Primer cuatrimestre de 2015
1. Durante el primer cuatrimestre de 2015, el escenario político se ha visto dominado por los sucesivos escándalos de corrupción y enriquecimiento ilícito que, en abierta contravención con elementales normas jurídicas y sobre todo de probidad política y moral, han salpicado copiosa y transversalmente a la casta de politicastros que desempeñan altos cargos en el Parlamento y en el Gobierno. Los variados y recurrentes fraudes tributarios asociados al caso Penta primero y posteriormente a su «arista» SQM, así como el lucrativo negocio especulativo concebido y ejecutado por CAVAL y financiado por Luksic, que involucra en este caso a familiares directos de Bachelet, han dejado al descubierto el grado de podredumbre moral que permea al actual sistema político-institucional. La elemental demanda de probidad y transparencia que emerge en forma espontánea de la población genera comprensible temor en la casta política, minando su habitual cohesión.
2. La raíz más profunda de la actual crisis de legitimidad del sistema político, expresada en la decreciente tasa de participación electoral y en el descrédito generalizado de la casta política, está en la contradicción en que se encuentra con el interés general de la población al establecer la primacía, institucionalmente consagrada a través del principio de la subsidiariedad del Estado, del interés privado sobre el interés público. Dadas las ostensibles asimetrías de poder prevalecientes en el seno de la «sociedad civil», ello se traduce en el aplastante predominio de los grandes poderes fácticos empresariales sobre la vida social, plasmado en una interminable cadena de abusos sobre la mayoría de la población y en la disolución de todo lazo efectivo de solidaridad social. Es el generalizado descontento de la población con esta situación lo que se halla a la base de la actual crisis del sistema político, agravada ahora por los escándalos de corrupción de la casta política.
3. Lo que ha quedado al desnudo en estos meses es el oculto entramado del poder de la clase dominante y cómo ésta última logró corromper y subir al “carro de los vencedores” de 1973, que le impuso a sangre y fuego a los chilenos el actual modelo económico neoliberal, a buena parte de los actores políticos de la llamada Nueva Mayoría. Ello arroja luz sobre el real significado de la manera en que estos personeros han legislado durante años, a favor del gran capital y claramente en contra de los intereses de la mayoría de la población, cocinando recientemente una reforma tributaria que apenas toca a las grandes fortunas y a la Empresas, promulgando anteriormente una ley de pesca que entrega los recursos del mar a un reducido grupo de grandes empresarios, entregando de manera prácticamente gratuita los principales recursos mineros del país a las transnacionales, etc..
4. La voluntad declarada de iniciar un proceso de salvataje del sistema político, antes que sea tarde, ha sido explicitada en una declaración firmada por un amplio arco de partidos representados en el parlamento que va desde la UDI al PC y que señala entre otras cosas que asumen… «la indignación que existe en la ciudadanía frente a conductas reñidas con la ética, en el sector público y privado, y nos dejamos interpelar como partidos políticos, de gobierno y oposición. Asumimos nuestra propia responsabilidad en estos hechos, y el compromiso de superar esta situación en un marco de legitimidad y en la perspectiva de construir una nueva institucionalidad en materia de probidad y transparencia». Entre los miembros del duopolio, solo se han abstenido de firmarla el MAS y la Izquierda Ciudadana de la Nueva Mayoría así como Evópolis y Amplitud de la Alianza.
5. La amplitud de la crisis puede medirse por el hecho de que una investigación de delitos de fraude al fisco, coima y cohecho circunscrita hasta ahora a solo dos empresas en un periodo muy limitado de años ya ha comprometido a un significativo y cada vez mayor número de políticos y funcionarios públicos en lo que el gobierno y la prensa ha dado en llamar el “problema de la relación entre la política y los negocios”, ha ameritado el apoyo a una “salida institucional” por parte de los Empresarios, es decir, de quienes aparecen como los demandantes de los servicios de la casta de venales políticos profesionales. Evidentemente, el interés de limitar los efectos de la pérdida de legitimidad del sistema político preocupa a la clase dominante no por razones de ética, sino por el peligro de que el impacto de estos hechos escandalosos sobre la conciencia colectiva pueda proyectarse en movilizaciones sociales con lemas del tipo ¡que se vayan todos!
6. La situación de la economía en este primer cuatrimestre, a pesar de la desaceleración por la baja de la demanda China de materias primas, como del impacto marginal de la reforma tributaria pilotada por los empresarios, con una tasa de desempleo más o menos estable en alrededor del 6% y con una distribución del ingreso tan mala como el año 2014, la precarización del empleo y una relación salario real/productividad favorable a la patronal, no amenaza con generar una situación de deterioro abrupto de las condiciones de vida para la mayoría de la población. En este sentido, es improbable que la crisis del sistema político se vea significativamente intensificada por grandes conflictos de carácter económico-social al menos en el corto plazo. De allí que aun sean altas las posibilidades de que esta crisis sea finalmente superada sin mayores alteraciones del marco político-institucional existente.
7. La clase dominante, cuyo eje es el gran empresariado y sus asociaciones gremiales tales como la SNA, SOFOFA y la CPC, así como sus peones en el ámbito legislativo y el gobierno, evaluarán la manera de pagar el menor costo político para resolver esta situación, aun cuando ello inevitablemente implique sacrificar a algunas reconocidas figuras del ámbito político y empresarial. Sin embargo, ha sido tal el impacto político y moral de los actos delictivos que han sido dados a conocer que otros, que afectan más directamente a los consumidores, como es el caso de los variados casos de colusión, han quedado ya en un segundo plano. Es por ello que la crisis que sacude al sistema político erosiona también la credibilidad del modelo económico vigente y su pretendida ética del sacrificio individual, evidenciando lo ilusorias que resultan en la realidad figuras emblemáticas del discurso ideológico neoliberal como por ejemplo las del “emprendimiento” y el “servicio público”.
8. A la vez, el Gobierno intenta limitar al ámbito estrictamente judicial y administrativo la consideración de los casos que desenmascaran el verdadero carácter del duopolio como los brazos políticos de la clase dominante. Pero lo cierto es que las prácticas mafiosas de los poderes fácticos empresariales tienen un claro significado político: tal como lo sospechaba buena parte de la población, el gran capital ha logrado echarse al bolsillo a la llamada “clase política”. Esto que hoy aparece escandaloso –el financiamiento de las representaciones políticas del poder con mecanismos de evasión impositiva, mecanismos de estafa financiera como las “cascadas” o la colusión de precios en varios sectores de la industria y el comercio–, ha sido la norma más persistente en las últimas décadas. En este contexto de generalizada corrupción, los nuevos cuadros de la Concerta-Nueva Mayoría han tenido la posibilidad de saltar fácilmente desde posiciones de decisión en el aparato público a las cúpulas gerenciales del sector privado y viceversa, lo que les ha permitido situarse en el estrato del 1% de mayores ingresos en el país.
9. Las declaraciones alarmistas que agitan el “fantasma del populismo” y que desde hace un tiempo se escuchan desde ambos componentes del duopolio aluden, en realidad, al peligro que para ellos representaría una efectiva democratización del país que le quitaría el piso a la obscena estructura de privilegios que actualmente detentan. Pero la confusión reina actualmente en las filas de la casta política oyéndose propuestas variadas y diversas en un intento por superar las actuales dificultades sin comprometer en demasía la estabilidad del sistema. Al profundo descrédito que afecta transversalmente a la casta política es necesario añadir el que afecta de manera especial a la UDI, tradicional bastión de la derecha más dura, el de algunos connotados empresarios, el de algunas universidades confesionales y el de la misma Iglesia Católica a raíz de los casos de pedofilia y el reciente nombramiento como nuevo obispo en Osorno de un sacerdote vinculado a Karadima.
10. Todo el viejo espectro político se hunde en el descrédito. La prédica de Andrés Velasco a favor de una «nueva política» ha revelado claramente su verdadero significado. El «progresismo» liberal tampoco ha salido bien parado ya que, más allá de sus declaraciones a favor de la convocatoria de una Asamblea Constituyente, el propio MEO ha reconocido que se reunió en varias oportunidades con el Gerente General de SQM y que le solicitó apoyo económico para su campaña. Más recientemente, se ha sabido que SQM realizó suculentos pagos para cubrir gastos de campaña de Carlos Ominami. En cuanto al PC, aparte de haberse visto severamente cuestionado por su responsabilidad en la insolvencia financiera de la Universidad ARCIS, debe intentar explicar a su militancia la pertinencia de formar parte de un conglomerado que se halla atiborrado de sujetos que operan como vulgares mercenarios al servicio del gran capital o que incurren en conductas repudiables como las realizadas por miembros del equipo de gobierno, amigos y familiares de Bachelet.
11. Una ausencia notable en este escenario ha sido la de las posiciones alternativas representadas por una izquierda anticapitalista que a estas alturas se encuentra auto neutralizada por su extrema dispersión política y organizativa. Solo la permanente presencia de sus ideas en revistas como PF o algunos medios digitales con análisis de la situación tienden a visibilizar su existencia, pero circunscrita a un espacio político en que no ha habido hasta ahora claros llamados a un accionar viable en el marco de la actual coyuntura política. Su presencia solo se ha hecho notar en algunas acciones de agitación aisladas como las realizadas por la ACES con la toma de la casa matriz de SQM o el FEL, la UNE y SITECO a la entrada de las Fiscalías en repudio a algunos de los citados a declarar, así como en algunas marchas en regiones.
12. Luego de un 2014, en que las confusiones tácticas del movimiento estudiantil derivaron en una baja importante de la movilización del sector universitario y un declive mucho más agudo en el sector secundario, este fin de cuatrimestre comienza a retomar una dinámica de movilización aunque aun con menor repercusión y adhesión que en el 2011. Por su parte el gobierno ha elaborado variadas iniciativas legislativas, algunas de ellas en tramitación, pero que no modifican sustancialmente el fracasado y segregador sistema educativo imperante ni mejoran la deteriorada situación material de la mayor parte de los estudiantes y el profesorado. Los estudiantes secundarios se presentan aún fragmentados y sin una representación nacional. Los universitarios por su parte, aunque con una importante presencia en la CONFECH de federaciones conducidas por fuerzas de izquierda, no han logrado definir aún una clara orientación de oposición a los planes de reformas cosméticas del gobierno que se traduzca en una clara línea de presión y movilización.
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13. En medio de la crisis del sistema político el gobierno ha intentado dar una impresión de normalidad poniendo las reformas en curso en el centro del debate. Así ha ocurrido con el proyecto de reforma laboral que pretende introducir modificaciones al Libro IV referido a la negociación colectiva que a la fecha no pasa de ser una propuesta “gatopardista” pretendiendo generar un ambiente de conciliación de intereses entre trabajadores y empresarios en el marco del código laboral del pinochetismo. Ello se expresa principalmente en su terca negativa a dar curso a la negociación por rama de la producción que fije un marco salarial mínimo obligatorio para cada el sector. Numerosas organizaciones sindicales se han pronunciado ya en contra del proyecto del gobierno demandando una reforma laboral efectiva que restablezca los derechos que fueron conculcados por la dictadura. Es necesario impulsar la movilización del conjunto del movimiento sindical demandando que los trabajadores se hallen democráticamente representados en la construcción de las nuevas reglas que regulen las relaciones laborales, ligando esta demanda a la convocatoria de una Asamblea Constituyente libre y soberana.
14. La promesa electoral de la Nueva Mayoría de reformar la constitución siembra más dudas que certezas para al “ciudadano de a pie” porque la legitimidad y la autonomía de los “legisladores” está más que cuestionada. Lo que haga en esta materia la mayoría de la casta de políticos profesionales¬ pagada por el capital no puede tener más que un resultado favorable a los intereses de quienes han comprado los servicios de estos “reformadores”. Más allá de los objetivos democratizadores y de la legitimidad inherente a una Asamblea Constituyente, la izquierda debe dotarse de un proyecto histórico transformador cuyos contenidos permitan impulsar una amplia campaña unitaria de agitación y propaganda por los derechos del pueblo trabajador y las amplias masas populares.
15. Frente a la crisis estructural del sistema político, expresada en la ya crónica desafección y desconfianza ciudadana, agudizada ahora por la indignación que ocasionan los casos de corrupción denunciados, no es del todo imposible que las masas se abran a iniciar un ciclo de protesta y movilización, de consecuencias y direccionamiento difíciles de prever. Si la izquierda anticapitalista no supera su actual condición de dispersión y fragmentación, dando lugar a una lucha conjunta capaz de convocar a las amplias masas, es probable que la clase dominante logre prolongar, con ajustes menores, la existencia del actual sistema político que opera como escudo protector del modelo económico neoliberal imperante. Por otra parte, siendo importantes los procesos unitarios que se desarrollan en algunos sectores sociales en su lucha por objetivos comunes, por sí mismos ellos no reemplazan el rol que están llamadas a jugar las organizaciones políticas anticapitalistas.
16. Las favorables condiciones que se presentan hoy para intentar superar la condición de dispersión y fragmentación de la izquierda anticapitalista, permitiendo que ella se ponga a la cabeza de la lucha por los derechos democráticos y sociales de los trabajadores y las amplias masas populares, sitúa la lucha por una Asamblea Constituyente libre y soberana como eje de la lucha por una democratización sustantiva de la sociedad chilena en todos los planos. En efecto, no se trata de circunscribir la crisis política en curso a una simple cuestión de probidad de quienes ejercen hoy cargos de representación ciudadana o alguna función en el aparato del Estado sino, por el contrario, de poner en cuestión la naturaleza misma del sistema, es decir los principios que lo fundamentan. El problema de fondo es que el actual sistema político es inherentemente antidemocrático porque se articula en torno a principios y finalidades que no corresponden al interés mayoritario de la población sino a los de los pequeños grupos que controlan y se benefician de la mayor parte de la riqueza que se produce en el país. Es esto lo que se halla hoy en el centro de la lucha política en curso.
GESP – Grupo de Estudio Sociales y Políticos
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