Según los resultados de la encuesta CADEM, un 75% de los encuestados cree que Chile debería poner restricciones a la migración, mientras que un 24% adhiere a mantener una política de “puertas abiertas”.
Un 41% cree que la llegada de migrantes es buena para el país y un 45% lo considera malo. Un 71% considera que la cantidad de migrantes llegados a Chile es alta, un 21% cree que es normal y un 7% cree que es baja.
Cuando un inmigrante comete un delito, un 50% afirma que debería ser expulsado inmediatamente del país, un 35% que debe cumplir su condena en Chile y luego ser expulsado y sólo un 14% opina que debe cumplir su condena en Chile y luego decidir libremente si se queda o se va del país.
Dentro de los aspectos positivos de la migración, los encuestados señalaron estar de acuerdo en que hijas e hijos de migrantes reciban salud y educación (91%); que se promueva el arribo de médicos extranjeros especialistas graduados en Universidades de calidad (80%); que los migrantes son un aporte al enriquecimiento cultural del país y una oportunidad para el desarrollo y productividad del país.
A su vez, ante la pregunta ¿Usted cree que los chilenos son más tolerantes o discriminadores con los inmigrantes? Un 66% los considera discriminadores, ante un 32% que los considera tolerantes.
CONTEXTO DE XENOFOBIA
El debate sobre los inmigrantes se tomó la discusión pública durante la última semana tras la propuesta de Sebastián Piñera y Chile Vamos respecto de modificar la ley de migración.
«Chile debe estar abierto a recibir inmigrantes que aporten al desarrollo de nuestro país, pero debe cerrar absolutamente sus fronteras al narcotráfico, a la delincuencia, al contrabando, al crimen organizado y también a la inmigración ilegal», indicó hace algunos días el mandatario.
Un debate que ha invisibilizado aspectos esenciales del ingreso de personas de otros países a Chile, como el tráfico de migrantes que año a año genera miles de millones para los criminales. En los últimos años Chile se ha convertido en un paraíso para las redes de crimen organizado, ya sea como receptor o como vía de tránsito de personas con destino a otras regiones.
Esto debido a la falta de regulación y aplicación de las leyes que condenan estos delitos en convenios internacionales como el Tratado de Palermo, a los cuales Chile ha suscrito pero que no aplica, como ocurre en muchas materias relacionadas con los Derechos Humanos. Así lo señaló hace algunos días en entrevista con La Tercera, el sacerdote jesuita Felipe Berríos «en Chile existe un Estado de derecho y los migrantes son ciudadanos. La dureza debe estar dirigida a las mafias que controlan y abusan de los migrantes, no contra ellos».
Una situación tergiversada, que aumenta la impunidad para los verdaderos criminales y estigmatiza y condena a miles de personas que vienen a Chile en busca de mejores condiciones de vida, pero que se encuentran a la vez con un montón de obstáculos legales, que dificultan su entrada al país por no contar con permiso de trabajo y residencia, y como hemos visto en el último tiempo, con obstáculos culturales, producto de la xenofobia y de discursos de odio provenientes del Parlamento, de la prensa y de las encuestas de opinión pública.
La empresa CADEM, a cargo del cientista político Roberto Iziksm, opera hace más de 30 años en los estudios de mercado, y hoy se dedica a la contingencia. Iziksm fue Jefe de Estudios en la administración de Sebastián Piñera, encargado de las encuestas durante ese gobierno, y muy cercano a Roberto Méndez de Adimark.
Mientras Méndez es reconocido por su cercanía con el grupo Edwards, Roberto Iziksm es próximo a las nuevas generaciones de la derecha chilena, y a fundaciones como Libertad y Desarrollo y Avanza Chile.
Por Silvia Gutiérrez González
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