nuestros derechos a los que el estado se comprometió a honrar su cumplimiento”, señala la Coordinadora Aymara.
La Coordinadora finaliza con lo siguiente: “Se le propone al gobierno de la presidenta Sra. Michelle Bachelet Jeria como una manera de rectificar y subsanar esta iniciativa por parte del actual gobierno, a que se establezca una Comisión Especial de Alto Nivel, tal como se han hecho en otras materias, en donde puedan estar las instancias representativas de los Pueblos Indígenas, como una manera de iniciar un proceso de dialogo de buena fe”.
Y agregan: “Con el propósito de construir voluntades y confianza para poder desarrollar una acción coordinada y sistemática con los Pueblos Indígenas, en pos de la participación, de manera de resguardar sus derechos e intereses y buscar maneras de construir una Agenda con los indígenas, que nos permita avanzar en los problemas de fondo e históricos que tenemos los Pueblos Indígenas con el Estado de Chile”.
Finalizan señalando: “Consideramos que el actual gobierno tiene una oportunidad única para reestablecer el dialogo y las confianzas con los pueblos indígenas de Chile, donde han sido objeto de la opresión, violación, exclusión, discriminación, negación a sus derechos, engaños, maniobras dilatorias y todo tipo de estrategia que sirva para no reconocernos. Con el objeto de poner fin a los acontecimientos y tensiones existentes entre los pueblos indígenas y el estado de Chile”.
La posición de la Coordinadora Aymara es representada por: Fernanda Santos Ticlle, Centro de Investigación de los Derechos de los Pueblos Indígenas; Richard Fernández Chávez, Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales; Valeria Ramos Moroco, Asociación Indígena Aymara Jallalla ChachaWarmi; Gino Raúl Grünewald Condori, Asociación Indígena Aymara Jallalla ChachaWarmi; Cesar Huanca Chambe, Consejo Territorial Aymara de Chapiquiña; y Julio Huanca Sarco, Comunidad Indígena Aymara de Chujllumani, Visviri.
Fuente: mapuexpress.org
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