La visita a Chile que realizó el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, recibió la mañana de este martes el repudio a su gestión interna por impulsar la minería en zonas antes protegidas en conjunto con Codelco y Enami. La manifestación al interior de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) fue en apoyo a la defensa del Yasuní y de Intag, zonas en que estaban destinadas a ser territorios para el bien común, libre de minería.
“Yasuní, Intag, ¡Basta de Correazos!”, “Codelco fuera de Ecuador”, “Correa horroris causa”, fueron algunas de las consignas con que esperaron la llegada de Rafael Correa, Presidente de Ecuador, a las dependencias de la Universidad de Santiago de Chile (Usach). Lienzos que apoyaban a las comunidades locales de Ecuador que quedaron al lado de las demostraciones de apoyo que las Juventudes Comunistas le dieron a Correa. Todo esto, en el marco de la visita oficial a Chile del Mandatario “progresista”, quien fue homenajeado por dicha casa de estudios con el grado de Doctor Honoris Causa.
La manifestación iba en apoyo a las comunidades de Intag, en San Marcos y del Parque Nacional Yasuní, que defienden el agua y la vida de la explotación minera que impulsa el gobierno ecuatoriano en conjunto con el chileno, a través de las empresas estatales Codelco y Enami. Para ello, Correa, el presidente progresista, ha debido militarizar los territorios y reprimir a las comunidades que se oponen a dicha decisión unilateral.
Los agentes de seguridad de Rafael Correa, intentaron acallar las voces que daban apoyo a las comunidades de Ecuador, pero las autoridades de la Usach intercedieron en favor de la manifestación argumentando el derecho a la libertad de expresión que existe en dicha casa de estudios, así como la jurisdicción que tienen los agentes de seguridad de la diplomacia internacional.
Hace unas semanas, las comunidades y organizaciones reprimidas por el gobierno de Correa en Ecuador, informaron del grado de militarización que viven en el territorio de INTAG que pretende que la estatal chilena Codelco haga estudios mineros y se inicie un proceso de explotación. Eso transformaría el cantón ecológico Cotacachi en una localidad minera, arrasando con la cosmovisión y las formas de vida local.
Este martes 13 de mayo, la empresa china Ecuacorrientes ha penetrado en la localidad de San Marcos derrumbando la escuela y la parroquia para instalar un tranque de relaves en un territorio antes intocado y que estaba protegido pues era zona fronteriza. Pero, los buenos oficios de Chile –que se publicita como el paradigma de la minería transfronteriza- junto a la voluntad política local, presionaron para que la zona fuera liberada para la explotación minera con la firma de un tratado minero binacional entre Perú y Ecuador (en la misma línea del que fuera suscrito entre Chile y Argentina en 1997 por Eduardo Frei y Carlos Menem).
Aún más, el gobierno progresista de Rafael Correa, que hace unos años impulsó un proceso para incorporar los derechos de la naturaleza en la Constitución Política del Estado, y que había propuesto reservar el petróleo que existe bajo el Parque Nacional Yasuní, licitó el año pasado tres bloques petroleros de la reserva ecológica en donde habitan pueblos indígenas no contactados y que la sociedad civil ecuatoriana había determinado proteger. Entonces, era una propuesta revolucionaria, pues represaría el petróleo del subsuelo a cambio del 50% de lo que el Estado hubiese recibido por explotarlo y que la comunidad internacional aportaría. Sin embargo, Correa arbitrariamente invalidadó dicho acuerdo e intenta vender un bien común que no le pertenece y que está bajo los pies de comunidades que ya tomaron la decisión de dejarlo ahí y no explotarlo.
En la manifestación estuvo Takuri Tapia, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile (Feusach), Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), César Padilla, miembro de Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), además de integrantes de Alerta Andina 244, que se oponen a la ampliación de Codelco en la región de Valparaíso, entre otros integrantes de diversas agrupaciones que defienden el agua de la amenaza de proyectos extractivistas que se asoman en Chile. En medio de las explicaciones por megáfono, mano a mano entregaron información a estudiantes, cuerpo académico y funcionarios de la Usach y, cuando pasó el Presidente progresista, lo increparon por las políticas extractivistas que está impulsando su gobierno y que van en contra de los procesos democráticos y de autodeterminación que han impulsado los territorios para defender sus formas de vida y sus ecosistemas.
A eso de las nueve de la mañana, Correa entrevistado por Radio Cooperativa, donde conversó solo de política exterior, además de expresar su admiración por Carabineros de Chile ya que, según dijo, era la policía más respetada de Latinoamérica y que por eso los chilenos enseñaban a la policía ecuatoriana, insistió en que Chile debiera invertir más en Ecuador y llamó a aumentar los números del intercambio económico entre ambos países. La entrevista está aquí.
La mañana de este jueves 8 de Mayo, la empresa estatal minera de Ecuador (ENAMI-EP), incursionó por la fuerza en la zona de Intag, Ecuador, acompañada de un grupo grande de policías, con la intención de tomar control del territorio en que se encuentra ubicado un yacimiento de cobre, para explotarlo mediante un convenio con la empresa transnacional Codelco, de Chile.
La mayoría de la población de Intag, ubicado en la Cordillera de Toisán-provincia de Imbabura- ha hecho saber su rechazo a este proyecto desde hace más de una década y continúa en resistencia para defender sus fuentes de agua, bosques, y la agricultura que sostiene su soberanía alimentaria y constituye el pilar fundamental de su organización económica.
Frente a esta incursión de fuerzas de seguridad para apoyar el proyecto minero, la estatal minera publica en su cuenta de twitter:
“Una entrada pacífica y con apoyo de la comunidad a la zona de Llurimagua. Mineria Responsable”.
La versión de Polibio Pérez, presidente del Consejo de Comunidades de la Parroquia de García Moreno en Intag es diferente:
“Esta mañana entraron alrededor de 250 policías a Intag; al momento hay 30 vehículos policiales instalados en el centro poblado de la comunidad de Junín, ingresaron a la fuerza junto con el gobernador de Imbabura, la presidenta de la Junta Parroquial de García Moreno y alguna gente de comunidades aledañas y otra gente desconocida presumiblemente es gente contratada porque no los conocemos. Una parte de la fuerza policial permanece en la comunidad de Junín y otro tanto ha avanzado a la reserva comunitaria de Junín para instalar carpas en las que pretenden quedarse. Alrededor de las 4 de la tarde se produjo un atropello a varios miembros de la comunidad que fueron maltratados por la fuerza pública, fueron arrastrados y detenidos” Entre las personas detenidas se encuentran Liana Torres, esposa de Javier Ramiréz (detenido por pedido de la empresa estatal minera, acusado de Sabotaje y Terrorismo); Mery Ramírez; Israel Pérez; Elver Pérez; Chela Piedra; Ernesto Ramìrez, quienes fueron liberados por la presión y fuerza organizativa de la comunidad.
Si la entrada “Pacífica” de Enami-EP y Codelco a Intag es con policías y militares, con maltrato a las comunidades, con órdenes de captura a líderes y dirigentes, con acusaciones de terrorismo y sabotaje, con pedidos de prisión preventiva -que se cumplen al pie de la letra- a personas que han liderado este proceso ejemplar de cuidado ambiental y de construcción de alternativas para el Buen Vivir, ya podemos imaginar lo que va a significar la “minería responsable” anunciada por Enami-EP y Codelco.
La consigna parece ser controlar el noroccidente del Ecuador para que la empresa estatal realice explotación minera. Mediante boletín de prensa los habitantes de Pacto nos hacen saber que, desde hace dos días los habitantes de las comunidades de Ingapi y Urcutambo, están movilizadas frente a la incursión policial con la que Enami-EP ha entrado para tratar de socializar por la fuerza el proyecto minero que impactará en las Parroquias de Pacto y Gualea, en zonas declaradas como áreas protegidas por el Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador) para proteger las microcuencas de los Ríos Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal.
Fuente: Semillas del Agua
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