Cristián Riquelme: el administrador ‘diocesano’ inamovible de La Moneda

Hace justo un año la Presidenta de la República –al igual que casi la totalidad de sus ministros– se encontraba de vacaciones. Para ello, Michelle Bachelet había elegido su cabaña en el lago Caburgua, un lugar apartado y apacible, donde las comunicaciones son de muy mala calidad, tanto, que la propia Mandataria tuvo dificultades para enterarse sobre la situación que en ese febrero afectaba a su hijo y nuera, respecto a una investigación periodística que los vinculaba a ambos con un negocio un poco trucho, que más tarde sería conocido como ‘caso Caval’.

Pues, bien, por segundo año consecutivo, la Jefa de Estado opta por el mismo sitio, haciendo caso omiso de las dificultades comunicacionales que persisten. La decisión tiene cierta lógica. Si lo que se quiere es no escuchar malas noticias de la capital, lo mejor es esconderse en un lugar como Caburgua. Pero, por desgracia para ella, si hay una persona en Chile que nunca puede darse el lujo de desconectarse ciento por ciento, es ella misma, alguien que tendrá que enterarse sí o sí de las novedades que afectan al país.

La experiencia –bien lo sabrá la Presidenta– demuestra que para una figura política de la talla de ella, lo peor es tener que enterarse por la prensa de lo que sucede en su ausencia en Palacio.  No obstante, por segundo año consecutivo, ¡vaya malditos febreros para Michelle Bachelet!, de nuevo una publicación de prensa da cuenta de otros negocios truchos que afectan a miembros de su círculo íntimo.

Esta vez no es el hijo ni la nuera, ni Cristián Riquelme –el actor de TV, sobrino en segundo grado de la Presidenta Bachelet–, sino el administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, un funcionario que cuenta con un poder omnímodo para decidir desde la compra de un corchete hasta los grandes gastos que demanda la operatividad de la sede gubernamental. Su poder e inmunidad es sólo comparable a la figura del administrador diocesano, esa figura que nombra la curia para gobernar la diócesis mientras el Papa decide el nombre del titular, período que no tiene más límite que la voluntad eclesial.

Tres conceptos reiterativos ‘traumatizan’ las vacaciones de la Presidenta de la República: febrero, investigación periodística sobre negocios turbios en los que figuran cercanos suyos, y hermetismo.

Que Ciper ponga esta semana en boca de la opinión pública la existencia de dos sociedades formadas por el administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, que suman 417 millones de pesos pagados desde reparticiones públicas entre 2013 y 2015 –la mayor parte por insumos clínicos vendidos a la red de salud del Estado–, es una noticia que alguien debiese contarle a la Presidenta. Pues, a todas luces, se trata de algo grave.

De acuerdo a la información consignada por Ciper, en Mercado Público, ambas empresas –Greentec y Socoar– tienen como dirección el departamento particular de Riquelme y una de ellas funciona en una oficina propiedad de Harold Correa y Alex Matute.

Ni tanto –se dirá– desde el ‘segundo piso’ del Palacio para bajarle el perfil a la incomprensible permanencia del polémico ingeniero que ha ejercido el mismo cargo en las dos administraciones Bachelet, utilizando el argumento de que Riquelme traspasó su participación en las cuestionadas sociedades a personas de su extrema confianza, entre ellas su cónyuge, Ada Álvarez, y que no trabaja en ellas desde septiembre de 2015, o sea, mientras ya se desempeñaba como funcionario público. Eso es grave, pues, cualquier persona con dos dedos de frente sabe que ningún funcionario público puede hacer negocios con el Estado.

¿Por qué Cristián Riquelme es la versión 2016 de Sebastián Dávalos? La nueva piedra en el zapato de la Jefa de Estado que promete ocupar horas y horas inútiles en su agenda y que la tendrá en la mira de sus adversarios, sin que nadie logre comprender semejante tozudez. La respuesta puede colegirse de la relación que tuvo Riquelme con la Sociedad Marketing Asesorías y Eventos Ltda. (Somae), una empresa creada para manejar los fondos de la última campaña presidencial, según Ciper.

El administrador ‘diocesano’ de La Moneda no es una persona confiable –tanto que desde el propio oficialismo quieren verlo fuera del Gobierno, ya que comprenden lo inoficioso que implica buscarse un conflicto gratuito–; de hecho, el propio ministro del Interior le recomendó rehacer su declaración patrimonial y sincerar sus bienes inmuebles que ascienden a casi 600 millones de pesos. Que este funcionario permanezca en su puesto como si nada sucediera, sólo puede ser comprendido desde la ilógica de creer que los problemas se arreglan solos. Peor aún, perseverar en la idea de que el hermetismo es la vía correcta para acallar los conflictos es tan intrépida como suponer que la tapa de la olla a presión jamás estallará. Tarde o temprano, las cosas siempre se saben. Sólo hay que dejar que pase febrero y que el hermetismo comience a filtrarse por el lado de la vendetta.